En 2003, España fue arrastrada a una guerra ilegal basada en mentiras pese al rechazo masivo de la ciudadanía. Dos décadas después, la memoria de aquel desastre debería servir para impedir que la historia vuelva a repetirse.

No se trata de defender a un régimen u otro, sino de exigir que la diplomacia y el derecho internacional prevalezcan sobre la ley de la selva que Trump intenta imponer.

Un senador republicano participa en la expulsión violenta de un marine que denunciaba que EE.UU. va a la guerra para defender intereses ajenos.

Cuatro demócratas se alinean con los republicanos para bloquear un intento de frenar la ofensiva de Trump mientras el Pentágono promete que “esto no ha hecho más que empezar”.

Un gobierno acusado de genocidio, de matar a miles de menores y de expandir colonias ilegales pretende dar lecciones a España sobre legalidad internacional

El rechazo a la ofensiva de Trump y Netanyahu es mayoritario en España, pero los datos revelan algo más incómodo: una parte significativa de la sociedad sigue aceptando la lógica de la guerra.

Mientras se bombardean barrios civiles en una ciudad de 9 millones de habitantes, la Casa Blanca difunde vídeos celebratorios y el coste de la guerra alcanza mil millones de dólares al día.

Mientras Washington se empantana en una nueva guerra regional, Pekín gana tiempo, poder industrial y margen geopolítico.

España mantiene su negativa a apoyar la ofensiva contra Irán mientras Donald Trump lanza amenazas y Europa empieza a tomar distancia de una guerra que huele a desastre