Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.

El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.

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La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.

Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.

Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.

A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.

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Cuando una causa nace siete años tarde, apoyada en recortes de prensa, acusaciones que luego desaparecen y un coro ultra empujando desde fuera, conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿esto va de justicia o va de barro?

David Sánchez pide la nulidad de un procedimiento que su defensa define como una investigación prospectiva: primero se señala, luego se busca algo que encaje. Y mientras tanto, la maquinaria política y mediática hace su trabajo.

Porque el Estado de derecho no puede funcionar como una excavadora al servicio de quien necesita titulares, ruido y sospecha permanente.

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Hacienda ya está mirando a Quirón Prevención, principal pagador de la pareja de Ayuso, y el asunto vuelve a dejar la misma pregunta sobre la mesa: cuántas veces tiene que aparecer la sanidad privada alrededor del poder político madrileño para que dejemos de llamarlo casualidad.

Mientras la sanidad pública se desangra, la filial de Quirón factura 471 millones de euros, gana 56,5 millones y mantiene vínculos con Alberto González Amador, investigado y pendiente de juicio por presuntos delitos fiscales. La libertad madrileña era esto: negocio privado, dinero público y una alfombra cada vez más difícil de sujetar.

Lo llaman colaboración público-privada, pero demasiadas veces huele a saqueo con corbata.

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