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Donald Trump lleva años presentándose como el gran mesías de las criptomonedas. Promete convertir Estados Unidos en la “capital cripto del mundo”, habla de los activos digitales como la nueva frontera de las finanzas y deja que sus hijos recorran platós y congresos anunciando una riqueza casi inevitable para quien se suba al tren. El futuro, decían, estaba ahí. Lo curioso es que, cuando el dinero empezó a entrar de verdad en las cuentas familiares, los gestores de la fortuna de Trump no corrieron precisamente a comprar más sueños digitales. Corrieron hacia las acciones y los bonos. Hacia lo de siempre. Hacia lo seguro.

Las declaraciones financieras presentadas por el presidente ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos muestran una hipocresía difícil de maquillar. Mientras Trump y sus dos hijos mayores animaban a los inversores a volcar su dinero en proyectos cripto vinculados a la familia —proyectos que terminaron provocando fuertes pérdidas entre los compradores minoristas—, sus propios gestores colocaban una parte considerable de los ingresos en refugios mucho menos volátiles. La revolución financiera era para los demás. Su patrimonio, por supuesto, merecía otra clase de cuidados.

No, Europa no ha aprobado todavía el gran reglamento permanente de Chat Control 2.0. Pero sí ha resucitado una pieza clave del engranaje: las reglas temporales que permiten a grandes plataformas escanear voluntariamente comunicaciones para detectar material de abuso sexual infantil. Y eso, aunque el…

DOGE nació con épica de empresario iluminado, motosierra en mano y lenguaje de Excel. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que creaba el “Department of Government Efficiency”, una estructura temporal destinada a impulsar durante 18 meses la agenda DOGE y con fecha de caducidad marcada: 4 de julio. Lo vendieron como una revolución contra el despilfarro. Como si el Estado fuese una empresa mal gestionada y la vida de millones de personas una columna incómoda en una hoja de cálculo.

El resultado es menos cinematográfico. El 1 de julio, Federal News Network informó de que la Oficina de Gestión y Presupuesto no tenía planes de elaborar un informe final sobre DOGE. Nada de auditoría completa. Nada de balance serio. Nada de explicar con precisión qué se recortó, cuántas personas trabajadoras federales fueron expulsadas, cuánto dinero se ahorró realmente y qué servicios quedaron dañados. La maquinaria que exigía cuentas a todo el mundo se va sin rendir cuentas a nadie.

Un fantasma recorre América Latina, pero esta vez no viene a pedir justicia social, soberanía o pan. Viene con gorra, alambradas, megacárceles, discursos contra la inmigración y reverencias a Washington. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, las siete elecciones presidenciales celebradas en la región han terminado igual: victoria de una derecha cada vez más dura, más obediente y más cómoda en el lenguaje de la amenaza.

Siete de siete. Ecuador con Daniel Noboa, en abril de 2025. Bolivia con Rodrigo Paz, en octubre de 2025. Honduras con Nasry Asfura, en noviembre de 2025. Chile con José Antonio Kast, en diciembre de 2025. Costa Rica con Laura Fernández, en febrero. Perú con Keiko Fujimori, en junio. Colombia con Abelardo de la Espriella, también en junio. No es una anécdota regional ni un simple cambio de ciclo. Es un mapa político girando hacia una derecha que ya no necesita disfrazarse demasiado.

La extrema derecha europea lleva años vendiendo una misma mercancía política: patria, orden, limpieza, soberanía y odio bien envasado para consumo electoral. Pero cuando se levanta la alfombra, lo que aparece no suele ser épica nacional. Aparecen contratos. Aparecen proveedores. Aparecen empresas amigas. Aparece, otra vez, dinero público. El 30 de junio, las autoridades francesas realizaron registros en Francia y en otros países europeos por la sospecha de malversación de fondos comunitarios en torno al antiguo grupo Identidad y Democracia, donde se agrupaban eurodiputados y eurodiputadas de extrema derecha de Francia, Países Bajos e Italia. La operación afecta también a España, Italia y Bélgica, según reveló Le Monde y confirmó la Fiscalía Europea.

La investigación no nace de un rumor ni de una pelea interna. Nace de un informe de la Dirección General de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo que, en julio de 2025, señaló un posible gasto indebido de 4,33 millones de euros entre 2019 y 2024. Dinero asignado para el funcionamiento parlamentario. No para alimentar redes clientelares, ni para regar empresas próximas, ni para construir maquinaria partidista bajo envoltorio institucional. Según las informaciones publicadas, el grupo habría destinado fondos a asociaciones ajenas a su actividad y a contratos adjudicados sin licitación pública. Le Monde detalla incluso una posible división: 700.000 euros en donaciones sin relación con el grupo parlamentario y 3,6 millones de euros en contratos a empresas cercanas.