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Mayo. Y media España ya vive como si estuviera atrapada en agosto.

No es “calorcito”. No es “lo normal”. Estamos viendo récords históricos mientras las ciudades se convierten en hornos y las noches tropicales llegan antes que las rebajas de verano. Santander a más de 37 grados. Donostia rompiendo registros de hace casi un siglo. Y todavía hay quien se ríe de la crisis climática desde un plató con aire acondicionado.

Nos dijeron que exagerábamos. Que había tiempo. Que el mercado lo arreglaría solo. Mientras tanto, las petroleras siguen ganando miles de millones y la ciudadanía aprende a sobrevivir entre incendios, olas de calor y facturas imposibles.

El problema ya no es el futuro. El problema es que el futuro ha empezado.

Europa habla de derechos humanos mientras financia empresas vinculadas al negocio de la guerra en Palestina.

Sí. Con dinero público europeo. Con programas de innovación. Con contratos militares. Con filiales opacas y empresas de vigilancia que llevan años siendo denunciadas por organizaciones internacionales.

El nuevo informe sobre la expansión de compañías israelíes en la UE deja una pregunta incómoda: ¿cuánto del rearme europeo termina alimentando tecnologías probadas sobre población civil palestina?

No es teoría. Son nombres, cifras, fondos europeos y estructuras creadas para esquivar controles. Y mientras Gaza sigue siendo arrasada, Europa sigue haciendo negocios.

Netanyahu acaba de dejarlo bastante claro: el alto el fuego en Líbano vale lo que Israel quiera que valga.

Desde el 17 de abril había una tregua. Sobre el papel. Porque sobre el terreno el ejército israelí no se ha ido, sigue ocupando parte del sur de Líbano y ahora presume de ampliar operaciones, tomar “posiciones estratégicas” y reforzar una supuesta zona de seguridad dentro de territorio ajeno.

Traducción: ocupación.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí ha dejado más de 3.200 personas asesinadas y más de 1 millón de desplazadas en Líbano. Aldeas demolidas, infraestructuras civiles destruidas, nuevas órdenes de evacuación y más de 100 objetivos bombardeados en una sola noche.

Y mientras tanto, Washington mira, calcula y bendice. El Gobierno de Trump habría dado luz verde a la escalada, con una condición casi obscena: no destrozar Beirut demasiado. Como si el problema fuera la intensidad estética de la destrucción y no la destrucción misma.

Israel vuelve a repetir el guion de la ocupación de Líbano. El mismo fracaso. La misma soberbia. La misma maquinaria de guerra vendida como defensa.

Cuando el mismo grupo controla el dinero, las pantallas y la difusión, la libertad cultural deja de ser un derecho y empieza a parecer un privilegio condicionado.

Lo de Ben Gvir ya no es solo fanatismo ultraderechista. Es propaganda de humillación pública.

Activistas desarmados. Maniatados. Arrodillados en el suelo. Rodeados por policías israelíes mientras el ministro sonreía y agitaba una bandera delante de ellos.

Y sí, ocurrió después de interceptar barcos civiles en aguas internacionales.

El Estado sionista de Israel lleva tanto tiempo actuando con impunidad que ya ni siquiera intenta disfrazar ciertas cosas. Las convierte en espectáculo.

Trump acaba de conseguir algo que cualquier ciudadano o ciudadana normal jamás conseguiría: que el poder político negocie con Hacienda para blindar sus auditorías.

Sí. El Departamento de Justicia firmó un apéndice que impedía seguir investigando fiscalmente a Trump, su familia y sus empresas. Y todo dentro de un acuerdo multimillonario pagado con dinero público.

Lo llaman democracia. Pero cuando el presidente usa el Estado para proteger sus negocios, ya no hablamos de igualdad ante la ley. Hablamos de impunidad para ricos. De una élite que juega con reglas distintas mientras al resto le persiguen hasta por un recibo.

El presidente que prometió “capitalismo para todos” enfrenta ya una rebelión popular de mineros, campesinos, maestros, transportistas y organizaciones indígenas que denuncian entrega de recursos, ajuste económico, represión y subordinación a intereses extranjeros.

La OMS declara la emergencia internacional por un brote con 246 casos sospechosos, 80 muertes y una cepa sin vacuna aprobada, mientras la desigualdad sanitaria vuelve a dictar quién vive con protocolos y quién muere esperando ayuda.