Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen 

Grupos armados, narcotraficantes y redes mineras arrasan parques nacionales mientras las y los guardaparques patrullan sin protección, sin competencias y con miedo a ser asesinados.

EL CRIMEN ORGANIZADO YA MANDA EN LOS PARQUES NACIONALES

La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.

En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.

El Ministerio de Defensa reconoce focos de minería ilegal en al menos nueve de las 71 áreas protegidas de Ecuador. Siete se encuentran en la Amazonia, aunque las organizaciones ambientales sospechan que la cifra real es mayor. Detrás del negocio aparecen Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box, una escisión de Los Lobos. Bandas vinculadas al narcotráfico que han descubierto algo que el capitalismo lleva siglos enseñando: cuando un territorio contiene recursos valiosos y el Estado es débil, todo puede comprarse, saquearse o someterse mediante la violencia.

La extracción ilegal de oro ya no es una actividad marginal desarrollada por unas pocas personas desesperadas. Es una economía criminal con financiación, maquinaria pesada, redes de blanqueo y hombres armados. También mueve créditos informales, introduce a las bandas en las comunidades y financia a organizaciones que participan en tráfico de drogas, armas, explosivos y personas. El oro sale de los ríos y el miedo se queda en los pueblos.

En el Parque Nacional Podocarpus, donde existen más de 4.000 especies de plantas y 600 de aves, la superficie afectada por la minería ilegal pasó de 22 hectáreas en julio de 2023 a 50 en septiembre de 2024. Un crecimiento del 125 % en apenas catorce meses, según un monitoreo de EcoCiencia y el proyecto MAAP. Las Fuerzas Armadas llegaron a destruir 67 campamentos clandestinos, pero los operativos aislados no sirven de mucho cuando las redes criminales conservan el dinero, las rutas y la capacidad para regresar.

La cuenca del río Punino ofrece otra imagen del desastre. La deforestación minera alcanzó 1.422 hectáreas entre 2019 y junio de 2024, una superficie equivalente a más de 2.000 campos de fútbol. El 90 % de esa destrucción se produjo fuera de las zonas autorizadas, por lo que sería minería ilegal. La actividad abrió además 91 kilómetros de carreteras y afectó a unas 300 hectáreas de territorios indígenas kichwa. No son pequeñas explotaciones escondidas entre los árboles. Es una ocupación industrial a plena vista.

UN ESTADO QUE PROTEGE EL NEGOCIO MEJOR QUE A SUS TRABAJADORES

Las y los guardaparques pueden actuar ante el tráfico de especies, pero no tienen competencias para enfrentarse a grupos armados ni para decomisar retroexcavadoras, dragas o motores. Se les exige custodiar algunos de los territorios más valiosos del planeta, pero se les envía a patrullar como si enfrente hubiera excursionistas despistados y no estructuras vinculadas al narcotráfico.

En mayo de 2025, una emboscada en Alto Punino, cerca de Sumaco Napo-Galeras, mató a 11 militares. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC relacionada con la minería ilegal. Ni siquiera aquella matanza provocó una respuesta capaz de garantizar la seguridad permanente en la zona. Durante 2025 y 2026, las y los trabajadores del parque han seguido denunciando un crecimiento acelerado de la minería en las áreas de amortiguamiento.

El Parque Nacional Yasuní tampoco se libra. Las primeras alertas aparecieron en 2023. En 2024, varios guardaparques fueron amenazados de muerte después de descubrir minería aluvial en Curaray, cerca de la frontera con Perú. En 2025 encontraron retroexcavadoras y depósitos de combustible dentro del parque. Los responsables sabían quiénes eran, les retiraron los teléfonos y les advirtieron que cuidaran sus vidas.

Cuando EL PAÍS preguntó al Ministerio de Ambiente y Energía qué medidas estaba adoptando para proteger al personal, no obtuvo respuesta. Ese silencio retrata bastante bien la política ambiental del Gobierno de Daniel Noboa: grandes discursos sobre seguridad, despliegues militares para las cámaras y trabajadoras y trabajadores públicos obligados a decidir en cada patrulla si denunciar una excavadora puede costarles la vida.

Algunos guardaparques han solicitado traslados. Otros han renunciado. Quienes continúan evitan determinadas zonas o dejan de informar sobre la presencia de maquinaria para no convertirse en objetivos. El crimen organizado ha conseguido que quienes protegen los parques sean tratados como soplones dentro de sus propios lugares de trabajo.

Mientras tanto, el Gobierno promueve una política minera que añade más presión sobre la Amazonia. En 2025, la Asamblea Nacional aprobó por 80 votos frente a 23 una ley que permite la participación de entidades privadas, incluidas empresas extranjeras, en la gestión de áreas protegidas. El Ejecutivo asegura que servirá para mejorar su conservación y combatir la minería ilegal. Organizaciones indígenas y ambientales denuncian que puede facilitar el desplazamiento de comunidades, debilitar derechos reconocidos por la Constitución de 2008 y abrir nuevas puertas a los intereses empresariales.

El mercurio utilizado para separar el oro contamina los ríos, se acumula en los peces y termina en los cuerpos de las comunidades indígenas y ribereñas. Las carreteras mineras facilitan después la entrada de madereros, traficantes de tierras y nuevas redes criminales. Primero roban el oro, después envenenan el agua y finalmente llaman desarrollo al territorio destruido.

En Morona Santiago, la superficie afectada por la minería pasó de unas 420 hectáreas en 2020 a 856 en 2024. Se duplicó en solo cuatro años. Más de la mitad, el 55 %, del territorio de la nación Shuar Arutam está cubierto por concesiones para extraer oro, plata y cobre.

Un país que deja a sus guardaparques frente a los fusiles y entrega la Amazonia a las excavadoras no está perdiendo el control: está eligiendo quién puede saquearla.