Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público 

Nacho Cano recibió promoción institucional mientras levantaba Malinche; Woody Allen obtendrá 3 millones para rodar una película que deberá vender Madrid y garantizar fotografías con sus gobernantes.

La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.

No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.

Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.

EL DINERO PÚBLICO COMPRA FAMOSOS Y FOTOGRAFÍAS

El 2 de mayo de 2021, apenas dos días antes de las elecciones madrileñas, Ayuso concedió a Nacho Cano la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. El músico se arrodilló ante ella, devolvió simbólicamente la medalla y convirtió una ceremonia institucional en un acto personal de respaldo a la presidenta.

Solo tres días después, una sociedad vinculada a Cano solicitó una ayuda autonómica para empresas afectadas por la pandemia. La Comunidad terminó concediéndole 39.371 euros, abonados el 20 de julio de 2021. La ayuda estaba incluida en una convocatoria pública y no prueba por sí misma ninguna ilegalidad, pero la secuencia retrata la extraordinaria proximidad entre el artista y el poder político que debía resolver su petición.

Después llegó el proyecto de Malinche. El Ayuntamiento ofreció a Cano una parcela pública de aproximadamente 19.000 metros cuadrados en Hortaleza, donde pretendía instalar un teatro temporal con forma de pirámide. La autorización establecía un canon cercano a los 450.000 euros anuales, pero la operación se tramitó mediante una cesión directa y sin un concurso abierto para que otras productoras pudieran optar al suelo. La polémica vecinal y política terminó obligando al músico a renunciar al emplazamiento.

El espectáculo acabó instalándose en IFEMA, institución participada mayoritariamente por la Comunidad y el Ayuntamiento. El musical se estrenó en septiembre de 2022 y recibió una promoción institucional difícilmente accesible para cualquier compañía teatral independiente. Malinche apareció en actos oficiales, fue publicitado en espacios públicos y obtuvo incluso campañas organizadas desde municipios gobernados por el PP.

En 2025, ayuntamientos como Paracuellos del Jarama, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar y Pozuelo difundieron excursiones en autobús para asistir al musical, con entradas especiales y paquetes que podían incluir comida y bebida. Las páginas y publicaciones municipales funcionaban así como canales comerciales de un espectáculo privado dirigido por un aliado declarado de Ayuso.

Conviene precisar que el Gobierno regional sostiene que Malinche no recibió una subvención directa de la Comunidad. El favoritismo institucional, sin embargo, no necesita adoptar siempre la forma de una transferencia a la productora. También se expresa mediante promoción pública, acceso privilegiado, utilización de infraestructuras y movilización de administraciones gobernadas por el mismo partido.

El desenlace desmontó la propaganda del supuesto éxito empresarial. Malinche terminó su etapa madrileña en marzo de 2025 y su productora entró en concurso de acreedores con más de 6,2 millones de euros de deuda. Entre las cantidades pendientes figuraban casi un millón de euros con IFEMA y otros 238.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Solo el desmontaje de las instalaciones abandonadas costó a IFEMA 249.260 euros.

El poder puso el escaparate, las instituciones ayudaron a vender las entradas y, cuando el negocio se hundió, las deudas quedaron repartidas entre organismos públicos, trabajadoras, trabajadores y empresas acreedoras.

PARA EL SECTOR, CONCURSOS; PARA LAS ESTRELLAS, CONTRATOS A MEDIDA

El nuevo elegido es Woody Allen. La Comunidad de Madrid adjudicó en octubre de 2025 un patrocinio de 1,5 millones de euros para su próxima película. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida añadió en diciembre de 2025 otros 1,5 millones, mediante una adjudicación directa. La sociedad Película WASP A.I.E., creada por Wanda Vision y Gravier Production, recibirá así 3 millones de euros públicos entre 2025 y 2027.

No se trata de una ayuda concedida después de competir en igualdad con decenas de cineastas. Es un patrocinio elaborado alrededor de una producción concreta y de un director concreto. A cambio del dinero, el largometraje deberá contener la palabra “Madrid” en su título, rodarse íntegramente en la región y dedicar al menos un 15% de sus escenas a exteriores reconocibles de la capital y de otro municipio madrileño.

El contrato garantiza además presencia institucional durante la rueda de prensa inicial, una visita al rodaje y la presentación internacional. Dicho de otra forma, Ayuso no solo compra una película que promocione Madrid: compra también el derecho a aparecer junto a Woody Allen y sus protagonistas.

La comparación con las ayudas ordinarias resulta obscena. En la convocatoria autonómica de 2025, un largometraje de ficción podía recibir como máximo 150.000 euros; uno de animación, 175.000 euros; y un documental, apenas 25.000 euros. Los 3 millones destinados a Allen equivalen a 20 ayudas máximas para largometrajes de ficción o a 120 ayudas máximas para documentales.

La cantidad supera además el presupuesto completo de la Comunidad para todas las ayudas de teatro y danza de 2025, fijado en 1,4 millones de euros: 850.000 euros para producciones teatrales y 550.000 para coreográficas. Mientras centenares de compañías, actrices, actores, bailarinas, bailarines, técnicas y técnicos compiten por repartirse esa bolsa, un único director estadounidense recibe más del doble sumando las aportaciones de las dos administraciones madrileñas.

El Ayuntamiento destinará 3,3 millones de euros a toda su convocatoria de festivales y ferias culturales durante 2026 y 2027. En la edición anterior se presentaron 144 proyectos y solo 67 resultaron beneficiarios, repartiéndose 3,17 millones. Woody Allen recibirá prácticamente lo mismo que decenas de festivales audiovisuales, literarios, musicales, escénicos y artísticos juntos.

Esa es la cultura neoliberal madrileña: precariedad y competición para quienes sostienen salas, compañías y pequeños proyectos; contratos excepcionales para las figuras internacionales que pueden funcionar como anuncio turístico. El talento importa, pero importa mucho más la fama, la utilidad propagandística y la disposición a convertir una obra en un enorme cartel electoral.

Ayuso y Almeida no están democratizando la cultura. Están utilizando los presupuestos públicos para construir su propia alfombra roja, mientras las creadoras y creadores que mantienen vivo el tejido cultural contemplan el espectáculo desde detrás de las vallas.

La cultura la producen miles; el dinero y los focos vuelven a quedárselos los amigos del poder.