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Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.

El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.

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La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.

Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.

Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.

A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.

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Cuando una causa nace siete años tarde, apoyada en recortes de prensa, acusaciones que luego desaparecen y un coro ultra empujando desde fuera, conviene hacerse una pregunta sencilla: ¿esto va de justicia o va de barro?

David Sánchez pide la nulidad de un procedimiento que su defensa define como una investigación prospectiva: primero se señala, luego se busca algo que encaje. Y mientras tanto, la maquinaria política y mediática hace su trabajo.

Porque el Estado de derecho no puede funcionar como una excavadora al servicio de quien necesita titulares, ruido y sospecha permanente.

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Hacienda ya está mirando a Quirón Prevención, principal pagador de la pareja de Ayuso, y el asunto vuelve a dejar la misma pregunta sobre la mesa: cuántas veces tiene que aparecer la sanidad privada alrededor del poder político madrileño para que dejemos de llamarlo casualidad.

Mientras la sanidad pública se desangra, la filial de Quirón factura 471 millones de euros, gana 56,5 millones y mantiene vínculos con Alberto González Amador, investigado y pendiente de juicio por presuntos delitos fiscales. La libertad madrileña era esto: negocio privado, dinero público y una alfombra cada vez más difícil de sujetar.

Lo llaman colaboración público-privada, pero demasiadas veces huele a saqueo con corbata.

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Fernández Díaz fue ministro del Interior, jefe político de todos los mandos implicados en Kitchen, responsable de la maquinaria policial del Estado… pero ahora resulta que no sabía nada.

Nada de Bárcenas.
Nada de Villarejo.
Nada del chófer captado como confidente.
Nada de los discos duros.
Nada de una operación montada, presuntamente, para proteger al PP de su propia corrupción.

El poder siempre manda hasta que llega el juicio. Entonces no manda nadie. Solo quedan amnesias, silencios y un “yo me enteré por la prensa” que suena menos a defensa que a burla.

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laSexta miró a cámara para reivindicar su independencia política y señalar a la competencia: “lejos de hiperventilar como otros”. La frase suena bien. El problema es que la independencia no se declama en un informativo: se demuestra cuando toca incomodar al poder propio.

Porque claro, la pregunta es inevitable: ¿El Ferri es independencia política? Es burdo, sí. Pero vamos con ello. Si una cadena presume de rigor mientras lleva años convirtiendo la política en adrenalina televisiva, tertulia caliente y relato de urgencia permanente, quizá no estamos ante una lección de periodismo. Quizá estamos ante marketing con chaqueta.

RTVE bajo amenaza, Cuatro subiendo audiencia con el ruido, Telecinco jugando al comentario con apariencia de análisis y laSexta vendiéndose como refugio moral. El problema no es solo quién grita más. El problema es que la verdad se ha convertido en producto, la crispación en negocio y la independencia en eslogan.

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La Audiencia Nacional acaba de desmontar el cierre cómodo del caso Nummaria: la absolución de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau queda anulada y el juicio tendrá que repetirse con otro tribunal.

El dato incómodo es este: según la resolución, de 2.240.000 euros solo se tributó por 896.000 mediante una sociedad instrumental. Y la Audiencia dice que la explicación de la absolución no se sostiene lo suficiente.

Porque mientras la mayoría paga sin ingeniería fiscal, otros convierten Hacienda en un sudoku con asesores de lujo.

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