Más de medio millón de personas ya han visto nuestro vídeo sobre cómo los centros de datos de la IA nos están dejando sin agua 

Erin Brockovich, Alexandria Ocasio-Cortez, comunidades enteras de Estados Unidos, la ONU y hasta la primera ministra de Dinamarca están lanzando la misma advertencia: detrás de la supuesta “nube” hay gigantescas instalaciones que devoran agua, electricidad y territorio mientras los tecnooligarcas multiplican sus beneficios y los gobiernos les entregan las llaves

Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.

La respuesta al vídeo confirma algo que las grandes tecnológicas preferirían seguir escondiendo detrás de anuncios llenos de palabras como innovación, progreso y futuro. La preocupación es real. La gente sabe que no estamos hablando de una nube mágica flotando sobre nuestras cabezas, sino de una industria pesada que quiere apropiarse de recursos públicos para alimentar negocios privados. Y quiere hacerlo deprisa, antes de que las comunidades entiendan qué les están plantando al lado de casa.

Nuestro vídeo reúne las advertencias de Erin Brockovich, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un exboxeador estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez y Naciones Unidas. Personas con trayectorias, ideologías y responsabilidades muy distintas. Todas están mirando hacia el mismo lugar. Todas están viendo cómo la expansión descontrolada de los centros de datos amenaza el agua, dispara el consumo eléctrico y concentra todavía más poder en manos de un puñado de corporaciones.

La nube no existe: existen naves gigantescas que necesitan agua

La inteligencia artificial no vive en una nube. Vive en enormes complejos industriales repletos de servidores que trabajan sin descanso, generan cantidades brutales de calor y necesitan sistemas permanentes de refrigeración. Devora electricidad. Ocupa cientos de hectáreas. Necesita agua. Mucha agua. La palabra “nube” ha sido una de las operaciones de maquillaje más exitosas de la industria tecnológica: convierte una infraestructura pesada y contaminante en algo etéreo, limpio y aparentemente inofensivo.

La ONU advirtió el 3 de junio de que la expansión de la inteligencia artificial está agravando la presión sobre el agua, el suelo, las materias primas y el sistema energético. También señaló que sus beneficios se concentran principalmente en los países desarrollados, mientras buena parte de los costes ambientales termina recayendo sobre los territorios y poblaciones con menor capacidad para defenderse. El progreso para unos. La factura para los de siempre.

Ni siquiera existe todavía suficiente información pública y comparable para calcular toda la huella ambiental de la IA. Las empresas hablan constantemente de eficiencia, pero ocultan o fragmentan datos esenciales sobre su consumo. Cuánta agua utilizan realmente, de dónde procede, qué ocurre durante las olas de calor, cuánto aumentan la demanda eléctrica o qué infraestructuras públicas deben construirse para mantener sus máquinas funcionando. Quieren los recursos de todos sin rendir cuentas ante nadie.

Erin Brockovich vuelve a enfrentarse a una contaminación “con esteroides”

Erin Brockovich se hizo mundialmente conocida después de destapar la contaminación con cromo hexavalente provocada por Pacific Gas & Electric en Hinkley, California. Su investigación permitió alcanzar en 1996 uno de los mayores acuerdos judiciales por contaminación de la historia estadounidense y su lucha fue llevada al cine en una película protagonizada por Julia Roberts, que ganó el Óscar por su interpretación.

Ahora Brockovich ha abierto otro frente. Esta vez contra la expansión opaca de los centros de datos. La activista ha lanzado una web con un mapa de instalaciones operativas, en construcción o proyectadas en Estados Unidos, junto con los avisos enviados por habitantes de las zonas afectadas. La página llegó a colapsar durante su primer día por la avalancha de visitas y, a 9 de julio, había recibido más de 8.000 denuncias y avisos relacionados con más de cien centros de datos.

Brockovich ha comparado lo que está descubriendo con el caso de Hinkley, pero “con esteroides”. No habla solamente de un municipio ni de una empresa concreta. Habla de una industria extendiéndose por todo el país bajo acuerdos de confidencialidad, negociaciones a puerta cerrada y proyectos que, en ocasiones, son presentados ante los vecinos como simples almacenes. Cuando la gente descubre lo que realmente van a construir, buena parte de las decisiones ya está tomada.

Las quejas se repiten: pozos que pierden capacidad, agua turbia, subidas en las facturas eléctricas, ruido permanente, presión sobre los ecosistemas y administraciones que parecen más preocupadas por no molestar a las multinacionales que por informar a la población. Primero firman. Después explican. Y cuando alguien protesta, lo presentan como un enemigo del progreso.

Meta llegó a Georgia y los vecinos comenzaron a sacar agua marrón

Uno de los casos más escandalosos aparece en Morgan County, Georgia. Los vecinos aseguran que, desde la construcción de un enorme centro de datos de Meta, el agua de sus pozos ha empeorado hasta volverse turbia y marrón. Meta niega que sus instalaciones sean responsables. La relación causal aún debe investigarse, sí. Lo indecente es que hayan tenido que llegar hasta el Congreso con botes de agua sucia para conseguir que alguien les preste atención.

Alexandria Ocasio-Cortez visitó la zona y mostró durante una audiencia una jarra con el agua que los residentes dicen estar sacando de sus hogares. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se comprometió el 20 de mayo a revisar la posible relación entre el proyecto de Meta y la contaminación denunciada. No porque la compañía decidiera voluntariamente aclararlo todo, sino porque los vecinos hicieron ruido suficiente como para que el asunto ya no pudiera enterrarse.

La instalación comenzó a construirse en 2018 y ocupa aproximadamente 2,5 millones de pies cuadrados. En una comunidad que votó mayoritariamente a Donald Trump, varios residentes terminaron recurriendo a una congresista demócrata de Nueva York porque era una de las pocas personas dispuestas a escucharles. El agua no pregunta a quién votaste. La contaminación tampoco. Cuando una multinacional amenaza un pozo, la propaganda partidista sirve de bastante poco.

Esto es lo que sucede cuando una empresa con recursos prácticamente ilimitados aterriza en una comunidad pequeña. La compañía dispone de abogados, departamentos de comunicación, estudios encargados a medida y acceso directo a las instituciones. Los vecinos tienen un cubo de agua marrón y su palabra. Luego nos hablan de igualdad ante la ley.

Setenta y cinco millones de galones para enfriar máquinas en Nuevo México

En Los Lunas, Nuevo México, un exboxeador estadounidense grabó el terreno seco mientras denunciaba que el centro de datos de Meta necesitaba alrededor de 75 millones de galones de agua al año para enfriar sus servidores. La cifra recogida en nuestro vídeo no está lejos de la información reconocida por la propia compañía: Meta confirmó que la instalación retiró aproximadamente 67 millones de galones durante 2024. El centro, según otras informaciones, está autorizado para utilizar hasta 163 millones de galones anuales.

No hace falta sostener que una sola instalación ha secado por sí misma todo el río Grande para comprender la barbaridad. Nuevo México sufre sequías, escasez estructural y una presión creciente sobre sus reservas. Colocar instalaciones capaces de consumir decenas o centenares de millones de galones en territorios donde agricultores, ganaderos y familias compiten por el agua no es innovación. Es elegir quién tendrá prioridad cuando no alcance para todos.

Y ya sabemos quién suele ganar. No la familia que abre el grifo. No quien cultiva alimentos. No el pequeño municipio que necesita garantizar su abastecimiento durante una ola de calor. Gana la empresa que llega con miles de millones, promete empleos, exige beneficios fiscales y presenta su consumo como una necesidad inevitable del futuro.

La expansión prevista de los centros de datos estadounidenses podría requerir hasta 1.451 millones de galones diarios de nueva capacidad de agua en 2030 si se mantiene la intensidad de consumo de 2024. El extremo superior de esa estimación supera incluso el suministro diario medio de una ciudad como Nueva York. No estamos hablando de cuatro naves discretas. Estamos hablando de rediseñar sistemas enteros de abastecimiento para que unas pocas corporaciones puedan alimentar la carrera de la IA.

No solo quieren nuestra agua: quieren el poder

El problema no termina en los recursos naturales. Los centros de datos son la infraestructura material de un modelo económico y político en el que unas pocas empresas controlan la información, las plataformas, los algoritmos y buena parte de las herramientas con las que trabajamos, nos comunicamos y entendemos el mundo.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, lo dijo con una claridad poco habitual entre los dirigentes europeos: existe un vínculo entre el poder político, el capital, los gigantes tecnológicos y la inteligencia artificial, y su propósito es socavar la democracia. Según Frederiksen, algunas de las personas que están desarrollando estas tecnologías ni siquiera creen en los valores democráticos. No es una frase salida de una asamblea anticapitalista. Lo está diciendo una jefa de Gobierno.

Mientras tanto, los tecnooligarcas deciden qué contenidos circulan, qué voces se amplifican, qué datos se recopilan y qué gobiernos merecen ser presionados. Después necesitan cantidades descomunales de agua y energía para expandir su negocio y exigen que los Estados les faciliten terrenos, permisos, conexiones eléctricas y ventajas fiscales. La infraestructura la paga o la soporta la sociedad. El control y los beneficios se los quedan ellos.

Nos venden la IA como un destino inevitable para evitar cualquier debate democrático sobre sus límites. No preguntan qué inteligencia artificial necesitamos, quién debe controlarla, cuántos recursos podemos permitirnos gastar o qué actividades merecen prioridad. Primero construyen. Luego convierten su existencia en un hecho consumado. Siempre el mismo truco.

Aragón se convierte en la alfombra roja de Amazon

España no está al margen. Aragón se ha convertido en uno de los grandes laboratorios europeos de esta expansión. Amazon Web Services proyecta una nueva ampliación formada por 30 edificios de centros de datos, 12 edificios auxiliares y diez subestaciones eléctricas repartidas entre tres nuevos campus. Ocuparán 459 hectáreas y elevarán la huella total de AWS en Aragón hasta cerca de 800 hectáreas.

Treinta edificios. Diez subestaciones. Cientos de hectáreas. Infraestructuras de agua, fibra y electricidad construidas para alimentar una multinacional que ya dispone de más poder económico que muchos Estados. Y todavía quieren que lo llamemos modernización sin hacer preguntas incómodas.

Amazon ha anunciado una inversión de 33.700 millones de euros hasta 2035 y promete miles de puestos de trabajo. Es el envoltorio habitual. Grandes cifras, fotografías con responsables políticos sonrientes y titulares sobre una región convertida en polo tecnológico. Mucho menos espacio se dedica a explicar cuánta energía necesitarán las instalaciones cuando estén operativas, qué presión ejercerán sobre los recursos hídricos o quién asumirá el coste de ampliar las redes.

Ecologistas en Acción Aragón ha llevado ante los tribunales el Plan de Interés General de Aragón que permite la expansión de AWS. Es el primer procedimiento contencioso impulsado por la sociedad civil en España contra infraestructuras de centros de datos de hiperescala. La organización denuncia una expansión descontrolada con impactos ambientales, sociales, laborales y económicos, y exige un debate público que las administraciones parecen empeñadas en evitar.

Los grupos ecologistas también cuestionan que no se haya realizado una evaluación conjunta del impacto acumulado de las decenas de centros proyectados. Cada complejo se tramita como si estuviera solo, como si los demás no existieran y como si la suma de todos ellos no pudiera poner contra las cuerdas el agua, la red eléctrica y el territorio. Trocear los proyectos sirve para trocear también el escándalo.

No vamos a entregarles el agua y darles las gracias

Más de medio millón de personas han visto nuestro vídeo porque el problema ya no puede esconderse bajo la palabra “nube”. La nube es hormigón. Es agua extraída de ríos y acuíferos. Son subestaciones, líneas eléctricas, emisiones, suelo ocupado y dinero público puesto al servicio de empresas que quieren seguir creciendo sin aceptar límites.

Nos dirán que oponerse a esta invasión es estar contra la tecnología. Mentira. Lo que exigimos es que la tecnología esté al servicio de la sociedad, no que la sociedad sea sacrificada para engordar a los tecnooligarcas. Queremos saber cuánta agua consumen, cuánta energía necesitan, qué empleos reales crean, cuánto reciben en beneficios fiscales y qué ocurrirá cuando llegue la próxima sequía.

También queremos decidir. Parece revolucionario, pero se llama democracia. No puede ser que Amazon, Meta o cualquier fondo de inversión aterricen en un territorio, negocien en despachos cerrados y conviertan recursos esenciales en combustible para sus negocios mientras los habitantes reciben la información cuando ya no queda margen para oponerse.

Nuestro vídeo ha superado el medio millón de visualizaciones. Ahora toca convertir esa atención en presión social. Porque el agua no pertenece a Amazon, a Meta ni a los millonarios que pretenden construir su imperio digital sobre territorios exhaustos. El agua es de todos. Y ya va siendo hora de dejar de pedir permiso para defenderla.