16 Ago 2026

Categoría: INTERNACIONAL

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Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público 

La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.

No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.

Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.

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Trump vendió la fiebre cripto al público y puso sus ganancias a salvo en acciones y bonos 

Donald Trump lleva años presentándose como el gran mesías de las criptomonedas. Promete convertir Estados Unidos en la “capital cripto del mundo”, habla de los activos digitales como la nueva frontera de las finanzas y deja que sus hijos recorran platós y congresos anunciando una riqueza casi inevitable para quien se suba al tren. El futuro, decían, estaba ahí. Lo curioso es que, cuando el dinero empezó a entrar de verdad en las cuentas familiares, los gestores de la fortuna de Trump no corrieron precisamente a comprar más sueños digitales. Corrieron hacia las acciones y los bonos. Hacia lo de siempre. Hacia lo seguro.

Las declaraciones financieras presentadas por el presidente ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos muestran una hipocresía difícil de maquillar. Mientras Trump y sus dos hijos mayores animaban a los inversores a volcar su dinero en proyectos cripto vinculados a la familia —proyectos que terminaron provocando fuertes pérdidas entre los compradores minoristas—, sus propios gestores colocaban una parte considerable de los ingresos en refugios mucho menos volátiles. La revolución financiera era para los demás. Su patrimonio, por supuesto, merecía otra clase de cuidados.

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La gran estafa de DOGE: cero transparencia y 757.314 muertes estimadas 

DOGE nació con épica de empresario iluminado, motosierra en mano y lenguaje de Excel. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que creaba el “Department of Government Efficiency”, una estructura temporal destinada a impulsar durante 18 meses la agenda DOGE y con fecha de caducidad marcada: 4 de julio. Lo vendieron como una revolución contra el despilfarro. Como si el Estado fuese una empresa mal gestionada y la vida de millones de personas una columna incómoda en una hoja de cálculo.

El resultado es menos cinematográfico. El 1 de julio, Federal News Network informó de que la Oficina de Gestión y Presupuesto no tenía planes de elaborar un informe final sobre DOGE. Nada de auditoría completa. Nada de balance serio. Nada de explicar con precisión qué se recortó, cuántas personas trabajadoras federales fueron expulsadas, cuánto dinero se ahorró realmente y qué servicios quedaron dañados. La maquinaria que exigía cuentas a todo el mundo se va sin rendir cuentas a nadie.

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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla 

Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.

La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.

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Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira 

Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.

La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.

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La extrema derecha avanza en América Latina bajo la ‘Doctrina Donroe’ 

Un fantasma recorre América Latina, pero esta vez no viene a pedir justicia social, soberanía o pan. Viene con gorra, alambradas, megacárceles, discursos contra la inmigración y reverencias a Washington. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, las siete elecciones presidenciales celebradas en la región han terminado igual: victoria de una derecha cada vez más dura, más obediente y más cómoda en el lenguaje de la amenaza.

Siete de siete. Ecuador con Daniel Noboa, en abril de 2025. Bolivia con Rodrigo Paz, en octubre de 2025. Honduras con Nasry Asfura, en noviembre de 2025. Chile con José Antonio Kast, en diciembre de 2025. Costa Rica con Laura Fernández, en febrero. Perú con Keiko Fujimori, en junio. Colombia con Abelardo de la Espriella, también en junio. No es una anécdota regional ni un simple cambio de ciclo. Es un mapa político girando hacia una derecha que ya no necesita disfrazarse demasiado.

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La extrema derecha europea vuelve a oler a dinero público 

La extrema derecha europea lleva años vendiendo una misma mercancía política: patria, orden, limpieza, soberanía y odio bien envasado para consumo electoral. Pero cuando se levanta la alfombra, lo que aparece no suele ser épica nacional. Aparecen contratos. Aparecen proveedores. Aparecen empresas amigas. Aparece, otra vez, dinero público. El 30 de junio, las autoridades francesas realizaron registros en Francia y en otros países europeos por la sospecha de malversación de fondos comunitarios en torno al antiguo grupo Identidad y Democracia, donde se agrupaban eurodiputados y eurodiputadas de extrema derecha de Francia, Países Bajos e Italia. La operación afecta también a España, Italia y Bélgica, según reveló Le Monde y confirmó la Fiscalía Europea.

La investigación no nace de un rumor ni de una pelea interna. Nace de un informe de la Dirección General de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo que, en julio de 2025, señaló un posible gasto indebido de 4,33 millones de euros entre 2019 y 2024. Dinero asignado para el funcionamiento parlamentario. No para alimentar redes clientelares, ni para regar empresas próximas, ni para construir maquinaria partidista bajo envoltorio institucional. Según las informaciones publicadas, el grupo habría destinado fondos a asociaciones ajenas a su actividad y a contratos adjudicados sin licitación pública. Le Monde detalla incluso una posible división: 700.000 euros en donaciones sin relación con el grupo parlamentario y 3,6 millones de euros en contratos a empresas cercanas.

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El último chanchullo de Trump: comprar Axon antes de que ICE prepare 220 millones en táseres 

Ha vuelto a pasar. Y lo grave no es solo que vuelva a pasar, sino que ya casi nadie se sorprenda. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compró el 10 de febrero acciones de Axon Enterprise, el mayor fabricante de pistolas táser y cámaras corporales del país, por un valor situado entre 1 millón y 5 millones de dólares. Catorce días después, el 24 de febrero, el ICE, la policía migratoria de su propio Gobierno, publicó una licitación para adquirir unas 17.800 armas táser nuevas, con cartuchos ilimitados y formación incluida, dentro de un contrato de hasta 220 millones de dólares a cinco años.

No hace falta ser una o un genio de Wall Street para entender el problema. El presidente invierte en una empresa. Dos semanas después, una agencia bajo su Administración mueve una compra pública gigantesca que, según personas expertas en contratación y policía, parece encajar con los productos de esa misma empresa. El contrato todavía no está adjudicado. No hay prueba pública de que Trump participara directamente en la licitación ni de que Axon supiera que él había comprado acciones. Bien. Dicho queda. Pero la política no se mide solo por sentencias firmes. También se mide por la suciedad que deja a la vista.

Y esto huele.