La Casa Blanca lo llama gestión independiente. El resto del mundo puede llamarlo olfato milagroso para ganar dinero justo antes de que el Estado abra la caja.
EL NEGOCIO ANTES DEL CONTRATO
Ha vuelto a pasar. Y lo grave no es solo que vuelva a pasar, sino que ya casi nadie se sorprenda. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compró el 10 de febrero acciones de Axon Enterprise, el mayor fabricante de pistolas táser y cámaras corporales del país, por un valor situado entre 1 millón y 5 millones de dólares. Catorce días después, el 24 de febrero, el ICE, la policía migratoria de su propio Gobierno, publicó una licitación para adquirir unas 17.800 armas táser nuevas, con cartuchos ilimitados y formación incluida, dentro de un contrato de hasta 220 millones de dólares a cinco años.
No hace falta ser una o un genio de Wall Street para entender el problema. El presidente invierte en una empresa. Dos semanas después, una agencia bajo su Administración mueve una compra pública gigantesca que, según personas expertas en contratación y policía, parece encajar con los productos de esa misma empresa. El contrato todavía no está adjudicado. No hay prueba pública de que Trump participara directamente en la licitación ni de que Axon supiera que él había comprado acciones. Bien. Dicho queda. Pero la política no se mide solo por sentencias firmes. También se mide por la suciedad que deja a la vista.
Y esto huele.
El pliego no menciona a Axon por su nombre, pero pide características muy concretas. NOTUS detalló que ICE buscaba modelos T10, con cartuchos de 10 sondas y alcance de hasta 45 pies, unos 13,7 metros. El mismo medio señala que Axon es la única compañía que fabrica armas de energía conducida con esas especificaciones. Es decir, la licitación no decía “Axon”, pero parecía llevar su talla, su número de zapato y su dirección postal.
La defensa oficial es la de siempre: manos limpias porque el dinero lo mueven otros. La Casa Blanca asegura que los activos de Trump están en un fideicomiso gestionado por sus hijos y que las inversiones dependen de terceras firmas independientes. También afirma que no hay conflicto de interés. Es una frase cómoda. Una manta jurídica para tapar una cama llena de barro. Porque aunque la operación fuese legal, aunque el papel resista, aunque las y los abogados encuentren el hueco exacto por donde colar el asunto, el mensaje político es brutal: el poder público se convierte en una sala VIP para hacer negocio privado.
Trump no está solo en este ecosistema. NOTUS ya había informado en mayo de que el presidente compró y vendió millones de dólares en acciones de tecnológicas y contratistas públicos durante los primeros meses del año, con operaciones que coincidieron con decisiones regulatorias o administrativas favorables para algunas de esas compañías. Entre ellas, Nvidia, AMD, Palantir y Axon. No hablamos de una anécdota. Hablamos de un patrón. Y cuando el patrón se repite, deja de ser casualidad decorativa y empieza a parecer método.
ARMAR AL ICE, RENTABILIZAR EL MIEDO
La otra parte del escándalo está en qué se compra y para quién. No son lápices para una escuela pública. No son respiradores para hospitales. No son viviendas sociales. Son táseres para ICE. 17.800 armas nuevas para una agencia convertida en columna vertebral de la política antimigratoria de Trump. Antes tenía unas 4.300 en uso, según NOTUS. La nueva compra permitiría multiplicar su arsenal por más de cuatro. Dinero público para electrificar cuerpos migrantes, para endurecer redadas, para alimentar una maquinaria de expulsión que ya opera con lógica de castigo.
Axon presenta sus productos como herramientas de desescalada. Bonita palabra. Desescalada. La palabra que usa el poder cuando quiere vender violencia con envoltorio técnico. Pero una descarga eléctrica no deja de ser una descarga eléctrica porque venga acompañada de un manual corporativo. Diane Goldstein, directora ejecutiva de Law Enforcement Action Partnership, advirtió a NOTUS de que un táser puede ser letal si se usa mal y de que enviar electricidad al cuerpo de una persona sin conocer sus condiciones médicas implica riesgos graves.
El negocio, mientras tanto, crece. Axon no vive solo de táseres. Vive de cámaras corporales, almacenamiento de datos, software policial, inteligencia artificial, licencias, vigilancia y contratos públicos. The Guardian informó el 25 de febrero de que la empresa registró 797 millones de dólares en ingresos, un aumento interanual del 39%, y que veía una “gran oportunidad” en el despliegue de cámaras y software para el Departamento de Seguridad Nacional. También recogió advertencias de especialistas en privacidad que temen que esas cámaras conviertan a cada agente en una herramienta de vigilancia contra personas migrantes y manifestantes.
Ahí está el capitalismo de frontera en todo su esplendor. Primero se fabrica el enemigo. Luego se militariza la respuesta. Después se privatiza el equipamiento. Y finalmente alguien cobra. Siempre cobra alguien. Las personas migrantes ponen el cuerpo, las y los contribuyentes ponen el dinero, las empresas ponen la factura y el poder político pone la firma. Si además el presidente compró acciones antes de que su Administración abriera un contrato millonario, el círculo ya no es vicioso. Es obsceno.
La Casa Blanca puede repetir que no hay conflicto. Puede decirlo cien veces. Puede vestirlo de fideicomiso, de gestión externa, de tecnicismo financiero. Pero hay algo que no puede borrar: el 10 de febrero Trump compró entre 1 millón y 5 millones de dólares en Axon; el 24 de febrero ICE puso sobre la mesa 220 millones de dólares para casi 17.800 táseres; y las personas expertas señalaron que las condiciones parecían hechas para Axon. Ese es el cuadro. Lo demás es maquillaje.
La democracia estadounidense presume de controles, equilibrios y grandes palabras talladas en mármol. Luego llega Trump y demuestra que basta con una cartera de inversión, una agencia armada y una licitación opaca para convertir el Estado en una máquina de hacer caja. No es gestión pública. Es saqueo con corbata, bandera y descarga eléctrica.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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