Categoría: POLÍTICA ESTATAL

La causa judicial por la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 personas fallecidas, no necesita ruido. Necesita verdad, rigor, responsabilidades políticas y respeto a las víctimas. Justo lo contrario de lo que suele traer la industria del barro cuando se disfraza de acusación popular, de patriotismo de plató o de heroísmo de YouTube.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado este 16 de junio un auto especialmente duro contra el abogado y youtuber Rubén Gisbert. No por pensar distinto. No por molestar al poder. No por incomodar a nadie. Por algo más básico: por pedir diligencias graves sin conocer, según la magistrada, elementos esenciales de la causa. El problema no es que Gisbert sea incómodo. El problema es que, según el auto, ni siquiera sabe bien de qué habla.

La instrucción judicial sobre la dana acaba de abrir una grieta mucho más seria de lo que el Gobierno valenciano querría admitir. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, jueza de la causa, estudia si debe ampliar el foco y citar como testigos a más consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón después de que la vicepresidenta Susana Camarero entregara los mensajes del grupo de WhatsApp llamado “Consell PP”. No hablamos de una anécdota digital. Hablamos del chat político de un Gobierno durante la jornada del 29 de octubre de 2024, el día de la dana que dejó 230 fallecidos.

La providencia dictada el 16 de junio no es un gesto menor. La jueza ofrece a Camarero la posibilidad de aportar voluntariamente los documentos en PDF que el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, compartió aquel día sobre el estado de las carreteras. Es el paso previo para decidir si se le cita como testigo, como reclama la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE. Dicho de forma clara: el chat ha dejado de ser una conversación incómoda para convertirse en una pieza que puede mover la causa.

José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar este miércoles hoy ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Lo hará en calidad de investigado y en una causa que, por su alcance político y judicial, marca un hecho inédito: será el primer expresidente del Gobierno que acuda a la Audiencia Nacional en esa condición.

La investigación atribuye al expresidente indicios vinculados a siete presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública. La causa se divide en dos piezas y gira alrededor de una tesis central del instructor: la posible existencia de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid interrumpió el 15 de junio la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el II Foro Inmobiliario 360º. No fue una anécdota. No fue una performance. Fue una imagen incómoda de país. Mientras la responsable estatal de vivienda hablaba en un foro con empresarios del sector inmobiliario, varias activistas pusieron sobre la mesa el nombre que las instituciones intentan convertir en expediente: Maricarmen, una mujer de 88 años con un desahucio previsto para el 24 de junio.

La escena resume demasiado bien el problema. Arriba, la política institucional hablando el lenguaje amable de los foros. Abajo, el sindicalismo de barrio recordando que hay una anciana a punto de quedarse sin casa. La vivienda convertida en negocio y la vida convertida en trámite. Ese es el país real, aunque moleste en los salones donde el ladrillo se presenta como motor económico y no como una maquinaria de expulsión.

La comparecencia de María José Catalá en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024 dejó una imagen incómoda para el PP valenciano. Incómoda y bastante clara. La alcaldesa de València, la primera regidora del Partido Popular que pasa por esa comisión, confirmó con datos lo que las víctimas, los municipios y la propia cronología llevan meses gritando contra el muro de la propaganda: la Generalitat Valenciana no avisó a tiempo a los ayuntamientos.

No lo dijo así, claro. Catalá no fue al Congreso a dinamitar a su partido ni a cargar directamente contra el expresident Carlos Mazón, compañero de siglas y de escaño. Fue con dossier, con papeles, con una intervención medida. Intentó desplazar parte de la responsabilidad hacia organismos estatales, especialmente hacia la Confederación Hidrográfica. Pero los hechos tienen una mala costumbre: hablan incluso cuando quienes comparecen intentan no señalar demasiado.

La escena no necesita demasiada épica. Este lunes 15 de junio, en la estación de Sol, las colas en las oficinas de Metro de Madrid parecían las de cualquier otro día. Gente esperando, personal atendiendo, prisas, calor, rutina. Pero había una novedad que ya estaba funcionando como una cuchilla administrativa: desde ahora, solo podrán solicitar la Tarjeta de Transporte Público Personal, el abono transporte, quienes estén empadronados en Madrid.

Dicho así parece una medida técnica. Una corrección burocrática. Un trámite más en el país de los trámites. Pero no lo es. Es política. Y de la peor. Porque cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decide vincular el acceso al abono transporte al padrón sabe perfectamente a quién golpea. No golpea al rentista. No golpea al especulador. No golpea a quienes tienen varias viviendas vacías. Golpea a estudiantes, a personas trabajadoras que se desplazan desde otras comunidades y, sobre todo, a personas migrantes con más dificultades para empadronarse.

La sentencia de la Audiencia de Valencia contra Rafa Mir no habla solo de una agresión sexual. Habla de algo bastante más incómodo. Habla de clase, de poder, de cuerpos protegidos y cuerpos abandonados. Habla de un chalet de lujo, de una urbanización cerrada, de un futbolista conocido, de una joven que sale llorando y casi desnuda, de otra joven expulsada a empujones, y de 3 policías locales de Bétera cuya versión ha provocado que el propio tribunal pida investigar si mintieron en el juicio.

La condena es dura: 8 años y medio de prisión para Rafa Mir por agresión sexual. Pablo Jara, también futbolista, ha sido condenado a 2 años de prisión por agresión sexual y a 6 meses por un delito contra la integridad moral. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Conviene decirlo. Conviene decirlo todo. Porque la precisión importa, sobre todo cuando se habla de delitos sexuales, de víctimas, de acusados y de instituciones que demasiadas veces parecen más preocupadas por no incomodar al poderoso que por proteger a quien denuncia.