Categoría: POLÍTICA ESTATAL

El caso parece una anécdota grotesca, casi una caricatura de la València especulativa. Pero no lo es. Es una radiografía. Una propietaria extranjera de un piso en Benicalap, situada en Estados Unidos. Una pareja de Letonia y Estados Unidos que ocupaba la vivienda en régimen de alquiler. Una inspección de la Policía Local. Dos trabajadores de Desokupa dentro del inmueble. Un anuncio en Booking. Una multa de 10.000 euros. Y, al fondo, la misma pregunta de siempre: quién manda realmente en la ciudad cuando la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en caja registradora.

Según publicó elDiario.es, la Policía Local inspeccionó a finales de febrero un piso turístico en Benicalap y levantó acta por funcionar sin licencia. El inmueble figuraba en el registro autonómico desde 2018, pero carecía de título habilitante y de informe de compatibilidad urbanística. En mayo, el Ayuntamiento cerró el trámite y notificó a la propietaria una sanción de 10.000 euros por falta grave.

Hasta ahí, nada nuevo en una ciudad donde el turismo ilegal ya no entra por la ventana, entra por la puerta grande. Lo escandaloso llega después. La propietaria recurrió la sanción alegando que no controlaba la vivienda, que la pareja inquilina la realquilaba irregularmente desde el inicio, que el contrato era de solo 11 meses y que desde 2024 intentaba recuperar el piso sin éxito. Es decir, una cadena de irregularidades sobre otra cadena de irregularidades. El capitalismo inmobiliario no es un desorden: es un sistema que vive del desorden.

odemos ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite como testigo al inspector jefe Manuel Morocho en la causa sobre la guerra sucia contra el partido. No es un nombre cualquiera. Morocho fue el policía que investigó Gürtel y la caja B del PP, el agente que no miró hacia otro lado cuando la corrupción del partido de Mariano Rajoy empezaba a enseñar las costuras de un régimen podrido hasta la moqueta. Y por eso, precisamente por eso, acabó apartado, presionado y enviado al corazón de la brigada política.

Policías al servicio de intereses partidistas, informes basura, medios dispuestos a amplificar montajes y una maquinaria institucional utilizada para golpear adversarios políticos. No hablamos de una anécdota. Hablamos de Estado. De cloacas. De una democracia convertida en herramienta de persecución cuando el poder siente que puede perder el control.

La causa abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de ser una investigación delimitada para convertirse en una maquinaria expansiva. Una de esas máquinas que empiezan por un punto concreto y, de pronto, lo quieren devorar todo. El juez José Luis Calama partió del rescate público de Plus Ultra, pero las diligencias ya se han extendido a los trabajos del expresidente para Análisis Relevante, a asesorías en Latinoamérica, a la empresa de sus hijas y hasta a unas joyas encontradas por la UDEF en una caja fuerte de su despacho de Ferraz.

Zapatero denuncia que está siendo sometido a una “causa general”. No es una expresión menor. La defensa sostiene que la investigación ha traspasado los márgenes razonables de una instrucción penal y que, por el camino, se ha producido un “atropello” contra su intimidad. Y ahí empieza el problema político, judicial y mediático. Porque una cosa es investigar posibles delitos. Otra, muy distinta, es convertir una causa en una red de arrastre donde cabe todo: agendas, chats, pendrives, discos duros, mensajes privados y sospechas que se van encadenando como si la amplitud fuera una prueba.

Aquí conviene no hacer trampas. Hay hechos que deben investigarse. Hay indicios que la Audiencia Nacional considera relevantes. Hay acusaciones graves. Pero también hay derechos. Y cuando la investigación penal se convierte en espectáculo, la frontera entre justicia y linchamiento se vuelve peligrosamente fina.

Aldama no es solo Aldama. Es una pedagogía. Enseña algo. Enseña que, si vas a delinquir, conviene hacerlo cerca del poder. Conviene tener nombres. Conviene conocer despachos. Conviene haber estado en la habitación donde se repartía el dinero. Porque entonces, cuando todo se derrumba, todavía puedes convertir tu caída en mercancía.

El pobre no puede hacer eso.

El pobre no tiene una libreta de ministros. No puede decirle al tribunal: miren, yo sé cómo se movieron los contratos. No puede ofrecer una arquitectura de corrupción. No puede entregar llamadas, favores, comisiones, intermediarios, empresas pantalla o mordidas. La persona pobre suele llegar al juzgado con su precariedad encima y poco más. Y la precariedad no reduce condenas. La precariedad, muchas veces, las agrava.

Hay escenas que resumen una época mejor que cualquier informe judicial. Víctor de Aldama, empresario, comisionista y condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas, apareció este martes en Telemadrid para explicar su particular tragedia fiscal: ganó millones durante lo peor de la pandemia y, por encima, tuvo que pagar impuestos.

Sí. Ese es el nivel.

Mientras miles de trabajadoras y trabajadores sanitarios se jugaban la vida con bolsas de basura, mascarillas reutilizadas y turnos imposibles, mientras las enfermeras y enfermeros entraban en habitaciones sin saber si saldrían contagiados, mientras las familias enterraban a sus muertos sin despedirse, había quien hacía números. No números de camas. No números de respiradores. Números de comisión.