Categoría: POLÍTICA ESTATAL

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid un informe que deja en una posición muy delicada a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una anécdota contable, ni de una confusión menor entre papeles, ni de ese ruido administrativo con el que la derecha intenta envolver todo lo que huele a privilegio. Hablamos de compras sin justificación aparente, valoraciones empresariales que suben y bajan como si fueran decorado de cartón, facturaciones de cientos de miles de euros sin estructura visible y una sospecha de fondo: que el dinero utilizado en parte de estas operaciones podría proceder de la comisión de mascarillas cobrada durante la pandemia.

El informe fue entregado el 18 de junio y apunta directamente a una operación muy concreta: la compra del 100% de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por 499.836,92 euros. Casi medio millón. La cifra importa. Importa porque, según la UCO, en la escritura no aparece una explicación clara de cómo se valoró esa sociedad ni por qué se fijó ese precio. Y más importa todavía cuando la empresa presentaba una facturación reducida y prácticamente no tenía personal contratado.

Una empresa casi sin cuerpo, pero con precio de lujo.

José María Aznar lleva 22 años fuera de La Moncloa, pero se comporta como si aún pudiera dar órdenes desde el atril. No gobierna, pero marca línea. No firma decretos, pero reparte doctrina. Y para eso tiene FAES, esa fábrica de informes conservadores donde el neoliberalismo se disfraza de análisis y la nostalgia de poder se presenta como preocupación por España.

Desde 2024, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ha dedicado decenas de textos a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el PSOE. Lo ha hecho con entusiasmo, con insistencia y con ese tono de superioridad moral tan propio de quienes privatizarían hasta el aire si el BOE les dejara. José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez o David Sánchez han sido convertidos en personajes recurrentes de su literatura política. FAES no analiza: señala. No estudia: condena. No interpreta: dicta sentencia antes de que hablen las y los jueces.

Alberto Núñez Feijóo fue a El Hormiguero el 18 de junio a hacer lo que mejor se le da cuando el terreno está mullido: presentarse como el adulto responsable de una política que, casualmente, siempre tiene la culpa en casa ajena. Pablo Motos le preguntó si, cuando era presidente de la Xunta, le habían regalado algo y se lo había quedado. Feijóo bajó la mirada, destapó el bolígrafo, dibujó una línea sobre el folio y soltó la frase: “Lo primero que hicimos cuando llegamos a la Xunta es regular eso. En la Xunta nadie puede aceptar un regalo por encima de 90 euros”.

Bonito. Limpio. Televisivo. Falso por omisión.

Feijóo llegó a la Xunta en 2009. El código ético que limitaba los regalos se aprobó en el verano de 2014. Es decir: cinco años después. Cinco años no son un matiz. Son una legislatura larga, una memoria convenientemente borrada y una coartada servida en plató con cara de gestor serio. No fue “lo primero” que hizo. Fue algo que hizo cuando ya olía demasiado a podrido alrededor.

Mohamadou Diawara tenía 22 años, un trastorno mental diagnosticado y una vida que terminó el 24 de julio de 2025 dentro de unas dependencias policiales de Montornès del Vallès, en Barcelona. Murió por un disparo efectuado por un agente de la Policía Local después de entrar en comisaría con un cuchillo. Esa es la versión básica. La que cabe en un titular. La que suele servir para cerrar rápido el cajón cuando la víctima es joven, racializada, pobre o vulnerable.

Pero una muerte en comisaría no se archiva como quien firma una multa. No debería. Porque cuando una persona muere por el uso de fuerza letal a manos de agentes del Estado, lo mínimo exigible no es confianza ciega. Es investigación. Es prueba. Es reconstrucción. Es verdad material. El Estado no puede disparar, perder la grabación clave porque una cámara estaba estropeada y luego pedir fe.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto dejó este 17 de junio, a las 17:49 horas (actualizado a las 22:22 horas), una de esas intervenciones que conviene no despachar como una simple salida de tono. No lo fue. Fue bastante peor. Fue una declaración ideológica completa, una postal nítida de lo que la ultraderecha quiere hacer con las personas LGTBI, con el alumnado trans y con cualquier avance que huela a derechos humanos.

La moción presentada por Podemos-IU pedía algo muy concreto: que el Gobierno murciano elaborase un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos. Nada revolucionario, salvo que para la extrema derecha la mera existencia de las personas trans ya parece una revolución intolerable. La iniciativa había sido registrada el 13 de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín Martínez, al amparo del artículo 195 del Reglamento de la Cámara. También se apoyaba en el artículo 61 de la ley trans estatal, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar este tipo de protocolos.