Categoría: POLÍTICA ESTATAL

Begoña Gómez, Mercedes González y Zapatero encadenan una agenda de tribunales y Senado que llega en pleno estallido del ‘caso Leire’ y con la derecha oliendo sangre.

No es una hipótesis. No es una exageración de campaña. No es el miedo preventivo de la izquierda. Donde PP y Vox han gobernado juntos, los derechos han retrocedido. Punto. Los últimos acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León no son una novedad inocente ni una simple reedición parlamentaria. Son la vuelta al mismo laboratorio reaccionario que ya funcionó entre 2022 y 2024 en cinco comunidades autónomas: Extremadura, Aragón, Castilla y León, País Valencià y Región de Murcia.

El PP intenta venderlo como estabilidad. Vox lo llama “prioridad nacional”. La ciudadanía acaba pagando la factura. Y no precisamente en abstracto. La paga con leyes de memoria mutiladas, políticas de igualdad recortadas, censura cultural, ataques a las personas LGTBIQ+, desprecio a las lenguas propias, hostilidad hacia las personas migrantes y una obsesión casi folclórica por financiar la tauromaquia mientras se recorta en cooperación, sindicatos o cultura.

El Partido Popular ha descubierto, otra vez, que una moción de censura no se gana con titulares, tertulias y sobreactuación de bancada. Hace falta tener votos. Y Alberto Núñez Feijóo no los tiene. Por eso Génova ha dejado enfriar la idea de tumbar a Pedro Sánchez con una moción instrumental y ha optado por una estrategia mucho más cómoda: esperar sentado a que la maquinaria judicial le haga el camino que no consigue hacer en el Congreso.

No es valentía política. Es cálculo. Y bastante cobarde.

Los WhatsApps del grupo del Consell durante el día de la DANA no son solo una filtración incómoda. Son una radiografía. Una de esas imágenes que muestran el hueso roto, la fractura política, la miseria de una administración que debía proteger vidas y acabó más pendiente del encuadre que del desastre. El 11 de junio, cuando esos mensajes salieron a la luz, las víctimas volvieron a sufrir otro golpe. Otro más. Porque lo que aparece ahí no es un gobierno desbordado por una tragedia imprevisible, sino un gobierno obsesionado con parecer gobierno.

El Tribunal Supremo ha decidido ponerse firme. La Sala Penal ha informado en contra del indulto solicitado para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y ha defendido que la condena debe ejecutarse. Sin rodeos. Sin concesiones. Sin esa elasticidad que tantas veces aparece en la justicia española cuando el poder afectado tiene otros apellidos, otros despachos o mejores amistades.

La decisión se conoció el 11 de junio, a las 14:13, y llega de la mano del mismo tribunal que condenó a García Ortiz por revelación de datos reservados. La Sala ha remitido un informe desfavorable, aprobado por mayoría, al considerar que la petición no ofrece motivos suficientes para activar una medida de gracia. El indulto, recuerda el Supremo, no es un comodín político ni una goma de borrar institucional. O eso dice ahora.

El juez Antonio Viejo ha autorizado por fin a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por fin. Porque la petición no llegó ayer ni apareció por arte de magia en mitad del ruido mediático. Llevaba seis meses esperando firma, parada en un juzgado, después de que Viejo sustituyera a la magistrada anterior, ya jubilada. Medio año para permitir a la UCO hacer lo que cualquier investigación seria exige desde el primer minuto: seguir el dinero.

No hablamos de una empresita cualquiera ni de un jefe cualquiera. Hablamos del CEO de la principal productora de Canal Sur, investigado por agresión sexual y acoso, al frente de una empresa participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y alimentada por la televisión pública. El poder siempre dice que no sabía nada cuando el escándalo ya no cabe debajo de la alfombra. Y aquí hay demasiadas alfombras, demasiados despachos y demasiadas instituciones mirando hacia otro lado.