Categoría: POLÍTICA ESTATAL

El caso contra Begoña Gómez ha llegado a ese punto en el que la pregunta ya no es solo qué se investiga, sino cómo se ha permitido llegar hasta aquí. Más de dos años de instrucción, una causa abierta por una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, una investigación que nació apoyada en recortes de prensa, sospechas sin acreditar y hasta un bulo sobre una supuesta subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. Y, pese a todo, el procedimiento sigue avanzando como si la política española necesitara otro espectáculo judicial para alimentar tertulias, portadas y campañas de desgaste.

Ahora el futuro judicial de Begoña Gómez, de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés queda en manos de tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. No es un detalle menor. Son los mismos jueces que, durante esta instrucción, han resuelto 20 recursos y han anulado una decena de resoluciones del juez Juan Carlos Peinado. Una decena. No una corrección técnica, no un matiz procesal. Una cadena de rectificaciones que dibuja algo bastante más preocupante: una instrucción empujada más allá de sus propios fundamentos.

La Cadena SER vive una sacudida que ya no puede venderse como renovación, relevo generacional o ajuste interno. Hay demasiadas piezas moviéndose a la vez. Demasiados nombres. Demasiadas salidas. Y, sobre todo, demasiadas señales. La despedida de Ángels Barceló de Hoy por hoy, hace una semana, no fue solo el cierre de una etapa radiofónica. Fue un mensaje. Medido, elegante, pero clarísimo. “Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la de la derecha”, dijo la periodista. La frase no necesitaba subtítulos.

Barceló no habló desde la rabieta. Habló desde el conocimiento de quien ha visto por dentro cómo se desplaza una casa. Cómo cambia el tono. Cómo se ajustan las voces. Cómo se empieza a llamar “equilibrio” a lo que muchas veces es simple domesticación editorial. Cuando una emisora empieza a tener miedo de parecer demasiado incómoda para la derecha, el problema no es la izquierda: el problema es quién manda.

La crisis de confianza en los medios ya no es una sensación difusa, ni una queja de barra de bar, ni una paranoia de quienes están hartas y hartos de ver tertulias convertidas en juicios sumarísimos. Es un dato. Y bastante demoledor. El último Digital News Report del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, elaborado por la Universidad de Oxford junto a la Universidad de Navarra a partir de una encuesta de YouGov a unas 2.000 personas en España, vuelve a poner negro sobre blanco una realidad muy incómoda: el 74% de los españoles afirma tener dudas para distinguir entre noticias reales y falsas en internet.

El caso Plus Ultra acaba de dar otro salto político y judicial. No uno menor. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación abierta sobre el denominado caso Plus Ultra. La decisión llega apenas un día después de que el propio Zapatero compareciera ante el magistrado también en calidad de investigado. El calendario no es casual en términos políticos. Tampoco resulta irrelevante en términos judiciales.

La resolución fue dictada este jueves 18 de junio, según la información publicada por ElPlural.com, y responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para incorporar a ambas al procedimiento. Es decir, no hablamos de un movimiento ornamental, ni de una citación decorativa para rellenar un sumario. Hablamos de una ampliación del foco investigador que ya no se queda en la figura del expresidente, sino que entra directamente en su entorno familiar más inmediato.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido no atender, al menos por ahora, la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos sobre el teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes. La defensa quería saber más. Bastante más. Quería conocer cómo se incautó ese dispositivo, quién autorizó su clonado, qué autoridad hizo el volcado, qué programa se utilizó y qué garantías existen para asegurar que las conversaciones no fueron manipuladas.

No hablamos de un detalle técnico. Hablamos de una pieza que, según la propia investigación, ha tenido peso en la imputación del expresidente y en la entrada y registro de su oficina. Cuando una causa judicial se apoya en el contenido de un móvil clonado en otro país, preguntar por la cadena de custodia no es una maniobra dilatoria: es exigir garantías mínimas. Pero Calama ha optado por dejar esa puerta cerrada hasta que Estados Unidos autorice formalmente el uso del contenido como prueba en un eventual juicio.