¿Ha cruzado Peinado la última línea? 

Cuando un juez insinúa que policías nacionales podrían ayudar a huir a Begoña Gómez, el problema ya no es solo judicial. Es institucional. Y huele demasiado a operación política.

LA SOSPECHA COMO MÉTODO

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.

Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.

Y ahí es donde el asunto se le ha ido de las manos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial una “más enérgica queja” contra Peinado por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo hizo el 20 de junio, dirigiéndose a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para que adopte, si procede, las medidas que entren dentro de sus atribuciones. Público lo contó aquí: Marlaska pide al CGPJ que adopte medidas contra Peinado por cuestionar a la Policía. La Cadena SER también recogió la queja de Interior: Marlaska reclama al CGPJ medidas por las afirmaciones del juez Peinado contra los policías que escoltan a Begoña Gómez.

La frase de Peinado no es menor. No es un desliz. No es una nota al margen. Es una acusación implícita contra la legalidad misma de quienes custodian a una persona protegida por el Estado. Y conviene decirlo claro: cuando desde un juzgado se convierte a la Policía en sospechosa sin una base sólida, lo que se está haciendo no es fortalecer el Estado de derecho. Se está erosionando desde dentro. Con sello oficial. Con lenguaje procesal. Con apariencia de normalidad.

La derecha mediática lleva meses intentando vender este caso como la gran pieza del derribo político de Sánchez. No importa que el procedimiento haya mutado, se haya ampliado, se haya retorcido y haya producido titulares mucho antes que certezas. No importa. El objetivo no parece ser solo juzgar hechos concretos. Parece ser fabricar un clima. Un clima de sospecha permanente. Un barro institucional en el que todo vale: la esposa del presidente, su entorno, una asesora, los escoltas, los mandos policiales y, por extensión, cualquier estructura del Estado que no sirva al guion reaccionario.

Y sí, hay que investigarlo todo cuando hay indicios. Todo. Pero una democracia no puede funcionar con jueces convertidos en productores de temporada judicial para tertulias de la mañana. La justicia no puede ser una fábrica de titulares para que la derecha haga oposición por vía penal. Eso no es independencia judicial. Eso es otra cosa. Y es bastante más peligrosa.

HASTA LOS SINDICATOS POLICIALES HAN DICHO BASTA

Lo grotesco de esta historia es que Peinado ha conseguido unir en la crítica a actores que no suelen compartir trinchera. Jupol y el Sindicato Unificado de Policía han pedido una rectificación al juez. Jupol lo calificó como una “auténtica barbaridad”: sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular agentes adscritos a la seguridad de Presidencia del Gobierno, podrían colaborar en una fuga. El SUP lo consideró “especialmente preocupante”. Público lo recogió en esta información: Jupol y el SUP piden a Peinado una “rectificación” por sugerir que la Policía ayudaría a huir a Begoña Gómez.

No hablamos de colectivos sospechosos de simpatía sanchista. No hablamos de asociaciones progresistas saliendo a defender al Gobierno. Hablamos de sindicatos policiales diciendo que esto es un disparate. Que la afirmación carece de base. Que proyecta una sospecha injusta. Que erosiona el prestigio de la Policía Nacional. Cuando hasta Jupol tiene que explicarle a un juez que los agentes no actúan al margen de la ley ni cumplen órdenes manifiestamente ilegales, igual el problema no es Begoña Gómez. Igual el problema es otro.

Begoña Gómez, por su parte, recurrirá las medidas cautelares impuestas por Peinado, incluida la retirada del pasaporte. El juez la envía a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También irá a juicio su asesora Cristina Álvarez por los mismos hechos, y el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. La decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse, pero sí las medidas cautelares. Público lo explicó aquí: Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado.

La Moncloa ha denunciado “la persecución, la obsesión y la desproporción” de Peinado. No es una frase suave. Tampoco pretende serlo. Desde el Gobierno y el PSOE se ha interpretado la decisión como un paso más en una instrucción que, según fuentes de Moncloa, carece de sentido jurídico y responde a motivos políticos. El País lo contó el 20 de junio: Moncloa denuncia “la persecución, la obsesión y la desproporción” de Peinado.

Aquí está el núcleo del asunto. No se trata de defender a Begoña Gómez por ser quien es. Se trata de denunciar que el poder judicial, cuando actúa sin contención, puede convertirse en un instrumento de guerra política. Y cuando eso ocurre, la democracia se pudre muy rápido. Porque el lawfare no siempre llega con una pancarta. A veces llega con autos largos, con insinuaciones calculadas, con medidas espectaculares y con un ecosistema mediático esperando carnaza.

La derecha pide elecciones cada vez que un juzgado produce un titular útil. Luego habla de separación de poderes con la misma cara con la que aplaude cada movimiento judicial que le sirve para desgastar al Gobierno. Es una coreografía conocida. El juez mueve ficha, los medios afines gritan, el PP pide dimisiones, Vox pide cabezas y la maquinaria entera vende como justicia lo que muchas veces parece simple demolición política por entregas.

Y Marlaska, que tantas veces llega tarde y mal cuando las porras caen sobre manifestantes, esta vez ha reaccionado porque la acusación tocaba directamente a la Policía. Bien. Pero que nadie se engañe. El problema no empieza cuando Peinado sospecha de los escoltas. Empieza cuando una causa judicial se convierte en una herramienta para fabricar sospecha social permanente. Hoy son Begoña Gómez y sus policías. Mañana puede ser cualquiera que estorbe al bloque de poder adecuado.

Esto no va de pasaportes. Va de quién puede usar un juzgado como altavoz político sin que pase nada.