Peinado ya no instruye solo contra Begoña Gómez: instruye contra sus propios límites 

La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir ahora si convierte los excesos de un juez en causa judicial o si vuelve a poner orden donde se ha intentado fabricar ruido político con toga.

UNA INSTRUCCIÓN LLENA DE PORTAZOS JUDICIALES

El caso contra Begoña Gómez ha llegado a ese punto en el que la pregunta ya no es solo qué se investiga, sino cómo se ha permitido llegar hasta aquí. Más de dos años de instrucción, una causa abierta por una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, una investigación que nació apoyada en recortes de prensa, sospechas sin acreditar y hasta un bulo sobre una supuesta subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. Y, pese a todo, el procedimiento sigue avanzando como si la política española necesitara otro espectáculo judicial para alimentar tertulias, portadas y campañas de desgaste.

Ahora el futuro judicial de Begoña Gómez, de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés queda en manos de tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. No es un detalle menor. Son los mismos jueces que, durante esta instrucción, han resuelto 20 recursos y han anulado una decena de resoluciones del juez Juan Carlos Peinado. Una decena. No una corrección técnica, no un matiz procesal. Una cadena de rectificaciones que dibuja algo bastante más preocupante: una instrucción empujada más allá de sus propios fundamentos.

La Audiencia ha avalado parte de las pesquisas, sí. Pero también ha cerrado líneas enteras abiertas por Peinado cuando eran poco más que conjeturas. El rescate de Air Europa, por ejemplo. También levantó imputaciones contra cuatro investigados: el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia. Y anuló el registro ordenado en el domicilio y las empresas de Juan Carlos Barrabés cuando este estaba ingresado en el Hospital 12 de Octubre por una enfermedad grave. Hay frases judiciales que pesan más que cualquier editorial: “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”. Eso le dijo la Audiencia a Peinado.

No era una advertencia decorativa. Los magistrados señalaron que aquel registro no justificaba sus motivos, que no explicaba la urgencia de practicarlo media hora después de la firma del auto y que resultaba una medida “extensa y desproporcionada”. Más aún: hablaron de un juicio de inferencia “absolutamente ilógico y arbitrario”. Conviene repetirlo despacio, porque aquí está el núcleo del problema. No estamos ante una defensa política diciendo que un juez se ha pasado. Estamos ante otro tribunal diciendo que determinadas decisiones del instructor no se sostienen.

El Tribunal Supremo también tuvo que cerrar la puerta cuando Peinado intentó elevar una exposición razonada para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños. La respuesta fue seca: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. En un país sano, esa frase debería haber bastado para detener la máquina del espectáculo. Pero en España hay una industria entera viviendo de que la sospecha dure más que la prueba. Y si la prueba no aparece, se estira la sospecha. Si se cae una rama, se abre otra. Si la Audiencia corrige, se insiste.

EL LAWFARE NO SIEMPRE GRITA: A VECES FIRMA AUTOS

Entre los recursos que la Audiencia debe resolver en los próximos meses figuran algunos decisivos: los que impugnan la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por la vía del jurado popular, la apertura de juicio oral y la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez. Medidas nada menores: retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes. La justificación del supuesto riesgo de fuga ya ha cruzado una línea grotesca: según Peinado, los policías que escoltan diariamente a Gómez o sus superiores podrían ayudarla a huir. Una acusación de una gravedad enorme lanzada contra servidores públicos sin que se conozca una base sólida que la sostenga.

Esa afirmación provocó la denuncia del Ministerio del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, propuso abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. La comisión permanente tiene previsto debatirlo este lunes. Otro frente. Otra institución obligada a mirar una instrucción que hace tiempo dejó de parecer un procedimiento ordinario y empezó a oler a laboratorio político.

Porque la causa contra Gómez amagó con convertirse en macrocausa desde el principio. Peinado investigó media docena de aspectos de su vida profesional desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. Sus másteres, su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, su trabajo en el Africa Center del IE, su relación con Juan Carlos Barrabés, su supuesta conexión con el rescate de Air Europa y hasta una presunta amistad con Javier Hidalgo y Globalia. Todo entraba. Todo servía. La vida profesional de una mujer convertida en campo de excavación judicial porque su marido preside el Gobierno.

La Audiencia tuvo que ir cerrando ramificaciones. En Air Europa hicieron falta varias resoluciones para que Peinado dejara de encargar informes a la UCO sobre si Begoña Gómez había presionado a Sánchez para rescatar la aerolínea. También se cerró la rama del IE, donde quedó de manifiesto que el instructor había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar irregularidades en la contratación de Gómez. La Audiencia fue clara: “Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”.

También cayó la imputación del rector de la UCM, Joaquín Goyache. Los jueces dijeron que “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. La expresión es demoledora. No había base. No había suelo. No había más que esa costumbre tan española de convertir la insinuación en procedimiento y el procedimiento en condena mediática.

Peinado llegó incluso a citar a Pedro Sánchez como testigo en La Moncloa. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito sobre hechos conocidos por razón de su cargo, pero el juez sostuvo que quería preguntarle por cuestiones ajenas a ese cargo. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar. No hubo resultado. Aun así, Peinado entregó el vídeo de esa declaración fallida a las partes. La Audiencia también se lo afeó: carecía de utilidad, carecía de interés y solo contenía formalismos. Traducido al castellano común: aquello no aportaba nada.

La deriva llegó a tal punto que incluso las acusaciones populares de ultraderecha —Hazte Oír, Vox y Manos Limpias— pidieron a Peinado que motivara mejor sus autos para evitar futuras nulidades. Cuando quienes empujan políticamente una causa tienen que pedir al juez que argumente más para que no se le caiga el edificio, el problema ya no está en la defensa. Está en los cimientos.

La defensa de Begoña Gómez ha denunciado ahora a Peinado ante el Poder Judicial por vulnerar su derecho de defensa. No es el primer choque. El juez llegó a imponer una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho por hablar con periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción. Otra corrección. Otra más.

Aquí no se trata de blindar a nadie por su apellido ni por su relación con el presidente. Se trata de algo más básico y más serio: sin pruebas, la justicia no puede convertirse en una trituradora al servicio del clima político. Porque cuando una instrucción acumula recursos, anulaciones, reproches, ramas cerradas, imputaciones levantadas y advertencias sobre derechos fundamentales, el problema no es que alguien critique al juez. El problema es que el juez ha obligado a demasiada gente a recordarle dónde termina la investigación y dónde empieza la arbitrariedad.

Y cuando la arbitrariedad se viste de toga, no imparte justicia: fabrica miedo.