El vídeo era demasiado claro: investigan al policía que derribó a una profesora en València 

La investigación judicial por la agresión a una profesora jubilada en València retrata una vieja costumbre del poder: llamar orden público a la violencia contra quienes defienden lo común.

UNA PROFESORA EN EL SUELO Y UN ATESTADO QUE LA CULPA

La imagen era difícil de maquillar. Una profesora jubilada, 68 años, participante en una protesta educativa en València, cae de bruces tras recibir un empujón por la espalda de un antidisturbios. No era una escena confusa, ni una carga entre humo, carreras y caos. Era una mujer de espaldas. Era un agente acercándose desde atrás. Era un golpe. Y era el suelo.

Ahora, la titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, ha abierto una causa para investigar lo ocurrido durante la tarde del 31 de mayo, en plena huelga educativa contra los recortes en la enseñanza valenciana. La investigación parte de la querella presentada por la mujer y por un sindicato. La jueza todavía debe identificar al agente, protegido de entrada por ese número profesional que permite saber que hay uniforme, pero no siempre quién hay debajo.

Según las imágenes difundidas aquellos días, el agente empujó a la manifestante por la espalda. La caída le provocó una herida en la barbilla que requirió dos puntos de sutura. Veinte días después, la mujer seguía sin poder comer con normalidad y arrastraba dolores importantes en la mandíbula. Este es el tipo de “incidente” que el lenguaje institucional intenta rebajar hasta dejarlo sin sangre, sin carne y sin responsabilidad.

Pero lo más obsceno no es solo el golpe. Lo más obsceno es lo que viene después. El atestado policial incorporado a la causa, según la información publicada por elDiario.es, no asume responsabilidad alguna. Al contrario: sostiene que la víctima mantenía una actitud exaltada y que alentaba a las y los manifestantes a invadir la calzada para cortar el tráfico. Es decir, una mujer acaba en el suelo, herida, golpeada por la espalda, y la maquinaria policial activa el reflejo de siempre: convertir a la víctima en sospechosa.

Hay una violencia física y hay otra administrativa. Una empuja. La otra redacta. Una tira a una profesora contra el asfalto. La otra explica que todo fue proporcionado, ajustado a normativa interna y necesario para preservar el orden. Así se construye impunidad: primero se golpea, luego se escribe el relato, después se espera a que pase el ruido.

La Policía Nacional abrió un expediente disciplinario al agente tras la viralización del vídeo y la presión pública. Fue apartado del operativo esa misma tarde. Eso ocurrió después de que las imágenes circularan por medios y redes, no antes. Conviene recordarlo. Muchas veces la institución no reacciona porque haya visto una injusticia, sino porque la injusticia ha sido vista por demasiada gente.

EL ORDEN PÚBLICO CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La protesta formaba parte de una huelga educativa contra los recortes en la enseñanza valenciana. Y aquí está la clave política. No se trataba de una revuelta abstracta, ni de una amenaza a la convivencia, ni de una conspiración de docentes peligrosos. Se trataba de profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores de la educación, defendiendo la escuela pública frente a una política que deteriora lo común para que después alguien venga a decir que lo privado funciona mejor.

Ese es el negocio. Primero se recorta, luego se degrada, después se culpa a quienes protestan. El capitalismo necesita servicios públicos débiles y ciudadanía obediente. Necesita aulas saturadas, profesionales agotados, familias resignadas y una policía preparada para recordar dónde acaba la paciencia del poder. La escena de València no es una anomalía aislada. Es una postal bastante precisa del país que algunos quieren: menos derechos, más porra; menos escuela pública, más disciplina; menos escucha, más atestado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó la imagen de “inaceptable” y prometió investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. También afirmó que proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Bien. Eso es lo mínimo. Pero el problema es que lo mínimo lleva demasiados años pareciendo una heroicidad. Porque si una democracia necesita vídeos virales para recordar que una profesora no debe acabar en el suelo por manifestarse, la democracia tiene una avería seria.

El Defensor del Pueblo también abrió actuación y pidió información a la Policía por lo ocurrido el 31 de mayo, recordando que el uso de la fuerza debe cumplir requisitos y ser proporcional. La palabra “proporcional” es importante. No porque sea elegante, sino porque separa el uso legítimo de la fuerza del abuso con uniforme. Y empujar por la espalda a una mujer de 68 años hasta hacerla caer de bruces no parece precisamente una clase magistral de contención democrática.

Mientras tanto, el atestado sostiene que la actuación fue proporcionada. Claro. Siempre lo es. También suelen ser proporcionadas las identificaciones masivas, las cargas preventivas, los golpes en manifestaciones, los empujones a quienes cortan una calle, las sanciones a quienes protestan y la criminalización de quien molesta. En el diccionario del orden público, “proporcional” significa demasiadas veces “lo hicimos nosotras y nosotros, así que estaba bien”.

La jueza deberá identificar al agente y, previsiblemente, citarlo como investigado. Ese paso importa. Importa porque sin nombres no hay responsabilidades. Importa porque un uniforme no puede ser una zona franca. Importa porque las y los agentes tienen derechos, sí, pero la ciudadanía también. Y entre esos derechos está manifestarse sin recibir un golpe por la espalda.

No estamos hablando solo de una profesora. Estamos hablando de un mensaje. A las docentes y los docentes: callad. A las familias: resignaos. A la comunidad educativa: aceptad el recorte. A cualquiera que salga a la calle: cuidado, que el asfalto está cerca. Esa es la pedagogía más vieja del poder. No enseña matemáticas, ni lengua, ni pensamiento crítico. Enseña miedo.

Y por eso este caso no puede cerrarse con un expediente perdido en un cajón, una frase solemne y una palmadita institucional. Una democracia que tolera que se golpee por la espalda a una profesora mientras defiende la educación pública no está defendiendo el orden: está defendiendo la obediencia.