Las hijas de Zapatero ante el juez: toca justificar la factura 

La Audiencia Nacional investiga si Whathefav SL fue una empresa real

EL NEGOCIO FAMILIAR BAJO LA LUPA

Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, tendrán que sentarse ante el juez José Luis Calama y explicar algo bastante sencillo, aunque judicialmente incómodo: qué hacía exactamente su empresa para justificar más de 800.000 euros en pagos. No hablamos de una sospecha lanzada al aire por tertulianos con espuma en la boca. Hablamos de una imputación acordada por la Audiencia Nacional ante lo que el magistrado considera “indicios racionales” de participación en un entramado presuntamente dedicado al tráfico de influencias.

Las dos figuran como administradoras solidarias de Whathefav SL, una sociedad constituida en septiembre de 2019 y presentada como agencia de marketing. Sobre el papel, nada raro. Jóvenes empresarias, comunicación, posicionamiento en Internet, logística de eventos. El decorado habitual de la modernidad empresarial. El problema empieza cuando la UDEF sostiene que esa empresa podía haber servido para algo bastante menos creativo: dar cobertura formal a movimientos financieros o mercantiles vinculados al entorno del expresidente.

La Policía no lo dice con metáforas. En su informe, citado por elDiario.es, afirma que Whathefav habría generado “facturación ad hoc” y que sus trabajos no aportaban “un valor técnico especial”. Traducido al castellano de barra de bar, pero con toga al fondo: recibían informes de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez, amigo de Zapatero, los ponían bonitos y los mandaban a una lista que, según los investigadores, facilitaba el propio expresidente. Maquetación, empaquetado y distribución. O sea, una actividad que ahora tendrán que defender como trabajo real, medible, necesario y proporcional al dinero cobrado.

Y ahí está el veneno del asunto. Porque una cosa es hacer diseño, comunicación o marketing, trabajos perfectamente legítimos cuando existen, se acreditan y se pagan a precio razonable. Otra muy distinta es que una empresa familiar aparezca en el centro de una investigación por presunto tráfico de influencias, con facturas genéricas bajo conceptos como “servicios agencia”, sin detalle suficiente sobre qué se hizo, cuándo, cómo, para quién y con qué valor añadido.

Calama ha sido claro en el auto conocido el jueves 18 de junio, un día después de la declaración como imputado de Zapatero. En las sociedades presuntamente instrumentales, la responsabilidad de quienes administran no es decorativa. Quien ostenta la representación formal responde de la actuación de la persona jurídica y de las decisiones que permiten su operativa. Dicho sin barniz: no vale firmar como administradora cuando entra el dinero y desaparecer cuando llegan las preguntas.

Zapatero, durante su interrogatorio del miércoles 17 de junio, defendió a sus hijas. Reconoció que las había “apoyado”, subrayó que trabajan bien y recordó que Whathefav nunca contrató con la Administración Pública. Ese dato importa, claro. Pero no borra el resto. No contratar con lo público no convierte automáticamente en limpio cualquier circuito privado de dinero cuando lo que se investiga es si ese circuito sirvió para mover fondos vinculados a influencias, favores y relaciones políticas de alto nivel.

FACTURAS GENÉRICAS, EMPRESAS VACÍAS Y DINERO QUE CIRCULA

La fotografía económica es la parte menos literaria y más brutal. Whathefav SL cobró 239.755 euros de Análisis Relevante, consultora que el juez considera una “pieza instrumental” sin verdadera “lógica empresarial”. Entre ambas sociedades consta un contrato firmado el 1 de junio de 2020 para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en Internet y logística de eventos. Curiosamente, la empresa de las hijas de Zapatero había cerrado su primer ejercicio con pérdidas de algo más de 3.000 euros. Pero en 2020, ya con Análisis Relevante en escena, la facturación saltó hasta 155.791,66 euros y el resultado fue positivo: 31.948,23 euros.

La cosa no se queda ahí. Inteligencia Prospectiva, sociedad vinculada a los hermanos venezolanos Amaro Chacón, abonó a Whathefav 561.440 euros en cuatro años. Según la información publicada, se trata de una consultora con sede en un piso de Madrid y sin actividad empresarial clara. Zapatero negó haber intervenido “absolutamente para nada” en esa relación comercial y explicó que sus hijas conocían a los hermanos porque eran de su edad. Una explicación humana, quizá. Judicialmente, habrá que ver si suficiente.

Luego aparece otro pago: 20.000 euros, fechado el 27 de abril de 2020, procedente del empresario venezolano Danilo Díazgranados, también investigado. La UDEF y la ONIF sostienen que ese ingreso no consta en la información tributaria de Whathefav correspondiente al ejercicio 2020. Y esto ya no es una cuestión de estética empresarial ni de si un informe estaba bonito o feo. Es contabilidad, Hacienda, trazabilidad. Es el lugar donde las historias familiares empiezan a sonar menos tiernas.

La UDEF va incluso más lejos. Sostiene que Alba y Laura Rodríguez Espinosa pilotaban “un centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado. La afirmación es grave. Muy grave. Los investigadores la apoyan en que una parte importante de los fondos de la agencia acababa en cuentas personales de ambas, en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. Laura ingresó 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba recibió 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Aquí conviene no hacer trampas. Una imputación no es una condena. Las y los investigados tienen derecho a defenderse, a no declarar, a responder solo a su abogado y a exigir que las acusaciones se prueben. Pero también conviene no hacerse el tonto. Cuando una empresa joven pasa de pérdidas a facturaciones relevantes gracias a sociedades conectadas al círculo de poder de un expresidente, cuando las facturas son genéricas, cuando los pagos superan los 800.000 euros, cuando parte del dinero termina en cuentas personales y cuando el padre figura como autorizado, la pregunta no es maliciosa. Es obligatoria.

Lo obsceno de estas tramas no es solo el posible delito. Es la pedagogía social que dejan. A la ciudadanía se le exige apretarse el cinturón, justificar una ayuda, guardar tickets, declarar hasta el último céntimo y aceptar que Hacienda le mire debajo de la alfombra por una factura menor. Mientras tanto, en las alturas, el dinero parece moverse con una suavidad insultante entre consultoras sin alma, contratos de marketing, amistades políticas y sociedades familiares. Luego nos hablan de mérito.

Ahora Alba y Laura Rodríguez Espinosa tendrán que convencer al juez Calama de que Whathefav SL no era una herramienta de paso, sino una empresa con actividad real, valor real y precios reales. Tendrán que explicar las facturas, los contratos, los trabajos, los pagos y ese salto económico que convirtió una agencia nacida en 2019 en una pieza relevante de una investigación de la Audiencia Nacional.

Porque el capitalismo de amiguetes siempre tiene la misma música: arriba circula el dinero, abajo circulan las sospechas, y en medio nos piden respeto institucional.