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Dimisiones, huelgas y descalificaciones: la presidenta madrileña elige el ruido antes que asumir el colapso educativo
La crisis llevaba meses gestándose y esta semana explotó. La Asamblea de Madrid fue escenario de un debate bronco que evidenció lo que ya era imposible ocultar: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atraviesa una crisis profunda en materia educativa mientras su presidenta opta por mirar hacia otro lado.
El cese del consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, fue solo el detonante. Después llegaron las dimisiones del portavoz de Educación en la Asamblea, Pablo Posse; la portavoz de Asuntos Sociales, Mónica Lavín; y la portavoz de Juventud, Carlota Pasarón. Cuatro salidas en cuestión de días que dibujan algo más que un simple relevo técnico. Dibujan un Ejecutivo fracturado.
Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, la presidenta eligió otra estrategia: desacreditar a la oposición y poner en duda el relato de la exconcejala del PP de Móstoles que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde de su propio partido. Ayuso llegó a afirmar que se trataba únicamente de un caso de acoso laboral, en contradicción con la denuncia presentada.
No es solo una crisis política. Es una forma de ejercer el poder: negar, desviar y atacar.
LA HUÍDA COMO MÉTODO DE GOBIERNO
En lugar de responder por la situación del sistema educativo madrileño, la presidenta aprovechó otro escándalo policial para intentar establecer comparaciones y diluir responsabilidades. La táctica es conocida: convertir cualquier interpelación en un ataque partidista y cualquier crítica en una conspiración.
Durante el pleno, Ayuso acusó a la izquierda de ser “acróbatas a caballo, quemacajeros, personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltimbanquis”. No es un exabrupto aislado. Es la normalización del insulto como sustituto del argumento.
Mientras tanto, el debate de fondo sigue sin abordarse: la educación pública madrileña está en una situación crítica. Y no lo dicen solo las y los diputados de la oposición. Lo advierten las y los docentes, las y los investigadores y las propias universidades.
El sindicato UGT ha señalado la falta de recursos como uno de los factores que han llevado a la Universidad Complutense de Madrid a aprobar recortes. No hablamos de ajustes menores. Hablamos de infrafinanciación estructural que impide incluso abonar las subidas salariales comprometidas.
La presidenta responde con un cambio de nombres. Pero el problema no es cosmético. Es presupuestario y político.
UNIVERSIDADES EN PIE DE HUELGA Y UN MODELO EN DESCOMPOSICIÓN
Las seis universidades públicas madrileñas han amenazado con retomar la huelga en primavera de 2026. El motivo es claro: financiación insuficiente y un proyecto legislativo, la LESUC, que perciben como una amenaza a la autonomía universitaria.
La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, ha sido recibida con escepticismo. Desde la Complutense, la catedrática Eva Aladro ha advertido que el relevo puede ser “simple cambio de caras”. Las plataformas por la universidad pública reclaman flexibilidad y diálogo, pero no confían en que el rumbo vaya a modificarse.
El problema central es el ahogo económico. Sin recursos suficientes, las universidades no pueden sostener plantillas, investigación ni calidad docente. Y cuando la pública se debilita, el espacio lo ocupan las privadas, muchas de ellas vinculadas a fondos de inversión o a organizaciones religiosas.
No es casualidad. Es un modelo.
La política educativa madrileña lleva años tensionando el sistema público mientras favorece la expansión privada. La crisis actual no es un accidente. Es la consecuencia de una orientación ideológica que entiende la educación como mercado y no como derecho.
En este contexto, la presidenta insiste en que la oposición “se aclare”. Pero las cifras no necesitan aclaración. Dimisiones en cadena, amenaza de huelga en primavera de 2026 y universidades incapaces de pagar subidas salariales no son percepciones. Son hechos.
El capital financiero no necesita aulas dignas ni claustros estables. Necesita nichos de negocio. Y la universidad pública, debilitada, se convierte en oportunidad para quienes ven en la educación un producto y no un servicio público.
Mientras tanto, quienes denuncian acoso son cuestionadas. Quienes protestan por la financiación son caricaturizadas. Y quienes piden explicaciones son insultadas.
La presidenta podría haber elegido la autocrítica. Podría haber abierto una mesa real de negociación con rectores y rectoras, con sindicatos, con plataformas estudiantiles. Podría haber explicado qué partidas presupuestarias piensa reforzar y con qué calendario.
Ha elegido otra cosa.
Ha elegido el ruido como cortina y el desprecio como argumento.
En una Comunidad donde millones de estudiantes y miles de trabajadoras y trabajadores dependen de un sistema público robusto, la frivolidad política no es un estilo. Es una amenaza.
Porque cuando un Gobierno convierte la educación en campo de batalla partidista, lo que está en juego no es su imagen. Es el futuro colectivo.
Y el futuro no se gestiona a base de insultos. Se gestiona con recursos, con respeto institucional y con responsabilidad.
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