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Dimisiones, huelgas y descalificaciones: la presidenta madrileña elige el ruido antes que asumir el colapso educativo
La crisis llevaba meses gestándose y esta semana explotó. La Asamblea de Madrid fue escenario de un debate bronco que evidenció lo que ya era imposible ocultar: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso atraviesa una crisis profunda en materia educativa mientras su presidenta opta por mirar hacia otro lado.
El cese del consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, fue solo el detonante. Después llegaron las dimisiones del portavoz de Educación en la Asamblea, Pablo Posse; la portavoz de Asuntos Sociales, Mónica Lavín; y la portavoz de Juventud, Carlota Pasarón. Cuatro salidas en cuestión de días que dibujan algo más que un simple relevo técnico. Dibujan un Ejecutivo fracturado.
Sin embargo, lejos de asumir responsabilidades, la presidenta eligió otra estrategia: desacreditar a la oposición y poner en duda el relato de la exconcejala del PP de Móstoles que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde de su propio partido. Ayuso llegó a afirmar que se trataba únicamente de un caso de acoso laboral, en contradicción con la denuncia presentada.
No es solo una crisis política. Es una forma de ejercer el poder: negar, desviar y atacar.
LA HUÍDA COMO MÉTODO DE GOBIERNO
En lugar de responder por la situación del sistema educativo madrileño, la presidenta aprovechó otro escándalo policial para intentar establecer comparaciones y diluir responsabilidades. La táctica es conocida: convertir cualquier interpelación en un ataque partidista y cualquier crítica en una conspiración.
Durante el pleno, Ayuso acusó a la izquierda de ser “acróbatas a caballo, quemacajeros, personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltimbanquis”. No es un exabrupto aislado. Es la normalización del insulto como sustituto del argumento.
Mientras tanto, el debate de fondo sigue sin abordarse: la educación pública madrileña está en una situación crítica. Y no lo dicen solo las y los diputados de la oposición. Lo advierten las y los docentes, las y los investigadores y las propias universidades.
El sindicato UGT ha señalado la falta de recursos como uno de los factores que han llevado a la Universidad Complutense de Madrid a aprobar recortes. No hablamos de ajustes menores. Hablamos de infrafinanciación estructural que impide incluso abonar las subidas salariales comprometidas.
La presidenta responde con un cambio de nombres. Pero el problema no es cosmético. Es presupuestario y político.
UNIVERSIDADES EN PIE DE HUELGA Y UN MODELO EN DESCOMPOSICIÓN
Las seis universidades públicas madrileñas han amenazado con retomar la huelga en primavera de 2026. El motivo es claro: financiación insuficiente y un proyecto legislativo, la LESUC, que perciben como una amenaza a la autonomía universitaria.
La nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, ha sido recibida con escepticismo. Desde la Complutense, la catedrática Eva Aladro ha advertido que el relevo puede ser “simple cambio de caras”. Las plataformas por la universidad pública reclaman flexibilidad y diálogo, pero no confían en que el rumbo vaya a modificarse.
El problema central es el ahogo económico. Sin recursos suficientes, las universidades no pueden sostener plantillas, investigación ni calidad docente. Y cuando la pública se debilita, el espacio lo ocupan las privadas, muchas de ellas vinculadas a fondos de inversión o a organizaciones religiosas.
No es casualidad. Es un modelo.
La política educativa madrileña lleva años tensionando el sistema público mientras favorece la expansión privada. La crisis actual no es un accidente. Es la consecuencia de una orientación ideológica que entiende la educación como mercado y no como derecho.
En este contexto, la presidenta insiste en que la oposición “se aclare”. Pero las cifras no necesitan aclaración. Dimisiones en cadena, amenaza de huelga en primavera de 2026 y universidades incapaces de pagar subidas salariales no son percepciones. Son hechos.
El capital financiero no necesita aulas dignas ni claustros estables. Necesita nichos de negocio. Y la universidad pública, debilitada, se convierte en oportunidad para quienes ven en la educación un producto y no un servicio público.
Mientras tanto, quienes denuncian acoso son cuestionadas. Quienes protestan por la financiación son caricaturizadas. Y quienes piden explicaciones son insultadas.
La presidenta podría haber elegido la autocrítica. Podría haber abierto una mesa real de negociación con rectores y rectoras, con sindicatos, con plataformas estudiantiles. Podría haber explicado qué partidas presupuestarias piensa reforzar y con qué calendario.
Ha elegido otra cosa.
Ha elegido el ruido como cortina y el desprecio como argumento.
En una Comunidad donde millones de estudiantes y miles de trabajadoras y trabajadores dependen de un sistema público robusto, la frivolidad política no es un estilo. Es una amenaza.
Porque cuando un Gobierno convierte la educación en campo de batalla partidista, lo que está en juego no es su imagen. Es el futuro colectivo.
Y el futuro no se gestiona a base de insultos. Se gestiona con recursos, con respeto institucional y con responsabilidad.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.