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Siete contratos públicos sin concurso entre 2020 y 2025, una fundación regada con más de seis millones y una facción interna convertida en gobierno paralelo
ElDiario.es ha destapado lo que durante años fue un secreto a voces en los pasillos de la Puerta del Sol: la cercanía política se convierte con demasiada facilidad en cercanía económica cuando el poder no tiene controles incómodos. Según la investigación publicada por ElDiario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó siete contratos públicos a la empresa de su amigo y asesor informal, Antonio Castillo Algarra, por un total de 106.947 euros entre octubre de 2020 y el 17 de julio de 2025.
Castillo Algarra, dramaturgo y dueño de la empresa For the fun of it SL, no era un proveedor más. Era el hombre al que en el ala dura del PP madrileño llamaban “Rasputín”. El inspirador de una facción interna conocida como los “Pocholos”. El consejero en la sombra que aconsejaba sobre educación y cultura mientras su empresa empezaba a facturar a la Comunidad de Madrid justo a partir de 2020, cuando la relación personal con la presidenta ya era conocida.
El patrón se repite. Amistad. Influencia. Contratos. Justificación legal. Normalidad administrativa. Y silencio político.
CONTRATOS A DEDO Y PODER EN LA SOMBRA
De los siete contratos adjudicados, cinco fueron contratos menores, es decir, adjudicaciones directas que no requieren concurso público y que la ley limita a 15.000 euros. Los otros dos fueron procedimientos “negociados sin publicidad”, una fórmula excepcional que permite importes superiores cuando se justifica la singularidad del proveedor. En estos casos, Castillo superó los 31.000 euros en cada contrato.
Todo legal, dicen desde la Consejería de Cultura. Todo ajustado a mercado. Todo habitual en el sector cultural.
Pero lo legal no siempre es lo ético. Lo normalizado no deja de ser clientelismo cuando el asesor informal del poder es quien recibe el dinero público.
Entre las obras contratadas figuran El teatro del mundo, Más acá de los romances, San Juan desde San Juan o el cabaret barroco Oro y plata de Ramón, representado en Alcalá por 7.200 euros y en los Teatros del Canal por 14.500 euros. Mientras tanto, el propio Castillo formaba parte del núcleo político que influyó en la segunda legislatura de Ayuso tras las elecciones de 2023.
Ese año cristalizó la facción interna. Emilio Viciana, cercano a Algarra, fue nombrado consejero de Educación. Entraron altos cargos y diputadas y diputados afines. La brecha interna con el ala dura encabezada por Miguel Ángel Rodríguez se hizo evidente. La rebelión llegó tras el cese de Viciana el pasado lunes. Y con ella, la caída de los llamados “Pocholos”.
Pero el dinero ya estaba adjudicado.
Además de los 106.947 euros en contratos, la empresa recibió subvenciones. 13.000 euros en 2022 de la Comunidad de Madrid a fondo perdido. Más de 24.000 euros del Ayuntamiento entre 2024 y 2025. 8.000 euros del Estado. Y ayudas anteriores, incluidas las vinculadas a la Covid.
FUNDACIONES, MILLONES Y PUERTAS GIRATORIAS CULTURALES
El caso no se limita a contratos teatrales. Castillo Algarra fue patrono y miembro de la Junta Directiva del Ballet Español, entidad creada en febrero de 2024 por el Gobierno de Ayuso e integrada en los Teatros del Canal. En diciembre de 2024, la Comunidad anunció oficialmente su incorporación a la dirección colegiada.
Esa fundación recibió más de seis millones de euros en subvenciones públicas. Solo en su primer ejercicio, 2024, obtuvo 1,3 millones de euros. En 2025, la ayuda ascendió a 2,3 millones, un incremento del 76%. Para 2026, hay presupuestados 2,5 millones.
Más de seis millones en apenas tres años para una estructura donde el asesor informal de la presidenta ocupaba asiento junto al consejero de Cultura, Mariano de Paco, y al propio Emilio Viciana.
Cuando la diputada de Más Madrid Marisa Escalante cuestionó estas relaciones en la Asamblea, el consejero respondió que habría que “ponerle una alfombra roja” a Castillo Algarra.
Ese es el problema. La alfombra roja. El poder convertido en círculo cerrado. La administración pública funcionando como un club privado donde las y los amigos se reparten escenarios, presupuestos y sillones.
Desde Cultura insisten en que los contratos son normales y legales. Que los precios estaban ajustados. Que no hubo irregularidad. Castillo no ha respondido a las preguntas del medio.
Pero la cuestión no es solo jurídica. Es política. Es estructural. Cuando el asesor informal del Gobierno empieza a facturar desde el momento exacto en que su influencia se consolida, la confianza pública se erosiona. Cuando una fundación creada en 2024 recibe más de seis millones en tres años mientras sus responsables comparten vínculos políticos y personales, el discurso de austeridad se convierte en caricatura.
La historia de los “Pocholos” no es una anécdota estética. Es una radiografía del modelo. Facciones internas, contratos menores repetidos, negociados sin publicidad, fundaciones millonarias, subvenciones cruzadas.
Y siempre la misma coartada: es legal.
La pregunta no es si se ajusta a mercado. La pregunta es si el dinero público puede gestionarse como una extensión de la agenda personal del poder. Porque cuando la política se convierte en red de favores, la democracia deja de ser servicio público y empieza a parecerse demasiado a un reparto entre colegas.
Y eso no es cultura. Eso es sistema.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.