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Siete contratos públicos sin concurso entre 2020 y 2025, una fundación regada con más de seis millones y una facción interna convertida en gobierno paralelo
ElDiario.es ha destapado lo que durante años fue un secreto a voces en los pasillos de la Puerta del Sol: la cercanía política se convierte con demasiada facilidad en cercanía económica cuando el poder no tiene controles incómodos. Según la investigación publicada por ElDiario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó siete contratos públicos a la empresa de su amigo y asesor informal, Antonio Castillo Algarra, por un total de 106.947 euros entre octubre de 2020 y el 17 de julio de 2025.
Castillo Algarra, dramaturgo y dueño de la empresa For the fun of it SL, no era un proveedor más. Era el hombre al que en el ala dura del PP madrileño llamaban “Rasputín”. El inspirador de una facción interna conocida como los “Pocholos”. El consejero en la sombra que aconsejaba sobre educación y cultura mientras su empresa empezaba a facturar a la Comunidad de Madrid justo a partir de 2020, cuando la relación personal con la presidenta ya era conocida.
El patrón se repite. Amistad. Influencia. Contratos. Justificación legal. Normalidad administrativa. Y silencio político.
CONTRATOS A DEDO Y PODER EN LA SOMBRA
De los siete contratos adjudicados, cinco fueron contratos menores, es decir, adjudicaciones directas que no requieren concurso público y que la ley limita a 15.000 euros. Los otros dos fueron procedimientos “negociados sin publicidad”, una fórmula excepcional que permite importes superiores cuando se justifica la singularidad del proveedor. En estos casos, Castillo superó los 31.000 euros en cada contrato.
Todo legal, dicen desde la Consejería de Cultura. Todo ajustado a mercado. Todo habitual en el sector cultural.
Pero lo legal no siempre es lo ético. Lo normalizado no deja de ser clientelismo cuando el asesor informal del poder es quien recibe el dinero público.
Entre las obras contratadas figuran El teatro del mundo, Más acá de los romances, San Juan desde San Juan o el cabaret barroco Oro y plata de Ramón, representado en Alcalá por 7.200 euros y en los Teatros del Canal por 14.500 euros. Mientras tanto, el propio Castillo formaba parte del núcleo político que influyó en la segunda legislatura de Ayuso tras las elecciones de 2023.
Ese año cristalizó la facción interna. Emilio Viciana, cercano a Algarra, fue nombrado consejero de Educación. Entraron altos cargos y diputadas y diputados afines. La brecha interna con el ala dura encabezada por Miguel Ángel Rodríguez se hizo evidente. La rebelión llegó tras el cese de Viciana el pasado lunes. Y con ella, la caída de los llamados “Pocholos”.
Pero el dinero ya estaba adjudicado.
Además de los 106.947 euros en contratos, la empresa recibió subvenciones. 13.000 euros en 2022 de la Comunidad de Madrid a fondo perdido. Más de 24.000 euros del Ayuntamiento entre 2024 y 2025. 8.000 euros del Estado. Y ayudas anteriores, incluidas las vinculadas a la Covid.
FUNDACIONES, MILLONES Y PUERTAS GIRATORIAS CULTURALES
El caso no se limita a contratos teatrales. Castillo Algarra fue patrono y miembro de la Junta Directiva del Ballet Español, entidad creada en febrero de 2024 por el Gobierno de Ayuso e integrada en los Teatros del Canal. En diciembre de 2024, la Comunidad anunció oficialmente su incorporación a la dirección colegiada.
Esa fundación recibió más de seis millones de euros en subvenciones públicas. Solo en su primer ejercicio, 2024, obtuvo 1,3 millones de euros. En 2025, la ayuda ascendió a 2,3 millones, un incremento del 76%. Para 2026, hay presupuestados 2,5 millones.
Más de seis millones en apenas tres años para una estructura donde el asesor informal de la presidenta ocupaba asiento junto al consejero de Cultura, Mariano de Paco, y al propio Emilio Viciana.
Cuando la diputada de Más Madrid Marisa Escalante cuestionó estas relaciones en la Asamblea, el consejero respondió que habría que “ponerle una alfombra roja” a Castillo Algarra.
Ese es el problema. La alfombra roja. El poder convertido en círculo cerrado. La administración pública funcionando como un club privado donde las y los amigos se reparten escenarios, presupuestos y sillones.
Desde Cultura insisten en que los contratos son normales y legales. Que los precios estaban ajustados. Que no hubo irregularidad. Castillo no ha respondido a las preguntas del medio.
Pero la cuestión no es solo jurídica. Es política. Es estructural. Cuando el asesor informal del Gobierno empieza a facturar desde el momento exacto en que su influencia se consolida, la confianza pública se erosiona. Cuando una fundación creada en 2024 recibe más de seis millones en tres años mientras sus responsables comparten vínculos políticos y personales, el discurso de austeridad se convierte en caricatura.
La historia de los “Pocholos” no es una anécdota estética. Es una radiografía del modelo. Facciones internas, contratos menores repetidos, negociados sin publicidad, fundaciones millonarias, subvenciones cruzadas.
Y siempre la misma coartada: es legal.
La pregunta no es si se ajusta a mercado. La pregunta es si el dinero público puede gestionarse como una extensión de la agenda personal del poder. Porque cuando la política se convierte en red de favores, la democracia deja de ser servicio público y empieza a parecerse demasiado a un reparto entre colegas.
Y eso no es cultura. Eso es sistema.
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