El escrutinio oficial: la última esperanza para la democracia en Colombia 

El preconteo da ventaja a Abelardo de la Espriella, pero el escrutinio oficial todavía tiene que revisar una elección atravesada por irregularidades, una diferencia mínima y demasiada prisa por cerrar el asunto.

UN RESULTADO ESTRECHO NO ES UN CHEQUE EN BLANCO

Algo huele mal en Colombia. Y no porque la izquierda tenga que gritar fraude cada vez que pierde, ni porque una derrota apretada deba convertirse automáticamente en conspiración. No va de eso. Va de algo bastante más serio: una segunda vuelta presidencial decidida, según el preconteo, por una diferencia mínima, con 99,9% de las mesas informadas, 12,9 millones de votos para Abelardo de la Espriella, 12,7 millones para Iván Cepeda, 49,65% frente a 48,70%, y una impugnación anunciada sobre 33.000 mesas. Treinta y tres mil. No es una anécdota administrativa. No es un berrinche postelectoral. Es una cifra política.

Cepeda ha reconocido el resultado preliminar. Conviene subrayarlo, porque la derecha mediática ya habrá empezado con su máquina habitual: “no aceptan perder”, “quieren incendiar el país”, “son enemigos de la democracia”. Mentira vieja con traje nuevo. Reconocer un preconteo no significa renunciar al escrutinio legal. Y en Colombia, como en cualquier democracia que todavía pretenda llamarse así sin sonrojarse, el resultado preliminar no tiene el mismo valor que el escrutinio oficial. El preconteo informa. El escrutinio decide.

La diferencia, según el propio Cepeda, sería la más estrecha registrada en una segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Esa frase debería bastar para frenar la euforia de los poderosos, la ansiedad de los mercados y el griterío de quienes ya quieren coronar al ultraderechista De la Espriella como si la ley fuera una molestia menor. Pero no. En estos tiempos, cuando gana la ultraderecha, todo debe cerrarse deprisa. Muy deprisa. Primero se celebra, luego se bendice, después se exige silencio. La democracia reducida a trámite. La duda convertida en delito moral.

Gustavo Petro ha denunciado “muchas irregularidades” y ha pedido impugnar de inmediato las mesas sin firma de jurados. No es un detalle pequeño. Las firmas importan. Las actas importan. Los procedimientos importan. La democracia no es una pantalla de televisión con porcentajes bonitos y grafismos de colores. Es papel, firma, cadena de custodia, revisión, reclamación y jueces. Es aburrida, sí. Pero justamente por eso protege. O debería proteger. Cuando la ventaja es de apenas unas décimas, cada mesa cuenta y cada irregularidad pesa.

La autoridad electoral, con el registrador Hernán Penagos al frente, ha pedido tranquilidad. Bien. La tranquilidad es necesaria. Pero tranquilidad no significa obediencia ciega. No significa apagar las preguntas. Penagos recuerda que el conteo fue realizado por cerca de 860.000 jurados de votación, con testigos de ambas campañas y una plataforma del Consejo Nacional Electoral para remitir fotografías de actas y contrastar resultados. Perfecto. Entonces que se contraste. Mesa por mesa. Acta por acta. Sin atajos. Sin amenazas. Sin titulares de cierre antes de tiempo.

Porque aquí hay una cuestión de fondo. Si todo está limpio, el escrutinio lo confirmará. Si no lo está, el país tiene derecho a saberlo. Lo que no puede pedirse a millones de personas que votaron por Cepeda es que acepten una derrota estrechísima mientras se les niega el derecho a revisar 33.000 mesas. Eso no es moderación democrática. Eso es sumisión administrada.

LA ULTRADERECHA SIEMPRE TIENE PRISA POR PROCLAMARSE VÍCTIMA

De la Espriella representa algo más que una candidatura. Representa esa vieja derecha de orden, castigo y privilegio que ahora se disfraza de rebeldía. La ultraderecha ha aprendido a hablar como si estuviera fuera del poder mientras es el poder de siempre con una chaqueta más chillona. Dice combatir a las élites mientras las tranquiliza. Dice defender al pueblo mientras ofrece mano dura contra el pueblo. Dice salvar la patria mientras abre la puerta a la revancha social.

Y por eso este resultado importa tanto. No solo por Colombia. También por América Latina. También por quienes miran desde fuera esperando convertir cada elección en un laboratorio de restauración reaccionaria. Lo vimos con Milei, el liberticida argentino que vendió motosierra como esperanza y entregó ajuste como castigo. Lo vemos con Trump, con Bolsonaro, con Abascal y con toda esa internacional del grito que llama libertad a la ley del más fuerte. La ultraderecha no llega para resolver los problemas estructurales: llega para administrarlos a favor de los de arriba.

Cepeda, al menos en su primera intervención, hizo lo que debía hacer alguien con sentido institucional: habló de diálogo, de concertación y de un acuerdo nacional para resolver los grandes problemas históricos de Colombia. No llamó a la ruptura. No incendió la calle. No desconoció el proceso. Dijo algo más incómodo para sus adversarios: vamos a revisar lo que la ley permite revisar. Eso debería ser normal. Pero en una región donde la derecha convierte cualquier control democrático en golpe imaginario cuando le conviene, hasta pedir escrutinio parece una insolencia.

Hay que decirlo claro: Colombia no se juega solo una presidencia. Se juega el sentido de su democracia después del Gobierno de Gustavo Petro, con sus avances, sus límites, sus promesas incumplidas y su intento fallido de “paz total”. Se juega si el país responde a sus heridas con más derechos o con más castigo. Con memoria o con venganza. Con justicia social o con mercado armado. Y sí, también se juega si las clases populares vuelven a ser empujadas al rincón de siempre mientras los grandes apellidos celebran otra restauración.

El escrutinio oficial será realizado por unas 2.992 comisiones escrutadoras, integradas por cerca de 9.000 jueces y notarios. Primero vendrá la revisión municipal, luego los escrutinios departamentales a cargo de delegados del CNE y finalmente el escrutinio nacional, donde los magistrados consolidarán los resultados y harán la declaratoria oficial del presidente electo. Ese es el camino. No el plató. No el tuit. No la portada ansiosa. El camino legal.

Y aquí conviene no caer en ingenuidades. La ultraderecha sabe usar la democracia contra la democracia. Sabe presentarse como víctima cuando gana por poco, como perseguida cuando se le pide transparencia y como salvadora cuando en realidad trae recortes, represión y disciplina para quienes viven de trabajar. Por eso hay que mirar Colombia con los ojos abiertos. Sin inventar fraude. Sin regalar legitimidad automática. Sin callar porque los mercados prefieran dormir tranquilos.

Un país no puede ser entregado a la ultraderecha por unas décimas sin revisar hasta la última acta discutida. Si De la Espriella ganó limpiamente, que lo certifique el escrutinio. Si hubo irregularidades, que se corrijan. Lo obsceno sería otra cosa: pedirle a media Colombia que se calle mientras quienes llevan siglos mandando vuelven a brindar antes de que termine el recuento.

La democracia no se defiende aplaudiendo al ganador provisional, sino impidiendo que nadie convierta una ventaja mínima en un certificado de impunidad.