42.000 millones: el rescate más caro de la historia de Argentina 

El FMI, el Banco Mundial y el BID salvan al gobierno argentino, pero condenan a su pueblo a una recesión feroz y a entregar sus recursos naturales

La cifra es tan inmoral como estratégica: 42.000 millones de dólares para sostener a un gobierno en caída libre, incapaz de controlar la inflación, destruir la pobreza o garantizar derechos básicos. Este salvavidas financiero, pactado entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, no es otra cosa que una nueva hipoteca sobre el futuro de las y los argentinos. Se suma, además, a una deuda impagable que ya asfixia a la economía desde los tiempos de Mauricio Macri.

El objetivo no es salvar al país, sino blindar a Javier Milei de cara a las elecciones. Blindarlo del rechazo social que crece frente al ajuste brutal, al colapso del consumo y a la destrucción del tejido social. Mientras el dólar oficial se mantenía artificialmente bajo en torno a los 1100 pesos, el consumo popular se desplomaba a niveles similares al estallido de 2001, una referencia nada casual.

Ahora, con una devaluación esperada del 20% —que será efectiva este lunes— los precios de los alimentos y bienes básicos subirán aún más, disparando una inflación que ya en marzo alcanzó el 3,7%, y que será insoportable para millones de familias. Todo para satisfacer las exigencias del FMI, que se reserva para sí no solo la auditoría de las cuentas públicas, sino también la hoja de ruta política del país.

En su comunicado oficial, el Fondo promete entregar 20.000 millones de dólares. De ellos, 12.000 serán inmediatos, y otros 2000 llegarán en junio. Pero ese dinero no es para hospitales, ni escuelas, ni salarios. Es para los mercados, para pagar deuda vieja, para sostener reservas artificialmente, y para seguir aplicando el recetario que el FMI impone allí donde huele a sangre: austeridad salvaje, reformas laborales, precarización y venta del patrimonio común.

El mensaje es claro. Según la directora del FMI, Kristalina Georgieva, la prioridad es “una sólida ancla fiscal” —eufemismo para definir recortes draconianos—, un “marco de política monetaria robusto” —léase: más exclusión del dólar para las clases populares—, y “reformas de mercado” —como quien dice: despidos, jubilaciones de miseria y el fin de la obra pública. El mismo veneno que aplicaron en Grecia o en Sri Lanka, con los mismos efectos.

UNA ECONOMÍA SECUESTRADA Y UN PUEBLO COMO BOTÍN

El plan de Milei y Caputo es una reedición peligrosa del corralito de 2001. Se propone “secar la plaza de pesos”, es decir, reducir la cantidad de dinero en circulación para evitar la compra masiva de dólares. Pero eso solo ahonda la recesión, paraliza el comercio, y hunde en la desesperación a quienes viven al día. El propio Gobierno admitía hace semanas que ya no había pesos suficientes para sostener una corrida cambiaria, pero las reservas cayeron 5000 millones de dólares entre febrero y abril, desenmascarando la mentira.

Ni una sola medida de este plan económico está pensada para las personas de a pie. Todo está orientado a satisfacer a las grandes corporaciones, al capital especulativo y a los fondos de inversión. El Banco Mundial aportará 12.000 millones de dólares. El BID, otros 10.000. Este último elevará la deuda de Argentina con ese organismo en un 80%. Son cifras insostenibles, y lo saben. Pero la pregunta clave es: ¿cómo se piensa pagar?

La respuesta está en el comunicado del propio FMI. Allí se señala, sin ambages, el interés explícito por la energía y la minería, lo que implica una política agresiva de saqueo sobre los recursos naturales. El litio, el gas, el petróleo, el agua: todo será puesto en manos privadas, extranjeras, sin control ambiental ni beneficio social. No es solo deuda financiera, es deuda ecológica, es deuda colonial.

Mientras tanto, las universidades públicas agonizan, las y los jubilados pierden poder adquisitivo cada mes, y la obra pública se paraliza, generando desempleo y desesperanza. Esta vez ni siquiera se disimula: el rescate está diseñado para sostener a un gobierno autoritario y ultraliberal, con el beneplácito de Estados Unidos y la bendición de los mercados.

De hecho, el lunes se espera la llegada a Buenos Aires del ministro de Economía estadounidense, Scott Bessent, para oficializar un acuerdo bilateral y mostrar el respaldo explícito del Gobierno de Donald Trump al proyecto de Milei. No es cooperación, es intervención. No es solidaridad, es ocupación financiera.

Esta crisis no la creó el pueblo argentino, pero la va a pagar con sudor, con hambre y con tierra arrasada.