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La investigación disciplinaria apunta a una posible filtración desde el propio juzgado al medio dirigido por Eduardo Inda antes de que las partes tuvieran acceso a la providencia judicial.
El nombre del juez Juan Carlos Peinado vuelve a situarse en el centro de la polémica judicial. Según cuenta El Plural, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una posible filtración de información del procedimiento al digital OkDiario, dirigido por Eduardo Inda. La sospecha no es menor: se trata de datos judiciales que habrían sido publicados antes de que las partes implicadas pudieran conocer oficialmente el contenido de la resolución.
La investigación disciplinaria se activó tras las quejas de una de las personas investigadas en la causa, la asesora Cristina Álvarez, cuya defensa presentó un escrito ante la Autoridad Disciplinaria acompañado de capturas de pantalla del artículo publicado por el medio digital. Según ese escrito, la publicación contenía detalles de una providencia judicial que todavía no había sido notificada a las partes a través de LexNET, la plataforma oficial de comunicación entre juzgados y profesionales del derecho.
La providencia en cuestión fue emitida el 13 de enero, pero el contenido apareció publicado en OkDiario a las 5:46 horas de esa misma mañana, aproximadamente 15 horas antes de que los abogados de las personas investigadas pudieran acceder a la resolución por los canales oficiales. Este desfase temporal es el elemento central de la denuncia y el que ha llevado al órgano disciplinario a iniciar diligencias.
FILTRACIONES ANTES DE LA NOTIFICACIÓN OFICIAL
Según la documentación aportada por la defensa, el artículo de OkDiario incluía información precisa sobre el contenido y el sentido de la providencia judicial, algo que, en teoría, era imposible para cualquier persona ajena al juzgado. El abogado José María de Pablo, representante de Cristina Álvarez, lo expresó de forma contundente en su escrito: “Es metafísicamente imposible que la filtración haya sido cometida por alguien ajeno al juzgado”, ya que la resolución todavía no había sido remitida a las partes.
El episodio presenta además detalles que refuerzan las sospechas de una filtración prematura. El medio digital aseguró inicialmente que la providencia tenía fecha del 12 de enero, pero ese día no se emitió ninguna resolución relacionada con el caso. Horas después, el 13 de enero, apareció la providencia que coincidía exactamente con el contenido adelantado por la web.
La propia evolución del artículo publicado también ha sido señalada como indicio. En su versión inicial, el texto afirmaba que “el juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita”, utilizando el tiempo presente y dando por ejecutada la decisión. Posteriormente, la redacción cambió a “el juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”, pasando al futuro y eliminando referencias directas a la providencia. También desaparecieron menciones explícitas al documento judicial.
Para la defensa, estos cambios evidencian un intento de corregir la información tras detectar que la filtración revelaba un acceso anticipado a la providencia. En palabras del abogado, se trataría de modificaciones destinadas a “ocultar la autoría de la filtración”.
UN JUEZ BAJO SOSPECHA EN UNA CAUSA POLÉMICA
La investigación del CGPJ se suma a una larga cadena de controversias alrededor del magistrado. El juez Peinado ya había sido objeto de críticas y reproches judiciales por el desarrollo de la causa contra Begoña Gómez, un procedimiento que ha sido corregido en varias ocasiones por instancias superiores por exceder los límites procesales o incurrir en actuaciones discutibles.
Además, el órgano disciplinario había abierto previamente diligencias por otros episodios relacionados con su actuación judicial. Uno de ellos se refiere al interrogatorio realizado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una decisión que también generó controversia jurídica y política.
Otra investigación se centra en el retraso en la firma de una prórroga de instrucción en un caso de presunta malversación, procedimiento que afectaba a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Ahora, la presunta filtración a OkDiario añade un elemento especialmente delicado: la posible revelación de información judicial reservada a un medio concreto. Según el artículo 417.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la revelación por parte de un juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, cuando perjudique a la tramitación de un proceso o a alguna de las personas implicadas, constituye una falta muy grave.
Si el CGPJ concluye que la filtración partió del juzgado y puede atribuirse al magistrado, las sanciones contempladas por la ley incluyen la suspensión de empleo y sueldo, el traslado forzoso o incluso la separación del servicio.
Por ahora, el procedimiento disciplinario se encuentra en una fase inicial. El CGPJ deberá valorar las pruebas presentadas y decidir si abre un expediente formal contra el juez. Pero el caso ya vuelve a plantear una pregunta incómoda para el sistema judicial: qué ocurre cuando una investigación judicial parece avanzar al ritmo de las filtraciones mediáticas y no al de las garantías procesales.
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