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Cuando las grandes tecnológicas dejan de pedir permiso y empiezan a dar órdenes.
Por Javier F. Ferrero
La reciente aparición de Mark Zuckerberg en el podcast de Joe Rogan es mucho más que una simple entrevista: es una maniobra calculada que revela cómo las élites tecnológicas están dispuestas a intervenir en la política para preservar su hegemonía. No hay matices ni ambigüedades en la estrategia de Meta: condicionar la política exterior de Estados Unidos para salvaguardar sus privilegios económicos frente a la Unión Europea. Lo que antes se insinuaba tras bambalinas ahora se expresa abiertamente, con un discurso en el que las sanciones antimonopolio europeas se presentan como una agresión y no como lo que son: un intento de regular un mercado desequilibrado.
Mark Zuckerberg, uno de los hombres más poderosos del planeta, ha decidido alinearse con Donald Trump no por afinidad ideológica, sino por conveniencia estratégica. En su relato, Trump representa la fuerza que “hará ganar a Estados Unidos”, pero lo que realmente importa es quién gana con ese triunfo. Y aquí no hay espacio para equívocos: Meta quiere un Gobierno estadounidense que opere como un escudo frente a las normativas europeas. Los guiños al nacionalismo económico son solo el envoltorio de una demanda clara: impunidad.
Lo preocupante no es solo el gesto, sino la normalización del chantaje político por parte de las grandes tecnológicas. Cuando una corporación pide públicamente al presidente de una nación que intervenga en su favor contra otro bloque geopolítico, lo que está en juego ya no es la simple competencia económica, sino la autonomía de las políticas regulatorias frente al poder corporativo.
LA RETÓRICA DEL NACIONALISMO ECONÓMICO Y EL DESAFÍO A EUROPA
Las sanciones impuestas por la Unión Europea a Meta no son decisiones arbitrarias. Desde hace años, la Comisión Europea ha buscado limitar los excesos de las grandes plataformas que, mediante prácticas abusivas, han monopolizado el mercado digital. Estas multas, que suman más de 30.000 millones de dólares en una década, reflejan un intento de proteger tanto a los consumidores como a los competidores más pequeños frente a la lógica extractiva de los gigantes tecnológicos.
Sin embargo, Zuckerberg se niega a aceptar esa lógica y redefine las reglas del juego: la regulación es presentada como un castigo, casi como un ataque a la soberanía económica de Estados Unidos. En ese marco, el CEO de Meta acusa a las normativas europeas de ser poco más que “aranceles encubiertos”. Este discurso, aunque simplista, es efectivo porque apela a una narrativa profundamente arraigada en ciertos sectores políticos: la idea de que cualquier restricción al capital estadounidense es, por extensión, un ataque a la nación.
El problema es que este relato oculta una verdad mucho más incómoda: el verdadero conflicto no es entre la UE y Estados Unidos, sino entre los principios de la democracia regulatoria y los intereses del capitalismo monopolístico. Europa no está imponiendo restricciones al azar; está intentando preservar un espacio de autonomía democrática frente a actores que han demostrado ser inmunes a las leyes convencionales. En cambio, Zuckerberg apuesta por instrumentalizar el poder político de la primera potencia mundial para mantenerse al margen de cualquier tipo de control.
EL NUEVO MAPA DEL PODER: POLÍTICA AL SERVICIO DEL CAPITAL
No es la primera vez que una gran corporación intenta influir en la política exterior de su país, pero el caso de las tecnológicas es distinto. A diferencia de los lobbies tradicionales, su poder no radica solo en los recursos económicos, sino en la capacidad de intervenir en la propia percepción de la realidad. El control sobre la información, los datos y los flujos comunicativos otorga a empresas como Meta un peso político desproporcionado. Cuando Zuckerberg se presenta como el defensor de los intereses estadounidenses, omite que esos intereses están diseñados en función de los algoritmos que su propia empresa controla.
La relación simbiótica entre Trump y las grandes tecnológicas no es casual. Durante su mandato anterior, Trump ya mostró una disposición notable a proteger a los gigantes de Silicon Valley siempre que estos no cuestionaran su narrativa. El giro de Zuckerberg hacia el nuevo presidente no es solo una apuesta estratégica, sino una declaración de prioridades: cualquier proyecto político que respalde la expansión de su negocio será bienvenido.
Este movimiento también plantea un desafío para el resto de Occidente. La pregunta ya no es si los Estados pueden regular a las grandes tecnológicas, sino si podrán hacerlo antes de que estas acaben regulando la política internacional. La Unión Europea ha intentado mantener un marco de competencia justo, pero se enfrenta a un modelo de poder que no solo opera en el ámbito económico, sino que ha colonizado las lógicas de la propia democracia.
Zuckerberg no está pidiendo apoyo, está marcando territorio. La entrevista en un programa que acumula millones de visualizaciones es un acto de reafirmación de poder: Meta no está dispuesta a ser un actor secundario en las relaciones internacionales. Y cuando los gigantes tecnológicos ya no aceptan reglas externas, el futuro no se juega solo en los tribunales, sino en los despachos donde se decide el rumbo político de las grandes potencias.
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