Las potencias que arman a Israel, con Estados Unidos y la Unión Europea al frente, son tan responsables como quienes lanzan las bombas.
El sábado 13 de abril de 2025, a las 22:40 hora local, el ejército israelí bombardeó el hospital Al Ahli —también conocido como Hospital Bautista— en la ciudad de Gaza. Según la Oficina de Información de Gaza, el ataque causó graves daños en las instalaciones médicas, obligando a evacuar a las personas heridas que todavía podían ser trasladadas. No todas lo lograron. Varias quedaron sepultadas entre escombros.
El hospital, uno de los últimos centros de salud parcialmente operativos en el norte de la Franja, ha quedado fuera de servicio. Así lo ha confirmado Al Jazeera tras verificar un vídeo donde equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre ruinas.
Este ataque no es un caso aislado. Es parte de un patrón sistemático de destrucción de infraestructura sanitaria. La misma Oficina de Información de Gaza ha publicado una lista de 35 hospitales atacados por Israel desde el inicio de la guerra. La mayoría están ahora inutilizados. El sistema de salud gazatí, asfixiado por el bloqueo y los ataques, apenas resiste con generadores, vendajes de tela reciclada y anestesia improvisada.
El Ejército israelí, al cierre de este artículo, no ha ofrecido ninguna explicación. No la necesita. La impunidad ya viene firmada desde Washington, Berlín, Londres y París.
LA COMPLICIDAD DE LOS QUE SE DICEN DEMÓCRATAS
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia no solo guardan silencio. Financia, legitiman y encubren. Desde el 7 de octubre de 2023, el apoyo militar y diplomático al Gobierno de Netanyahu ha sido incondicional.
El gobierno de Joe Biden ha autorizado más de 14.000 millones de dólares en asistencia militar a Israel, incluidos envíos de bombas de racimo y proyectiles de gran potencia. Alemania sigue enviando armamento mientras prohíbe manifestaciones en apoyo al pueblo palestino. En febrero, prohibieron hasta ondear la bandera palestina en escuelas y actos públicos. El Reino Unido y Francia, además de sus negocios armamentísticos, han vetado investigaciones internacionales sobre crímenes de guerra cometidos en Gaza.
La Europa que se golpea el pecho con los derechos humanos colabora activamente en la demolición de hospitales, escuelas y viviendas. Y lo hace sin siquiera disimular. El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo rechazó por mayoría una resolución que pedía suspender los acuerdos de asociación con Israel por violaciones del derecho internacional. 379 eurodiputadas y eurodiputados votaron en contra. Aquí está el registro completo.
Desde entonces, las bombas han seguido cayendo. En las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 21 cadáveres y 64 heridos han llegado a lo que queda de los hospitales, mientras decenas de cuerpos siguen bajo los escombros, inaccesibles por la destrucción de las carreteras y la falta de ambulancias. El comunicado oficial puede consultarse aquí.
Se trata de una política de castigo colectivo, prohibida por el derecho internacional, amparada por una narrativa que deshumaniza y niega el estatuto de víctimas a quienes resisten bajo la ocupación.
Naciones Unidas ha denunciado reiteradamente los ataques a instalaciones médicas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió en marzo que el colapso sanitario es inminente y que el acceso humanitario es sistemáticamente bloqueado por Israel. Este es el último informe disponible.
Pese a todo, no ha habido sanciones. No ha habido embargos. No ha habido ruptura de relaciones diplomáticas. Lo que sí ha habido son contratos millonarios de armas, cooperación tecnológica y campañas de criminalización contra quienes denuncian el genocidio.
No se puede hablar de neutralidad cuando se financia a un ejército que bombardea hospitales. Tampoco se puede invocar el derecho a defenderse mientras se deja sin quirófano a miles de civiles heridos.
La comunidad internacional no solo ha fallado. Ha elegido deliberadamente mirar hacia otro lado mientras se bombardea a quienes ya estaban muriendo en camillas sin oxígeno. Y eso no es diplomacia. Es complicidad con el crimen.
La historia no absolverá a quienes callaron cuando se bombardeaban incubadoras.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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