España vendió material antidisturbios para reprimir protestas en Chile o Túnez, acusados de violaciones a los derechos humanos 

El Gobierno intenta justificar la exportación de material militar a distintos países cuestionados por las actuaciones de sus cuerpos de seguridad

El mal uso de material antidisturbios, sobre todo del gas lacrimógeno, se ha intensificado en todo el mundo. Amnistía Internacional ha investigado este fenómeno y se ha puesto al descubierto una alarmante tendencia mundial a su uso generalizado e ilegítimo del mismo.

El pasado 18 de enero, agentes de la Policía de Túnez le lanzaron un bote de gas lacrimógeno a corta distancia a Haykal Rachdi que murió siete días después a causa de las heridas. Aymen Mahmoudi, tuvo más suerte y hoy se recupera de las graves heridas provocadas en la cara por otro bote lacrimógeno, tal y como recoge Público.

La venta de ese material, en el caso de Túnez, han puesto su mirada en España. Según reveló una respuesta escrita del Gobierno enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, este país autorizó vender a Túnez material antidisturbios compuesto por cartuchos lacrimógenos en 2019. Y, aunque no se especificaba cuántos se enviaron ni qué empresa los vendió, sí se confirmaba el importe de la operación que ascendía a 85.176 euros.

El Gobierno y su secretismo sobre la venta de material antidisturbios 

Iñarritu recordaba en su pregunta que en 2018, fabricantes españoles habían conseguido que el Ejecutivo de este país les permitiese exportar a Túnez «artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros» e intentó que el Ejecutivo explicase «cómo valoró el riesgo de que pudiera contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese país», pero el Gobierno no ha dado ningún tipo de explicación amparándose en su política de secretismo sobre la venta de armas.

El diputado de EH Bildu ha asegurado a Público que «no deberían exportarse armas a ningún Estado donde puedan ser utilizadas para conculcar los derechos humanos» y considera que existe una «doble vara de medir» por parte del Estado español en donde en este asunto priman los intereses económicos.

En 2019, de Hong Kong a Chile, pasando por el Líbano, Irak, Colombia, Haití o Francia, las protestas sacudían al mundo con un denominador común: el descontento social. En Hong Kong las protestas buscaban una mejora de los mecanismos democráticos y una oposición al autoritarismo de Beijing.

En Chile las protestas se centraban en una sociedad muy desigual donde el sistema educativo no permitía el «ascensor social». En Ecuador, las protestas surgieron cuando se eliminaron los subsidios al combustible. En Beirut, el detonante fue el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de 0,20 dólares por las llamadas por redes sociales.

En Colombia las protestas surgieron por cortes estudiantiles y demandas del transporte y en Irak los ciudadanos salieron a las calles para exigir mejores servicios públicos, trabajo y el fin de la corrupción.

Las protestas contagiaron a distintos continentes y la respuesta fue, en todos los casos, de carácter esencialmente represivo: muertos en Colombia, ojos arrancados por balas de goma en Chile o vidas perdidas Túnez.

El Gobierno señala además, en la respuesta remitida a Iñarritu, que las seis licencias de exportación a Perú, concedidas en 2018 y 2019 englobaban concretamente «despieces para la fabricación de artificios lacrimógenos, cartuchos propulsores y postas de goma». Sobre la venta de material represivo a ese país tampoco se ha pronunciado.

El diputado de EH Bildu denunciaba que el Código Penal de Perú exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía de rendir cuentas «en caso de causar lesiones o muerte». Durante las protestas registradas en Perú en noviembre la policía hizo un uso innecesario de la fuerza, disparó perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno de manera indiscriminada y a corta distancia, lo que provocó dos muertos y cientos de heridos.

Colombia es otro de los países que también compró material militar a España. En 2019 hubo negocios por 8,8 millones de euros en «munición de artillería y de armas ligeras y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española», mientras que el año anterior se registraron ventas por 11,0 millones de euros en «repuestos para mantenimiento de obuses de artillería, munición de artillería, repuestos para vehículos blindados de fabricación estadounidense y española, y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española», tal y como recoge Público.

Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas y material de seguridad, ha señalado que España podría suspender la entrega del material y condicionarlo a que los policías reciban formación sobre el uso de la fuerza y se adopten medidas para acabar con la impunidad, procesando a los responsables de torturas, malos tratos y homicidios ilegítimos o efectuando reformas legislativas.

El pasado mes de noviembre AI pidió al Gobierno español que no concediera nuevas autorizaciones de exportación de material antidisturbios, suspendiera los envíos de las autorizaciones concedidas y revocase la autorización de las licencias no ejecutadas.

Además, el informe enviado por el Ejecutivo revela que se exportaron esposas destinadas a los Carabineros de Chile, severamente cuestionados por la represión desatada contra las protestas surgidas en octubre de 2019 cuando hubo un elevado número de violaciones de derechos humanos como el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias.

El Gobierno español defendió que la autorización de la venta de grilletes a los Carabineros se produjo «antes del comienzo de los disturbios locales».

Iñarritu también había preguntado sobre la concesión de licencias de exportación, en el caso de los sensores y cámaras térmicas vendidas a la Policía y al «sector de la investigación» de la República Popular China. También se refirió a las armas pequeñas y municiones exportadas a Filipinas en 2019 por más de 8 millones de euros.

En el caso de China, el Ejecutivo asegura que «fueron evaluados los productos por los expertos del Ministerio del Interior de España y, debido a las características de los mismos, no se detectó que pudieran darse desvíos a usos no deseados».

Respecto a las exportaciones de armamento a Filipinas, donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, el Gobierno ha señalado que «cada operación a este destino es analizada detenidamente» y que se tienen en cuenta el «respeto a los Derechos Humanos», la «situación interna» del país y el «riesgo de desvío» del material exportado, «además de exigir unas estrictas garantías de uso final».

El portavoz de AI ha reclamado que el Gobierno «prepare ya una nueva ley sobre esta cuestión que recoja las normas internacionales y se adopte un criterio de precaución en la autorización de venta de este material a países en los que, como Irak, Chile, Bolivia o Líbano, se han producido manifestaciones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en 2019 y 2020.