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«Las casas son para que vivan los canadienses y los extranjeros, no deben utilizarlas como una clase de activo financiero»
El ejecutivo canadiense ha optado por extender el bloqueo a la compra de propiedades por parte de inversores foráneos hasta el amanecer del 2027. Esta medida, que emerge en un intento por contener la escalada sin precedentes de los costos de la vivienda, refleja una lucha encarnizada contra las fuerzas del mercado que parecen decididas a poner el derecho básico a un techo fuera del alcance de la ciudadanía.
Desde el año 2022, bajo la batuta del primer ministro Justin Trudeau, el gobierno tomó cartas en el asunto al instaurar la Ley que proscribe la adquisición de bienes inmuebles residenciales por parte de no canadienses, sellando las fronteras del mercado inmobiliario a los capitales extranjeros con una clara premisa: asegurar el acceso a la vivienda para las y los canadienses.
«Las casas son para que vivan los canadienses y los extranjeros, no deben utilizarlas como una clase de activo financiero», proclamaba con firmeza la vice primera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, a través de X, marcando el tono de un gobierno que se posiciona del lado de la población.
UNA MEDIDA IMPERATIVA, PERO ¿SUFICIENTE?
La prohibición, más allá de ser una simple extensión temporal, simboliza un fuerte golpe contra la especulación inmobiliaria, un fenómeno que ha transformado el sueño de poseer un hogar en una quimera para muchos. El dinero extranjero, que durante años ha fluido libremente hacia el mercado residencial canadiense, ha sido señalado como uno de los principales impulsores de una crisis de asequibilidad que asola las ciudades y pueblos de la nación.
Sin embargo, esta medida no está exenta de críticas. Aunque representa un esfuerzo por contener el voraz apetito especulativo, algunos sectores argumentan que no aborda las causas fundamentales de la crisis: la escasez de oferta y la necesidad de políticas habitacionales más audaces que vayan más allá de simplemente cerrar la puerta a los capitales foráneos.
El decreto gubernamental trae consigo, además, un régimen de sanciones severas para quienes osen contravenirlo, con multas que pueden ascender hasta los 10.000 dólares canadienses. Sin embargo, se abre una ventana de excepción para aquellos extranjeros con permisos de trabajo, solicitantes de asilo y estudiantes internacionales, quienes, bajo ciertas condiciones, podrán adquirir un hogar en Canadá.
A pesar de que el precio promedio de la vivienda ha visto un leve retroceso, la tendencia anual al alza subraya una verdad incómoda: la vivienda, más que un derecho, se ha convertido en un bien de lujo. La extensión de esta prohibición es un recordatorio mordaz de que el acceso a una vivienda asequible sigue siendo una batalla cuesta arriba para las y los canadienses.
En este contexto, el gobierno de Trudeau se erige como un baluarte contra la especulación, pero la pregunta persiste: ¿es suficiente? La medida, aunque valiente, es solo un parche en un tejido social que requiere de una reconstrucción más profunda. La crisis habitacional en Canadá es un laberinto de complejidad económica y social que demanda soluciones innovadoras, audaces y, sobre todo, inclusivas.
Mientras Canadá se posiciona en la vanguardia al implementar políticas restrictivas contra la inversión extranjera en el sector inmobiliario, el debate sobre la efectividad y las repercusiones de tales medidas sigue en pie. Es imperativo que los gobiernos, junto con la sociedad, trasciendan la retórica y se adentren en acciones concretas que garanticen el derecho a la vivienda para todas y todos. La extensión de esta prohibición no es el fin, sino un capítulo más en la larga lucha por una vivienda digna y accesible.
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