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Este escándalo subraya la necesidad crítica de transparencia, rendición de cuentas y justicia en Madrid
El escándalo de las muertes en residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 sigue siendo un tema de gran controversia en la Comunidad de Madrid. Familiares de las víctimas, así como organizaciones y la oposición política, exigen transparencia y acceso a información crucial que sigue siendo retenida por el gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso. En particular, se han centrado en los atestados policiales generados por la Policía Municipal durante sus visitas a los geriátricos en aquellos momentos críticos, documentos que Ayuso se niega a publicar, argumentando la necesidad de reelaborar un gran volumen de información que incluye datos de carácter personal.
El origen de esta situación se remonta a la aprobación de protocolos por parte del Gobierno de Ayuso, que establecían criterios restrictivos para la derivación hospitalaria de residentes enfermos, basándose en su grado de dependencia o deterioro cognitivo. Esta medida provocó una situación en la que miles de residentes fallecieron sin recibir atención hospitalaria adecuada, lo que ha llevado a calificar estos protocolos como «de la vergüenza».
La demanda por transparencia no solo proviene de los familiares de las víctimas, que buscan respuestas y justicia, sino también de la oposición política en la Asamblea de Madrid, que prepara preguntas al Gobierno de Ayuso. Además, hay críticas hacia los intentos de modificar el Consejo de Transparencia, lo que se interpreta como un esfuerzo por limitar el acceso a la información sobre la gestión de la crisis en las residencias.
Los atestados policiales, en los pocos casos que se han hecho públicos, revelan una realidad alarmante sobre la situación en los geriátricos, con testimonios de directores y trabajadores que señalan la imposibilidad de derivar a los residentes a hospitales y el abandono por parte de las administraciones públicas. Estos documentos son clave para entender la magnitud de la tragedia y las decisiones que llevaron a ella.
La lucha por la verdad y la justicia se mantiene vigente, con familiares y organizaciones como Marea de Residencias y Pladigmare en primera línea, demandando respuestas claras y responsabilidades por las decisiones tomadas. La situación ha llevado a la reapertura de investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales de Ayuso y otros miembros de su gobierno en relación con el fallecimiento de residentes que no pudieron ser trasladados a hospitales.
Este escándalo subraya la necesidad crítica de transparencia, rendición de cuentas y justicia en la gestión de las residencias de ancianos, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19, donde las decisiones gubernamentales tienen consecuencias directas sobre la vida y la muerte de los ciudadanos más vulnerables.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.