La eliminación de estos órganos y la restricción del acceso público a la información sobre el patrimonio de los cargos públicos son un intento de debilitar los mecanismos de control y vigilancia
En una reciente investigación de Infolibre se destaca una tendencia preocupante en las Comunidades Autónomas de Valencia y Baleares, donde los partidos PP y Vox están desmantelando los mecanismos institucionales dedicados a la lucha contra el fraude y la corrupción. Esta acción es significativa en regiones que han sido epicentro de escándalos de corrupción notorios, como los casos de Zaplana en Valencia y Matas en Baleares, incluso antes de que el caso Gürtel sacudiera el panorama político nacional.
La Generalitat Valenciana, bajo la presidencia de Carlos Mazón (PP), ha eliminado la Conselleria de Transparencia, integrando sus funciones en otro departamento y nombrando a Santiago Lumbreras, una figura controversial por su supuesta implicación en la creación de listas negras de periodistas en los años 90, como responsable de la nueva estructura. Esta decisión ha sido defendida por la Generalitat con el argumento de que mejora la gestión y reduce el gasto político, negando cualquier participación de Lumbreras en escándalos pasados y etiquetando tales acusaciones como un «fake histórico».
Además, se ha suprimido la oficina encargada de recuperar activos vinculados a casos de corrupción, la cual, según el PSOE, había logrado recuperar 12 millones de euros. También está en riesgo la Agencia Antifraude de Valencia, con Vox negociando su posible «reconversión» o desaparición, a pesar de que es un órgano estatutario.
En Baleares, se está tramitando una ley que no solo busca cerrar la oficina de lucha contra la corrupción sino también imponer que las denuncias no puedan ser anónimas y que la información del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de los Cargos Públicos tenga un «carácter reservado».
Estas medidas indican un retroceso en las políticas de transparencia, lucha contra el fraude y corrupción, y fiscalización del gobierno en ambas autonomías. La eliminación de estos órganos y la restricción del acceso público a la información sobre el patrimonio de los cargos públicos son un intento de debilitar los mecanismos de control y vigilancia que fueron establecidos para prevenir y castigar la corrupción.
El PSOE ha criticado duramente estas acciones, interpretándolas como un regreso al «zaplanismo», una época marcada por la corrupción y el desvío de fondos públicos. La preocupación se extiende a la posibilidad de que estas medidas no solo borren avances significativos en la lucha contra la corrupción, sino que también establezcan un precedente peligroso para otras regiones de España.
La respuesta de los gobiernos de Valencia y Baleares, que justifican estas medidas como una optimización de recursos y una eliminación de duplicidades, no ha convencido a críticos y opositores, quienes ven en estas acciones un claro interés por parte de PP y Vox de minimizar la transparencia y la rendición de cuentas, fundamentales para una democracia saludable y la confianza pública en las instituciones.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…