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La eliminación de estos órganos y la restricción del acceso público a la información sobre el patrimonio de los cargos públicos son un intento de debilitar los mecanismos de control y vigilancia
En una reciente investigación de Infolibre se destaca una tendencia preocupante en las Comunidades Autónomas de Valencia y Baleares, donde los partidos PP y Vox están desmantelando los mecanismos institucionales dedicados a la lucha contra el fraude y la corrupción. Esta acción es significativa en regiones que han sido epicentro de escándalos de corrupción notorios, como los casos de Zaplana en Valencia y Matas en Baleares, incluso antes de que el caso Gürtel sacudiera el panorama político nacional.
La Generalitat Valenciana, bajo la presidencia de Carlos Mazón (PP), ha eliminado la Conselleria de Transparencia, integrando sus funciones en otro departamento y nombrando a Santiago Lumbreras, una figura controversial por su supuesta implicación en la creación de listas negras de periodistas en los años 90, como responsable de la nueva estructura. Esta decisión ha sido defendida por la Generalitat con el argumento de que mejora la gestión y reduce el gasto político, negando cualquier participación de Lumbreras en escándalos pasados y etiquetando tales acusaciones como un «fake histórico».
Además, se ha suprimido la oficina encargada de recuperar activos vinculados a casos de corrupción, la cual, según el PSOE, había logrado recuperar 12 millones de euros. También está en riesgo la Agencia Antifraude de Valencia, con Vox negociando su posible «reconversión» o desaparición, a pesar de que es un órgano estatutario.
En Baleares, se está tramitando una ley que no solo busca cerrar la oficina de lucha contra la corrupción sino también imponer que las denuncias no puedan ser anónimas y que la información del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de los Cargos Públicos tenga un «carácter reservado».
Estas medidas indican un retroceso en las políticas de transparencia, lucha contra el fraude y corrupción, y fiscalización del gobierno en ambas autonomías. La eliminación de estos órganos y la restricción del acceso público a la información sobre el patrimonio de los cargos públicos son un intento de debilitar los mecanismos de control y vigilancia que fueron establecidos para prevenir y castigar la corrupción.
El PSOE ha criticado duramente estas acciones, interpretándolas como un regreso al «zaplanismo», una época marcada por la corrupción y el desvío de fondos públicos. La preocupación se extiende a la posibilidad de que estas medidas no solo borren avances significativos en la lucha contra la corrupción, sino que también establezcan un precedente peligroso para otras regiones de España.
La respuesta de los gobiernos de Valencia y Baleares, que justifican estas medidas como una optimización de recursos y una eliminación de duplicidades, no ha convencido a críticos y opositores, quienes ven en estas acciones un claro interés por parte de PP y Vox de minimizar la transparencia y la rendición de cuentas, fundamentales para una democracia saludable y la confianza pública en las instituciones.
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