Ayuso convierte la maternidad en trinchera ideológica con su “ley del concebido no nacido” 

La Comunidad de Madrid quiere aprobar el 2 de julio una norma que reconoce al embrión o feto como “miembro más de la unidad familiar”, mientras las mujeres siguen esperando políticas reales de igualdad, vivienda, sanidad y conciliación.

UNA LEY PARA DISFRAZAR DE AYUDAS LO QUE ES UNA OFENSIVA IDEOLÓGICA

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.

La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.

El PP tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, así que la aprobación está prácticamente garantizada. La ley debía debatirse y votarse en el pleno ordinario del 18 de junio, el último antes de septiembre, pero la Mesa de la Asamblea paralizó la tramitación el 17 de junio tras un escrito de nulidad presentado por el PSOE. Los socialistas denunciaron defectos de forma y falta de informes preceptivos. Ayuso respondió como suele responder cuando alguien le señala el procedimiento: convirtiendo la ley en bronca, la crítica en enemigo y el Parlamento en escenario.

“Ustedes defienden intereses, nosotros defendemos principios”, dijo a la oposición. La frase es perfecta para entender el truco. Como si defender los derechos de las mujeres fuese un interés particular. Como si garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, la igualdad, la sanidad pública, las escuelas dignas o la conciliación real no fueran principios democráticos. El ayusismo necesita llamar “principios” a lo que en realidad es disciplinamiento social.

Luego llegó la burla. “Siento castigarles las vacaciones con el concebido no nacido”, soltó la presidenta, antes de mezclar la iniciativa con Cuba, Venezuela, la amnistía y “la mafia”. Todo en el mismo saco. Todo vale. Una ley autonómica sobre ayudas familiares acaba convertida en mitin contra la izquierda, el Gobierno central y cualquier cosa que sirva para inflamar a la parroquia. Madrid como laboratorio. La maternidad como pancarta. Las mujeres como decorado.

La norma fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 3 de junio y se integra en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026. Su objetivo declarado es “reforzar el apoyo a las familias” incluyendo al concebido no nacido en la unidad familiar. Traducido: convertir el embarazo acreditado en un factor computable para acceder a determinadas ayudas.

La Comunidad presume de que Madrid sería la primera región del Estado en establecer este reconocimiento “con carácter general”, aunque admite que Galiza tiene una previsión parecida, limitada a familias numerosas. Y aquí está el núcleo del asunto. Ayuso no inventa ayudas universales, no blinda servicios públicos, no reduce alquileres, no garantiza plazas en escuelas infantiles públicas, no acaba con la brecha salarial. Hace una ley simbólica con consecuencias políticas muy concretas.

MATERNIDAD SIN DERECHOS, NATALIDAD SIN JUSTICIA SOCIAL

Según el Gobierno madrileño, la norma podrá aplicarse “desde que se acredite el embarazo” dentro de las competencias de la Administración regional. Las familias accederán a los mismos beneficios y derechos en ayudas que usan la renta de la unidad familiar como criterio: becas de Bachillerato, ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, comedor escolar, abono transportes o alquiler joven. También se extenderá a beneficios fiscales, deducciones en el IRPF por gastos escolares, exención de tasas y bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Hay una parte especialmente reveladora: quienes tengan dos hijos y esperen un tercero podrán acceder a ventajas de familia numerosa desde el primer día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación, mediante un trámite electrónico. La burocracia, tan lenta para reconocer derechos sociales, se vuelve milagrosamente ágil cuando sirve para reforzar una agenda moral. Qué casualidad.

Ayuso enmarca esta ley en su política de natalidad, junto a la ayuda de 500 euros mensuales para mujeres gestantes menores de 30 años. El discurso oficial habla de luchar contra el envejecimiento poblacional, apoyar la maternidad y la paternidad, eliminar obstáculos laborales, económicos y sociales, y facilitar la conciliación. Suena bien. Suena limpio. Hasta que una mira la realidad madrileña y se encuentra con otra cosa: alquileres imposibles, sanidad pública tensionada, escuelas infantiles insuficientes, comedores que no llegan, precariedad juvenil y una brecha salarial que el PSOE madrileño ha señalado como la más alta del Estado.

El propio PSOE denunció el 17 de junio que Madrid no tiene ley de igualdad ni ley de familia y calificó la propuesta como “retrógrada y ultra”. Más Madrid lo resumió con más filo: frente al “concebido no nacido”, presentó enmiendas para el “concebido sí nacido”, ese niño o niña que pasa el curso en un aula a 38 grados, se queda sin plaza de comedor y no tiene colegio público en su barrio. Ahí está la grieta. Ahí se ve todo. El PP protege al no nacido en los discursos y abandona al nacido en los presupuestos.

Porque esta es la gran estafa moral de la derecha madrileña: convierte la maternidad en bandera mientras deja a las madres solas frente al mercado. Te pide que tengas hijos, pero no toca el negocio inmobiliario. Te habla de conciliación, pero no se enfrenta a la precariedad laboral. Te ofrece deducciones, pero no construye una red pública robusta. Te llama familia, pero te manda al centro privado, al alquiler inflado, al comedor con listas y a la escuela pública asfixiada.

La ley llega, además, después de que en abril la Comunidad de Madrid iniciara el trámite para crear el registro de personal médico objetor al aborto, pese a la resistencia política de Ayuso. No lo hizo por convicción democrática, sino por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La ley del aborto de 2023 obliga a crear ese registro para garantizar que siempre haya profesionales disponibles para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 16 de diciembre de 2024, por unanimidad y con todas las comunidades presentes, las instrucciones de coordinación para implantarlo. Un acuerdo vinculante. Madrid se resistió hasta que la justicia tuvo que empujar.

Esa foto completa importa. Por un lado, Ayuso acelera una ley para reconocer al “concebido no nacido”. Por otro, tuvo que ser obligada a avanzar en un registro que garantiza el derecho efectivo al aborto. No es una contradicción. Es el programa. Derechos reproductivos bajo sospecha, maternidad convertida en destino, ayudas usadas como envoltorio y una guerra cultural servida en pleno extraordinario.

La pregunta no es si una mujer embarazada debe recibir apoyo. Claro que debe recibirlo. La pregunta es por qué ese apoyo llega envuelto en una categoría política que la derecha lleva décadas utilizando contra el derecho al aborto. La pregunta es por qué no se habla con la misma solemnidad de las mujeres que no quieren ser madres, de las que abortan, de las que crían solas, de las que trabajan sin red, de las familias que no caben en el molde conservador, de las niñas y niños que ya nacieron y viven atrapados en un Madrid diseñado para propietarios, fondos y clínicas privadas.

Ayuso no está defendiendo a las madres. Está usando a las madres para defender su modelo. Y su modelo es viejo, clasista y profundamente hipócrita: un Estado mínimo para garantizar derechos, pero rapidísimo para meterse en el cuerpo de las mujeres.

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