El caso Plus Ultra ya alcanza a las hijas de Zapatero 

La Audiencia Nacional amplía el foco sobre el entorno familiar del expresidente tras citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, administradoras de una sociedad vinculada indiciariamente al entramado investigado.

EL CERCO JUDICIAL SE ESTRECHA

El caso Plus Ultra acaba de dar otro salto político y judicial. No uno menor. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación abierta sobre el denominado caso Plus Ultra. La decisión llega apenas un día después de que el propio Zapatero compareciera ante el magistrado también en calidad de investigado. El calendario no es casual en términos políticos. Tampoco resulta irrelevante en términos judiciales.

La resolución fue dictada este jueves 18 de junio, según la información publicada por ElPlural.com, y responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para incorporar a ambas al procedimiento. Es decir, no hablamos de un movimiento ornamental, ni de una citación decorativa para rellenar un sumario. Hablamos de una ampliación del foco investigador que ya no se queda en la figura del expresidente, sino que entra directamente en su entorno familiar más inmediato.

Y aquí conviene decirlo claro. La condición de investigadas no equivale a culpabilidad. Esto debería ser obvio en un Estado de derecho, aunque en España lo obvio suele depender del apellido, del partido y del lado del tablero mediático en el que caiga la noticia. Pero tampoco se puede esconder lo evidente: cuando una causa de la Audiencia Nacional alcanza a un expresidente del Gobierno y, al día siguiente, a sus hijas, la dimensión política del asunto se dispara.

Por ahora, la declaración de Alba y Laura Rodríguez Espinosa no tiene fecha. Tampoco la de Gertrudis, secretaria del expresidente, que también figura como investigada. El procedimiento sigue avanzando. Y avanza hacia una zona especialmente incómoda: la frontera entre los negocios, la política, las relaciones de poder y esas sociedades mercantiles que tantas veces aparecen en los sumarios como si fueran simples estructuras neutras, cuando en realidad pueden funcionar como túneles, pantallas o pasillos laterales del dinero y la influencia.

LA SOCIEDAD WHATHEFAV SL EN EL CENTRO DEL FOCO

El argumento del juez Calama se apoya en la posición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras solidarias de la mercantil Whathefav SL. Según el auto, en las oficinas de esa sociedad se autorizó una entrada y registro al existir indicios de participación en los hechos investigados. Esa frase pesa. Pesa bastante. Porque no se trata solo de una relación familiar con Zapatero, sino de una responsabilidad formal dentro de una empresa cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado bajo investigación.

Calama lo formula con lenguaje judicial, pero el fondo es muy claro: si una sociedad aparece conectada de forma indiciaria con operaciones relevantes para una causa, quienes figuran como administradoras no pueden quedar fuera del perímetro de investigación como si la firma mercantil se gobernara sola. La empresa no es un fantasma. Tiene representación orgánica, dirección jurídica y responsables formales. En este caso, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

El juez recuerda también que la citación como investigado o investigada no es solo una diligencia para esclarecer los hechos. Es, además, una garantía esencial del derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Dicho de otra manera: se las cita para que puedan defenderse, conocer la imputación y responder dentro del procedimiento. Bien. Pero esa garantía procesal no borra la gravedad política de que el caso haya alcanzado este punto.

Porque el problema no es únicamente judicial. El problema es el ecosistema. España lleva demasiados años viendo cómo el poder político, el poder económico y el poder familiar se rozan con una naturalidad obscena. Puertas giratorias, amistades útiles, sociedades discretas, operaciones opacas, favores cruzados, rescates discutidos, asesorías, intermediaciones y apellidos que abren puertas donde a cualquier ciudadano o ciudadana común le levantarían un muro de hormigón.

El caso Plus Ultra ya venía cargado de polémica por el rescate público a la aerolínea. Ahora, con Zapatero investigado y sus hijas citadas como investigadas, el asunto adquiere una lectura todavía más corrosiva: la sospecha de que alrededor de ciertas decisiones, ciertos contactos y ciertas estructuras empresariales pudo existir algo más que casualidad administrativa. La justicia tendrá que determinarlo. Pero la ciudadanía tiene derecho a mirar el cuadro completo sin que le pidan silencio reverencial.

Y no, esto no va de alimentar linchamientos. Va de exigir luz. Va de exigir explicaciones. Va de recordar que los apellidos importantes no pueden convertirse en chalecos antibalas. Si una sociedad aparece vinculada indiciariamente a un entramado investigado, sus administradoras deben responder ante el juez como respondería cualquier otra persona. Sin privilegios. Sin blindajes. Sin esa niebla cortesana que tantas veces rodea a quienes han ocupado el poder.

El auto de Calama sitúa a Alba y Laura Rodríguez Espinosa en el “círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación” por su papel formal en Whathefav SL. Esa es la clave. La investigación atribuye a la sociedad un posible papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos investigados. Son palabras serias. No son ruido. No son tertulia. Son términos que, en un país con una higiene democrática mínima, obligarían a bajar el volumen propagandístico y subir el de la rendición de cuentas.

Porque aquí no se está juzgando solo una biografía política. Se está mirando, otra vez, cómo funciona el poder cuando deja de estar bajo los focos y se mueve entre despachos, empresas, registros, vínculos personales y zonas grises. Y esa es la parte que más molesta. La que siempre molesta. La que obliga a preguntarse cuántas decisiones públicas han terminado convertidas en oportunidades privadas mientras la mayoría social seguía pagando facturas, alquileres, impuestos y precariedad.

La Audiencia Nacional ha movido ficha. Anticorrupción pidió ampliar el procedimiento. El juez lo ha aceptado. Zapatero declaró como investigado. Sus hijas serán llamadas también como investigadas. La secretaria Gertrudis figura en la misma senda. Todo en apenas 24 horas de vértigo judicial. Ahora toca ver si el sistema se atreve a hacer con los nombres grandes lo que suele hacer sin piedad con los nombres pequeños: mirar hasta el fondo.

Porque la democracia no se mide por cómo trata a quienes no tienen poder, sino por si se atreve a investigar a quienes siempre creyeron tener demasiado.