Calama cierra la puerta a Zapatero mientras el caso Plus Ultra ensancha el cerco familiar 

El juez rechaza pedir ahora a Estados Unidos más datos sobre el móvil de Rodolfo Reyes, pero imputa a las hijas y a la secretaria del expresidente en una causa que ya no cabe en el cajón de las casualidades.

EL MÓVIL DE REYES Y LA PRUEBA QUE NADIE QUIERE MIRAR DEMASIADO

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido no atender, al menos por ahora, la petición de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos sobre el teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes. La defensa quería saber más. Bastante más. Quería conocer cómo se incautó ese dispositivo, quién autorizó su clonado, qué autoridad hizo el volcado, qué programa se utilizó y qué garantías existen para asegurar que las conversaciones no fueron manipuladas.

No hablamos de un detalle técnico. Hablamos de una pieza que, según la propia investigación, ha tenido peso en la imputación del expresidente y en la entrada y registro de su oficina. Cuando una causa judicial se apoya en el contenido de un móvil clonado en otro país, preguntar por la cadena de custodia no es una maniobra dilatoria: es exigir garantías mínimas. Pero Calama ha optado por dejar esa puerta cerrada hasta que Estados Unidos autorice formalmente el uso del contenido como prueba en un eventual juicio.

El magistrado sostiene que, mientras esa autorización no llegue, “no es posible efectuar una valoración fundada” sobre la necesidad de las diligencias reclamadas por la defensa. Dicho de forma menos procesal: primero se espera a que Washington diga si ese material puede usarse y después, quizá, se verá si conviene mirar cómo se obtuvo. Una lógica cómoda. Muy cómoda. Porque permite avanzar en la causa con el material ya sobre la mesa, mientras las preguntas incómodas siguen aparcadas en la cuneta judicial.

La solicitud de cooperación internacional se envió el 5 de junio. La noticia se conoció el 18 de junio, con actualización a las 15:07. Y entre esas fechas hay una cuestión que no debería despacharse con frialdad burocrática: si ese móvil es clave, las garantías también lo son. Si ese contenido sirve para señalar a un expresidente, registrar su oficina y sostener parte de la investigación, entonces no vale hacerse el distraído con el origen, el tratamiento y la verificación de los datos.

Aquí aparece el problema de siempre. La justicia española tiene una habilidad extraordinaria para revestir de solemnidad lo que a veces parece una carrera política con toga. No porque no deba investigarse. Claro que debe investigarse. Todo. A Zapatero, a sus hijas, a su secretaria, a las empresas, a los intermediarios y a cualquiera que haya podido influir en el rescate de Plus Ultra. Pero investigar no puede significar aceptar pruebas a medias, opacidad importada y silencios técnicos como si fueran mandamientos bajados del Sinaí.

La limpieza de una investigación no se mide por el ruido mediático que produce, sino por las garantías que respeta cuando nadie está mirando. Y aquí hay demasiado ruido, demasiada prisa y demasiada utilización política flotando alrededor del expediente.

PLUS ULTRA, EL RESCATE DE 53 MILLONES Y EL CERCO A LA FAMILIA

El mismo auto deja otra decisión de calado: Calama imputa a Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente, y a Gertrudis Alcázar, su secretaria. Las tres podrán personarse en el procedimiento como investigadas y ejercer su derecho de defensa. La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su declaración en esa condición dentro de la causa sobre las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El dato central sigue ahí, enorme: 53 millones de euros concedidos durante la pandemia a una compañía presentada como estratégica. Ese fue el préstamo público del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Dinero público. Dinero de todas y todos. Dinero que en plena crisis sanitaria, mientras miles de familias hacían cola para comer, se canalizó hacia una aerolínea rodeada desde el principio de sospechas políticas, empresariales y mediáticas.

Calama recuerda que Alba y Laura Rodríguez figuran como administradoras solidarias de What The Fav, una sociedad que el auto considera “vinculada indiciariamente al entramado investigado”. Según el juez, esa empresa habría tenido un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos investigados. Es una formulación grave. No condena a nadie, pero abre un frente judicial evidente. Cuando una sociedad aparece situada en el circuito de operaciones bajo sospecha, sus administradoras dejan de ser nombres periféricos y pasan al centro del tablero.

La secretaria de Zapatero también entra en ese círculo de investigación. Y ahí el caso empieza a adquirir una dimensión más incómoda para el expresidente. Ya no se trata solo de una hipótesis sobre influencia política. Ya no se queda en conversaciones, contactos o posibles mediaciones. La causa empieza a tocar estructuras familiares, sociedades mercantiles y personas del entorno directo. Ese es el punto en el que el poder suele dejar de hablar de transparencia y empieza a hablar de persecución.

Pero tampoco conviene regalarle el relato a la derecha. Porque el PP, que lidera la acusación popular unificada, también ha recibido un portazo parcial. Calama ha rechazado varias de sus diligencias, entre ellas la citación como investigados del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, así como la citación como testigo del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura. El juez también tumba la petición de imponer una fianza equivalente a la deuda impagada por Plus Ultra.

Y lo hace con una frase que retrata bastante bien el exceso de entusiasmo del PP: la petición parte de “un presupuesto jurídico incorrecto”. La investigación, recuerda el magistrado, no trata sobre la regularidad administrativa de la concesión de la ayuda de 53 millones, ni sobre el funcionamiento general del fondo, sino sobre conductas concretas que pudieron influir en la concesión y que podrían constituir tráfico de influencias. Vamos, que el PP quería convertir la causa en un escaparate total contra el Gobierno y Calama le ha recordado que una acusación popular no es una barra libre para pedir embargos, fianzas e indemnizaciones como quien reparte octavillas en Génova.

La derecha huele sangre y hace lo de siempre: sobreactúa. El problema es que, entre su teatro y las defensas cerradas del viejo poder socialista, queda enterrada la pregunta principal. ¿Qué pasó realmente con Plus Ultra? ¿Quién movió los hilos? ¿Qué papel tuvieron las sociedades vinculadas al entorno de Zapatero? ¿Por qué un rescate de 53 millones acabó convertido en un lodazal político, judicial y empresarial?

La corrupción no siempre entra por la puerta con un maletín. A veces entra con llamadas, amistades, informes complacientes, empresas pantalla, contactos discretos y una frase de apariencia inocente: “esto es estratégico”. Estratégico para quién. Esa es la pregunta. Porque cuando el Estado rescata empresas mientras la clase trabajadora se hunde, cuando el dinero público salva balances privados y luego nadie sabe explicar bien los caminos del favor, lo que se pudre no es solo un expediente: se pudre la confianza democrática entera.

Y mientras tanto, el móvil de Rodolfo Reyes sigue esperando la bendición de Estados Unidos, las hijas y la secretaria de Zapatero entran formalmente en la causa, el PP intenta convertir la instrucción en munición electoral, y la ciudadanía vuelve a mirar el mismo espectáculo de siempre: los poderosos discutiendo sobre garantías después de haber usado el Estado como si fuera una finca privada.

El dinero público no desaparece solo: alguien siempre le abre la puerta.