La UCO estrecha el cerco sobre el novio de Ayuso: medio millón sin explicación y facturas sin estructura 

El informe sitúa a Alberto González Amador ante una pregunta incómoda para el poder madrileño: de dónde salió el dinero, qué servicios se prestaron realmente y por qué todo parece pasar siempre por las mismas manos.

MEDIO MILLÓN, UNA EMPRESA VACÍA Y MUCHAS PREGUNTAS

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid un informe que deja en una posición muy delicada a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. No hablamos de una anécdota contable, ni de una confusión menor entre papeles, ni de ese ruido administrativo con el que la derecha intenta envolver todo lo que huele a privilegio. Hablamos de compras sin justificación aparente, valoraciones empresariales que suben y bajan como si fueran decorado de cartón, facturaciones de cientos de miles de euros sin estructura visible y una sospecha de fondo: que el dinero utilizado en parte de estas operaciones podría proceder de la comisión de mascarillas cobrada durante la pandemia.

El informe fue entregado el 18 de junio y apunta directamente a una operación muy concreta: la compra del 100% de Círculobelleza por parte de Maxwell Cremona por 499.836,92 euros. Casi medio millón. La cifra importa. Importa porque, según la UCO, en la escritura no aparece una explicación clara de cómo se valoró esa sociedad ni por qué se fijó ese precio. Y más importa todavía cuando la empresa presentaba una facturación reducida y prácticamente no tenía personal contratado. Una empresa casi sin cuerpo, pero con precio de lujo.

La Guardia Civil subraya las “importantes diferencias” de valoración detectadas en la sociedad. Primero, una estimación cercana a los 20.000 euros. Después, una compra por casi 500.000 euros. Más tarde, otra valoración de 3.300 euros. No es una oscilación normal. Es un salto grotesco. Una montaña rusa contable que, vista desde fuera, parece diseñada para que nadie pregunte demasiado. Pero la UCO ha preguntado. Y lo que aparece no es precisamente tranquilizador.

Tras la compra, Círculobelleza cambia de nombre y pasa a llamarse Masterman & Whitaker. El envoltorio cambia, el olor no. La sociedad empieza entonces a facturar cantidades relevantes sin que exista, según el informe, una estructura empresarial que justifique esa actividad. En 2021, por ejemplo, facturó 327.320 euros a Quirón Prevención. Sí, más de 327.000 euros. Pero los datos tributarios indican que la empresa no tenía empleados y que el único profesional vinculado era el propio Alberto González Amador.

Aquí conviene detenerse. Porque cuando una trabajadora o un trabajador común comete un error en una declaración, Hacienda no suele organizarle una tertulia amable para hablar de “ciudadanos particulares”. Le cae la maquinaria encima. Sin poesía. Sin comprensión. Sin editoriales protectores. Pero cuando hablamos del entorno íntimo de la presidenta madrileña, de repente todo se vuelve matizable, técnico, confuso, interpretable. La ley parece escrita con letra pequeña para quienes mandan y en mayúsculas para quienes sobreviven.

La Agencia Tributaria considera que Masterman & Whitaker no tenía medios suficientes para prestar los servicios de consultoría facturados. Y hay otro detalle que retrata bastante bien el paisaje: los bienes de la sociedad estaban relacionados con tratamientos estéticos, no con consultoría. Es decir, una empresa con apariencia de una cosa, facturando por otra, sin estructura suficiente y con importes que no son precisamente calderilla.

PANDEMIA, MASCARILLAS Y EL CAPITALISMO DEL PELOTAZO

El informe de la UCO no se queda en la superficie. Señala también la existencia de una persona que aparece conectando varias operaciones: Fernando Camino Maculet. Según recoge la investigación, Camino era pareja de María Gloria Carrasco, la persona que recibió los casi 500.000 euros por Círculobelleza. También había sido socio de esa empresa. Y no solo eso. Era consejero de MAPE, sociedad vinculada a la gran operación de mascarillas de la que procedería la comisión cobrada por Maxwell. Además, presidía Quirón Prevención, la empresa que después contrató tanto con Maxwell como con Masterman.

Demasiadas coincidencias para llamarlas casualidad con la boca pequeña. Demasiados nombres cruzados, demasiadas empresas, demasiadas facturas, demasiada pandemia convertida en oportunidad de negocio. Mientras miles de personas morían, mientras las enfermeras y enfermeros trabajaban al límite, mientras las y los sanitarios improvisaban protección con bolsas de basura, algunos hacían caja. Y no poca. La UCO recuerda que Maxwell obtuvo en 2020 casi 2 millones de euros de facturación por una supuesta intermediación en una venta de material sanitario durante la pandemia.

Casi 2 millones. En 2020. El año del miedo, de los hospitales desbordados, de las residencias convertidas en agujeros negros, del aplauso de las ocho y del abandono político a quienes no podían pagar una cama privada. Y ahora aparece esta cadena: comisión de mascarillas, compra de una empresa sin explicación aparente, cambio de nombre, facturación a Quirón Prevención, falta de estructura, dudas fiscales. No es una película de mafiosos. Es peor. Es la normalidad obscena de quienes han confundido lo público con una despensa privada.

La UCO señala que parece lógico pensar que parte de los fondos empleados para comprar Círculobelleza por casi medio millón podrían tener origen en esa facturación vinculada a la operación de material sanitario. Matiza que deberá analizarse posteriormente. Correcto. Para eso están las y los jueces, las pruebas y los procedimientos. Pero políticamente el retrato ya es devastador. El entorno de Ayuso vuelve a aparecer asociado al mismo ecosistema de siempre: privatización, sanidad convertida en negocio, pandemia como mercado y poder institucional como escudo.

Y aquí está el núcleo. No se trata solo de Alberto González Amador. Se trata de un modelo. El Madrid de Ayuso no es únicamente una comunidad autónoma gobernada por una dirigente con mucho aparato mediático. Es un laboratorio de capitalismo descarado, donde lo privado entra hasta la cocina de lo público, donde la sanidad se convierte en flujo de contratos, donde la emergencia sanitaria abrió la puerta a comisiones, intermediarios y sociedades que, de pronto, facturan como si hubieran inventado la penicilina.

Luego vendrá la maquinaria de siempre. Dirán que es una persecución. Que no tiene nada que ver con Ayuso. Que Alberto González Amador es un “particular”, un “vecino”, un “paisano”, casi un señor que pasaba por allí con 499.836,92 euros en el bolsillo y una empresa sin justificación clara en la mano. Intentarán quitar hierro a una lista de presuntos delitos como quien limpia una mancha del mantel antes de que lleguen las visitas. Pero la UCO no está escribiendo un tuit. Está entregando un informe al juzgado.

La derecha que pidió cronómetros contra Begoña Gómez ahora descubre el arte antiguo de pedir prudencia, calma y presunción de inocencia. Bienvenida sea la presunción de inocencia. Para todas y todos. Pero la prudencia judicial no exige silencio político. Y menos cuando quienes han hecho del linchamiento su forma de oposición ahora se envuelven en terciopelo procesal porque el investigado duerme en la casa adecuada.

La cuestión es sencilla. Si una empresa sin estructura aparente factura cientos de miles de euros, si otra se compra por casi medio millón sin explicación clara, si las valoraciones saltan de 20.000 a casi 500.000 y luego a 3.300, y si todo roza el dinero de las mascarillas de 2020, alguien tiene que dar explicaciones. Muchas. Y no en un plató amigo. Ante la justicia y ante la ciudadanía.