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El silencio como estrategia: cuando la opacidad se convierte en política sanitaria.
EL BLOQUEO COORDINADO
El Ministerio de Sanidad pidió a todas las comunidades autónomas los datos sobre los programas de detección precoz de cáncer de mama, cérvix y colon. Quería saber cómo funcionan los cribados que pueden salvar miles de vidas. La respuesta del Partido Popular fue cerrar filas.
Ninguna comunidad gobernada por el PP quiso colaborar.
Madrid marcó el paso y el resto (Galiza, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cantabria y La Rioja) repitieron palabra por palabra los mismos argumentos. Misma redacción, misma excusa, mismo desprecio a la transparencia.
La frase literal que envió Isabel Díaz Ayuso desde Madrid reapareció calcada en otras comunidades: “Disponemos de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos”. Una coincidencia tan perfecta que ni siquiera en Génova pudieron disimular el trabajo conjunto.
No hubo directriz, dicen. Pero hubo obediencia.
El Ministerio, dirigido por Mónica García, exigía datos que abarcaran los últimos cinco años, en especial los de Andalucía, donde estalló el escándalo por la desaparición de mamografías y la manipulación de historiales clínicos. Allí, varias mujeres denuncian que el Servicio Andaluz de Salud eliminó del sistema la palabra “sospechoso” y la sustituyó por “probablemente benigno”.
El propio SAS se escudó en una “incidencia técnica” en su plataforma ClicSalud+. Pero la realidad es otra: el sistema público andaluz falló en su obligación de detectar precozmente el cáncer, y ahora los gobiernos del PP bloquean cualquier intento de rendir cuentas.
OPACIDAD SANITARIA COMO POLÍTICA DE PARTIDO
Ayuso, Moreno Bonilla y Feijóo coinciden en una estrategia: convertir la autonomía sanitaria en un muro de impunidad. Alegan que los cribados son “competencia exclusiva” de las comunidades y que la revisión de datos supondría “un riesgo innecesario para la credibilidad del sistema”.
Traducido: prefieren proteger la reputación institucional antes que garantizar la verdad a miles de pacientes.
Las cartas remitidas a Sanidad repiten también otra idea: que el Ministerio “no ha concluido el desarrollo del sistema informático para la carga de datos”. Es cierto que el sistema no está completo, pero precisamente por eso Mónica García solicitó la información de forma manual. La respuesta del PP fue negar el acceso.
¿Por qué tanto miedo a la transparencia?
En Andalucía, el nuevo consejero Antonio Sanz (mano derecha de Moreno Bonilla) ha remitido el requerimiento a los servicios jurídicos “para determinar su naturaleza”. En lenguaje político: retrasar, diluir, ganar tiempo. Lo mismo que ya hicieron con las denuncias por muertes evitables en residencias durante la pandemia.
Mientras tanto, desde el Gobierno central, Pilar Alegría lo resumió con claridad: “Las mujeres tienen derecho a saber si las comunidades les están garantizando su derecho a la detección precoz.”
Mónica García fue más dura: “Negarse a compartir los datos es admitir que son malos. La falta de transparencia es incompetencia.”
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