El veto sindical a la Policía Nacional empieza a resquebrajarse 

La prohibición impuesta por la ley de Rajoy no solo limita derechos laborales: ha servido para blindar un ecosistema corporativo cada vez más escorado a la derecha.

UNA LEY DE 2015 PARA RECORTAR DERECHOS EN NOMBRE DEL ORDEN

La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.

El asunto es sencillo, aunque algunos lo quieran envolver en bandera, disciplina y retórica de cuartel. Las y los policías nacionales son trabajadores del Estado. Tienen horarios, riesgos, salarios, jerarquías, turnos, presiones y conflictos laborales. Pero la ley les impide organizarse como puede hacerlo buena parte del funcionariado. No ocurre lo mismo con las policías autonómicas ni con las locales. La Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y las policías locales pueden ejercer la libertad sindical en condiciones mucho más amplias. La pregunta cae sola: si en esos cuerpos no se rompe España por afiliarse a sindicatos de clase, por qué iba a romperse en la Policía Nacional.

La raíz viene de lejos. En 1986, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya abrió la puerta a limitar la sindicación, agarrándose a la parte del artículo 28 que permite restringir ese derecho en fuerzas o institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar. Pero la Policía Nacional no es la Guardia Civil. No tiene naturaleza militar. Aun así, la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional de 2015 cerró la puerta a la afiliación a sindicatos interprofesionales y prohibió que sus organizaciones se federasen o confederasen con otras ajenas al propio cuerpo. Una jaula corporativa. Elegante en el BOE, muy fea en democracia.

El Sindicato Reformista de Policías, minoritario pero incómodo, ha empujado esta ofensiva. Dos afiliados suyos han llevado el caso a los tribunales. Y no es un gesto menor. Según el abogado Fernando Losana, el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià será el primer caso sobre esta prohibición que estudiará un tribunal en España. Por primera vez, la Justicia tendrá que mirar de frente una restricción que muchos habían normalizado por pura inercia autoritaria.

Detrás de esta batalla hay algo más que una cuestión administrativa. Está la representación real dentro del cuerpo. Está la capacidad de negociar en la Mesa de Función Pública. Está la posibilidad de que las y los agentes no dependan únicamente de sindicatos policiales encerrados en su propia burbuja, con menos medios, menos músculo y, en demasiados casos, más obsesión política que defensa laboral. CCOO y UGT lo dijeron en un comunicado conjunto el 3 de junio: después de 50 años de democracia, sigue sin garantizarse plenamente un principio democrático básico para todas las personas trabajadoras.

EL CORPORATIVISMO COMO AUTOPISTA HACIA LA DERECHA

El problema no es solo jurídico. Es político. Y conviene decirlo sin rodeos. Cuando se aísla sindicalmente a un cuerpo armado civil, se le deja más expuesto al corporativismo, al cierre de filas y a la captura reaccionaria. Eso no mejora la seguridad pública. La degrada. La convierte en un territorio donde determinados sindicatos pueden confundir defensa profesional con blindaje ideológico, autoridad con impunidad, protesta social con enemigo interno.

El SRP sitúa uno de los puntos de inflexión en el acuerdo firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con sindicatos mayoritarios de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil para la supuesta equiparación salarial. Aquel movimiento, según el sindicato reformista, reforzó a JUSAPOL y después a JUPOL, organizaciones que ganaron peso con discursos cada vez más alineados con la derecha dura. En 2019, JUPOL obtuvo 8 de los 14 representantes sindicales en el Consejo de Policía. No fue una anécdota. Fue un síntoma.

Y mientras se hablaba de equiparación, la democracia interna seguía coja. El Consejo de Policía, presidido por el ministro del Interior, determina condiciones de trabajo, prestación del servicio y conflictos colectivos. Pero el SRP denuncia que su reglamento favorece a las escalas superiores, minoritarias, frente a la escala básica. Lo de siempre: quienes patrullan, quienes se juegan el cuerpo en la calle, quienes cargan con turnos y órdenes, no siempre tienen el poder real para decidir cómo se defienden sus derechos.

Hay un contraste brutal. Algunos sindicatos policiales exigen equiparación salarial con otros cuerpos, pero rechazan equiparación en libertad sindical. Quieren igualdad para cobrar. No tanta para organizarse. Bonita idea de los derechos: a la carta, con uniforme y candado.

La deriva se vio también en episodios recientes. En 2024, el SUP firmó un acuerdo con el Club Desokupa, vinculado a la ultraderecha, para impartir cursos de defensa personal a miles de agentes. Aquello provocó bajas internas y mostró hasta qué punto algunos sectores habían decidido convertir la seguridad pública en un escaparate de testosterona política. No es serio. Es peligroso.

La agresión de un antidisturbios a una docente en una protesta por la educación pública en el País Valencià terminó de retratar el mapa sindical. Mientras organizaciones docentes denunciaban una “brutal agresión”, la CEP cargó contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por anunciar una investigación. La UFP expresó apoyo al agente y escribió que “si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. El SUP sostuvo que el policía “en ningún momento tenía intención de lesionar” a la profesora. El SRP, en cambio, condenó la agresión y recordó algo elemental: una ciudadana que ejerce pacíficamente un derecho fundamental no debe acabar en el suelo, golpeada y humillada.

Ahí está el fondo. No se trata de atacar a la Policía Nacional. Se trata de defender también a las y los policías frente a quienes los quieren convertir en tropa ideológica. Una policía democrática necesita derechos laborales, pluralidad sindical, control público, formación, rendición de cuentas y distancia higiénica respecto a los partidos que sueñan con usarla como ariete. Especialmente cuando aún resuenan palabras como Gürtel, Kitchen o policía patriótica. Demasiada historia reciente para hacerse el despistado.

Sumar prepara ahora una proposición de ley, impulsada desde IU por Enrique Santiago, para reformar esta situación. La previsión es presentarla a finales de este mes. La iniciativa plantea cumplir la Constitución y reconocer la libre sindicación también a las y los policías nacionales. IU va más allá: defiende que la Guardia Civil sea un cuerpo civil y que sus integrantes puedan afiliarse a sindicatos. Eso sería tocar poder de verdad. No decorar el régimen con discursos bonitos.

Porque la democracia no se mide solo votando cada cuatro años. Se mide también en los lugares donde el Estado ejerce fuerza. En comisarías. En controles. En manifestaciones. En los consejos donde se decide quién representa a quienes obedecen órdenes. Un cuerpo policial sin libertad sindical plena no es más neutral: es más vulnerable al mando, al corporativismo y a la derecha que siempre quiso confundir seguridad con obediencia.

Abrir esa puerta no debilita a la Policía Nacional. Debilita a quienes la prefieren encerrada, derechizada y útil para las guerras sucias de siempre.