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Mientras millones de trabajadoras y trabajadores pagan cada dólar, las grandes empresas compran leyes, reciben regalos fiscales y llaman democracia al negocio.
LA FÁBRICA LEGAL DEL SAQUEO
La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.
No es una anomalía. Es el sistema funcionando.
El informe se titula The Current Price of Zero y fue elaborado por Eileen O’Grady, investigadora de la división Congress Watch de Public Citizen. Parte de un análisis publicado en abril por el Institute on Taxation and Economic Policy, ITEP, que mostraba que al menos 88 de las mayores empresas de Estados Unidos no pagaron impuesto federal de sociedades en 2025, pese a declarar alrededor de 105.000 millones de dólares en beneficios antes de impuestos dentro del país. Ciento cinco mil millones. Cero impuestos federales. Así, sin pudor.
La tasa federal del impuesto de sociedades en Estados Unidos es del 21%. Si se aplicara de forma real, esas empresas tendrían que haber pagado unos 22.100 millones de dólares. No solo no los pagaron. También recibieron 4.700 millones de dólares en devoluciones fiscales. El agujero total, entre impuestos esquivados y reembolsos, asciende a unos 26.700 millones de dólares. No estamos ante empresas arruinadas pidiendo oxígeno. Estamos ante gigantes rentables usando el Estado como cajero automático.
O’Grady lo resumió sin maquillaje: las corporaciones más grandes y ricas del país pagan cero impuesto federal sobre la renta mientras las personas contribuyentes se pelean con el precio de la compra, la vivienda, los medicamentos o la sanidad. La frase suena evidente, pero en Estados Unidos lo evidente suele necesitar un informe para atravesar la niebla ideológica. Porque allí, como aquí, cuando una trabajadora o un trabajador no llega a fin de mes se le habla de responsabilidad individual. Cuando una multinacional no paga impuestos, se le llama optimización fiscal.
Public Citizen usó datos de OpenSecrets, organización que recopila información sobre financiación electoral y lobby. El resultado es obsceno: entre el ciclo electoral de 2020 y el de 2024, estas 88 empresas gastaron casi 852 millones de dólares para influir en la política estadounidense. De esa cantidad, 712 millones fueron a lobby y 140 millones a contribuciones de campaña. Dinero para comprar acceso. Dinero para escribir excepciones. Dinero para sentarse en la mesa donde las y los legisladores redactan las normas que luego el resto de la población debe obedecer.
La rentabilidad política de la operación es insultante. Según el informe, si se comparan los impuestos ahorrados con el coste de su gasto político, estas compañías obtuvieron colectivamente un retorno de inversión del 3.000%. El capitalismo realmente existente explicado en una cifra. No hace falta conspiración. Hace falta contabilidad.
EL DINERO QUE COMPRA LA LEY
La empresa que más gastó fue Coinbase Global, con 89 millones de dólares. Después aparecen CVS Health, con 66 millones; Honeywell International, con 56 millones; American Electric Power, con 47 millones, y Duke Energy, con 35 millones. La lista no parece un accidente, parece una radiografía. Criptomonedas, sanidad, industria, energía. Sectores que no quieren democracia, quieren normativa a medida.
Cada año, de media, estas compañías enviaron 1.119 lobistas a presionar al Gobierno federal. No fueron a hablar del bien común. Fueron a influir en impuestos, leyes fiscales y regulaciones capaces de convertir beneficios privados en agujeros públicos. Y mientras desplegaban esa maquinaria, desde el comienzo de 2025 estas mismas empresas despidieron al menos a 21.200 trabajadoras y trabajadores y anunciaron planes para echar a miles más. Primero se exprime a la plantilla. Luego se saquea la caja pública. Después se financia a quienes garantizan que el mecanismo siga intacto.
La raíz política está perfectamente identificada. El informe señala dos piezas legislativas: la Tax Cuts and Jobs Act de Donald Trump, aprobada en 2017, y la llamada One Big Beautiful Bill Act, OBBBA, firmada por Trump el 4 de julio de 2025. Patriotismo fiscal, versión plutocrática. Una ley envuelta en retórica nacional mientras las grandes corporaciones abrían otra vía para pagar menos, mucho menos, o directamente nada.
Uno de los regalos más usados fue la depreciación acelerada, que permitió a más de la mitad de estas compañías evitar colectivamente 11.400 millones de dólares en impuestos al descontar de inmediato inversiones de capital. Otra ventaja, reforzada bajo la ley que sectores liberales llaman la Big Ugly Law, permitió a más de 30 empresas descontar de golpe gastos de investigación y desarrollo, con un ahorro mínimo de 4.400 millones de dólares. Lo llaman incentivar la innovación. A menudo significa socializar el coste y privatizar el botín.
El círculo se cerró con Citizens United. En 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en Citizens United v. Federal Election Commission que el gasto político de corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, sindicatos y otros grupos era una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Desde entonces, según datos de OpenSecrets, se han gastado casi 20.000 millones de dólares en elecciones presidenciales y más de 53.000 millones en carreras al Congreso. El gasto en las elecciones legislativas de 2024 duplicó los niveles de 2010. Las contribuciones a campañas presidenciales fueron en 2024 más de un 50% superiores a las de 2008, la última elección antes de Citizens United.
Ahí está la democracia de mercado. Cada cual habla según su bolsillo. Quien tiene un salario vota cada cuatro años. Quien tiene una corporación vota todos los días, con cheques, despachos, lobistas, fundaciones, bufetes y campañas. No es que el dinero influya en la política. Es que, cada vez más, la política parece una filial del dinero.
La victoria de Trump en 2024 no puede entenderse sin ese ecosistema. Los megadonantes ultrarricos y corporativos tuvieron un papel decisivo. Los intereses de los combustibles fósiles gastaron más de 445 millones de dólares durante el ciclo electoral de 2024 en donaciones, lobby y otras operaciones para ayudar a Trump y a sus aliados republicanos, así como para impulsar políticas favorables a negocios que agravan la crisis climática. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial y las criptomonedas se están convirtiendo en nuevas potencias de presión. Trump y el Partido Republicano han promovido políticas para impulsar esos sectores y protegerlos de la regulación pública.
El caso de Elon Musk funciona como símbolo perfecto. Director ejecutivo de Tesla y SpaceX, propietario mayoritario de X y presentado como posible primer billonario del mundo en sentido anglosajón, aparece como uno de los donantes de Trump recompensados en una Administración que David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, describió como dominada por multimillonarios e intereses corporativos. No es una puerta giratoria. Es una autopista.
O’Grady habla de un bucle que se alimenta a sí mismo: el dinero corporativo compra política, la política devuelve dinero, y ese dinero financia más influencia política. Public Citizen plantea reformas concretas: revertir los regalos fiscales republicanos, como la depreciación bonificada y las deducciones inmediatas de investigación y desarrollo; elevar el impuesto de sociedades al menos al 35% previo a la ley de 2017; impedir que las corporaciones deduzcan bonus multimillonarios, y cerrar la vía de escape de las multinacionales que trasladan beneficios a filiales en paraísos fiscales igualando los tipos domésticos e internacionales.
La respuesta no es técnica. Es política. Estados Unidos podría recaudar lo suficiente para reinvertir en comunidades, abaratar la vida y sostener servicios básicos. Pero eso exige una decisión elemental: poner a las personas por encima de los beneficios corporativos. Y esa decisión, precisamente esa, es la que el dinero lleva décadas comprando para que nunca llegue.
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