Justicia a dos velocidades: seis meses bloqueando la investigación a la pareja de Ayuso mientras la UCO espera permiso para actuar 

El caso del presunto soborno vinculado a Quirón sigue atascado en un juzgado de Madrid. La Guardia Civil pidió acceder a cuentas, sociedades y movimientos financieros de Alberto González Amador hace medio año. El juez aún no ha firmado la autorización.

La justicia española tiene una velocidad distinta según el apellido, el cargo político cercano o el despacho desde el que se mueve el dinero. No es una sospecha. Empieza a parecer un método. Mientras miles de personas se enfrentan a embargos, desahucios o procedimientos exprés por deudas pequeñas, la investigación sobre el presunto soborno relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, lleva seis meses atrapada en un cajón judicial sin que ni siquiera haya arrancado de verdad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió hace medio año autorización para acceder a cuentas bancarias, movimientos societarios e información financiera vinculada al empresario. Nada extraordinario. Es el tipo de diligencias básicas que se realizan cada día en investigaciones económicas. Sobre todo cuando hay sospechas de corrupción, administración desleal, blanqueo o comisiones encubiertas.

Pero aquí no pasa.

El actual instructor del caso, el juez Antonio Viejo, sigue sin firmar los mandamientos necesarios. Y eso que el 30 de abril reunió en el juzgado a la Fiscalía y a agentes de la UCO para abordar el asunto. Según las informaciones conocidas, prometió que los oficios se librarían “en una semana”. Ha pasado más de un mes desde aquella reunión. Nada.

La operación ya tiene nombre interno en la UCO: “Cirbelia”. Una referencia a Círculo de Belleza S.L., la empresa comprada por González Amador por medio millón de euros en una operación que la Fiscalía, las acusaciones populares y las dos juezas que han pasado por el caso consideran sospechosa. No por casualidad. La sociedad apenas tenía actividad real. Facturaba unos 30.000 euros anuales y sus bienes eran poco más que aparatos de depilación amortizados y un portátil.

Aun así costó casi 500.000 euros.

Y aquí aparece Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y marido de Gloria Carrasco, la farmacéutica que vendió la empresa. Porque la sospecha principal es devastadora: que la compra fue en realidad una forma encubierta de pagar una comisión o un “soborno”.

CUANDO EL DINERO PRIVADO SE ALIMENTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La historia huele mal desde el principio. Muy mal.

La investigación apunta a que Fernando Camino habría intervenido para facilitar operaciones de compraventa de material sanitario durante la pandemia a través de la empresa gallega Mape. La empresa catalana proveedora habría pactado pagar a González Amador una comisión del 4,5% por cada operación cerrada. Resultado: casi dos millones de euros en comisiones para la pareja de Ayuso.

Exactamente 1.973.000 euros.

La sospecha es que aproximadamente una cuarta parte de ese dinero, cerca de 500.000 euros, terminó regresando al entorno de Camino mediante la compra inflada de Círculo de Belleza S.L. Es decir: una presunta comisión disfrazada de operación mercantil.

La segunda línea de investigación tampoco es menor. La jueza Inmaculada Iglesias sospechaba que ese pago podía estar vinculado al espectacular aumento de facturación de González Amador con Quirón Prevención. Un crecimiento difícil de ignorar. El empresario llevaba trabajando con esta división sanitaria desde 2017. Pero justo cuando comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso, su facturación se multiplicó por cuatro.

Cuatro.

Y aquí aparece otro detalle incómodo. El Grupo Quirón es uno de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno madrileño. La empresa factura cerca de 1.000 millones de euros públicos al año gracias a contratos y derivaciones sanitarias. Dinero público. Muchísimo dinero público.

Mientras tanto, la causa avanza a paso de tortuga. O peor: directamente no avanza.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid justificó hace meses el retraso diciendo que el juez Antonio Viejo tuvo que “empezar de cero” tras incorporarse en octubre de 2025 y que priorizó asuntos con personas presas, víctimas vulnerables o grandes estafas. También mencionaron la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia judicial.

La explicación puede sonar razonable hasta que uno mira el calendario. O el contexto político. O la diferencia de trato con otros casos.

Porque aquí no estamos hablando de un expediente olvidado entre papeles. Hablamos de una investigación por corrupción que afecta al entorno directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que lleva medio año esperando algo tan básico como permiso para mirar cuentas bancarias.

Medio año.

UNA INVESTIGACIÓN QUE APUNTA CADA VEZ MÁS ARRIBA

La jueza Inmaculada Iglesias dejó instrucciones bastante precisas antes de jubilarse el verano pasado. No eran ambiguas. Ordenó a la UCO analizar el “incremento patrimonial” de González Amador, estudiar sus ingresos, seguir el rastro de las comisiones y revisar el posible uso instrumental de sociedades.

También dejó abierta otra puerta muy seria: un posible delito de blanqueo de capitales.

Eso cambia mucho las cosas.

Porque ya no se trata únicamente del fraude fiscal de 350.951 euros por el que comenzó todo. La investigación empieza a dibujar una estructura más amplia. Sociedades utilizadas para mover facturación, operaciones infladas, triangulación de dinero, ventajas fiscales irregulares y posibles pagos encubiertos ligados a contratos sanitarios.

Y aun así la UCO sigue esperando.

Las declaraciones judiciales de González Amador y Gloria Carrasco tampoco ayudaron precisamente a desmontar sospechas. Al contrario. Sus versiones chocaron en puntos clave. Sobre todo cuando intentaron explicar por qué una empresa prácticamente vacía valía medio millón de euros. Aquellas contradicciones fueron precisamente las que llevaron a Fiscalía a pedir más profundidad en la investigación y reclamar la intervención de la UCO.

Pero la maquinaria sigue bloqueada.

Demasiadas coincidencias. Demasiadas demoras. Demasiados silencios.

En España hay gente a la que la justicia le llama a la puerta en días. A otras les concede meses, años, excusas y pasillos acolchados. Y luego nos preguntamos por qué tanta gente ha dejado de creer en las instituciones.

Porque cuando la justicia tarda tanto en mirar hacia arriba, ya no parece justicia. Parece protección.