Un presidente señala el corazón podrido del modelo privatizador del PP y recuerda el caso que la derecha quisiera enterrar
LA TORMENTA QUE DESNUDA UN MODELO
Los audios del 25 de octubre en el Hospital de Torrejón no abrieron una grieta. Abrieron un boquete. La voz del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, instruyendo a las y los directivos para aumentar las listas de espera y descartar procesos clínicos “no rentables” no revela una anomalía sino una filosofía. Una forma de gobernar lo público como si fuera un campo de extracción de beneficios. El Ministerio de Sanidad anunció el 4 de diciembre de 2025 una investigación urgente para examinar daños, responsabilidades y vulneración de derechos básicos en la atención sanitaria. Ya no se trata de sospechas; se trata de pruebas.
En ese contexto, Pedro Sánchez decidió romper el silencio institucional. En un acto en Extremadura por las elecciones del 21 de diciembre, el presidente del Gobierno advirtió que “el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública”. Una frase que funciona como radiografía: recortes que provocan colapso, colapso que justifica la derivación a la privada y privatización que devuelve beneficios a las mismas empresas que participan en el deterioro. Un circuito cerrado para enriquecer a unos pocos y empobrecer el derecho universal a la salud.
Sánchez recordó que la película se repite siempre igual. Los cribados en Andalucía, los recortes de María Guardiola en Extremadura y la privatización creciente en Madrid bajo Ayuso. Lo llamó “el modelo del PP” con un tono que sugería algo más que crítica política: una acusación moral. Y añadió la frase que incendió el tablero: “Que le pregunten al novio de Ayuso”.
La referencia al caso de Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y directivo del gigante sanitario beneficiado por la privatización madrileña, vuelve a colocar en el centro algo que la presidenta de Madrid pretende esquivar: el hilo entre negocio privado, recortes públicos y corrupción estructural. Un hilo que no se corta con titulares indignados sino con políticas públicas que detengan la sangría.
EL NEGOCIO DE LA ESPERA Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Tras la publicación de los audios, Mónica García activó la Alta Inspección del Ministerio para verificar si el Hospital de Torrejón había vulnerado derechos esenciales de pacientes. Pedir a las enfermeras y enfermeros que retrasen procesos. Estirar las listas. Convertir la angustia de un diagnóstico en una oportunidad de negocio. Si esta práctica resulta confirmada, no será solo ilegal. Será una demostración de cómo la privatización puede transformar la salud en mercancía sin pudor alguno.
La ministra reclamó a Isabel Díaz Ayuso que abriera dos investigaciones: una sobre Ribera Salud y otra sobre todos los hospitales públicos de gestión privada. Su argumento es contundente: si la Comunidad de Madrid no revisa el modelo completo, estará protegiendo un sistema cuya lógica ya ha quedado expuesta. Pero Ayuso sigue aferrada a la idea de que cualquier crítica a su modelo sanitario es una conspiración política. Mientras tanto, el modelo madrileño arrastra 7.291 personas muertas en residencias durante la pandemia, una cifra que no desaparece porque la presidenta decida negarla.
Sánchez aprovechó para enmarcar el escándalo en algo más amplio: la disputa entre un país que quiere garantizar derechos y una minoría que quiere convertirlos en negocio. Recordó las medidas de su Gobierno desde 2018, desde la subida del SMI hasta la revalorización de pensiones. Señaló que España crece al 2,9 % pese al bloqueo de Junts y las sombras sobre Ábalos, Cerdán y su exasesor Francisco Salazar. Y lanzó un mensaje que suena a advertencia (y a campaña): la izquierda no pide permiso para gobernar, y lo hará más allá de 2027.
Pero la frase clave, la que atraviesa el relato, es otra: “Gobiernan contra la gente de a pie para beneficiar a cuatro de arriba”. No es un eslogan. Es la descripción exacta de un sistema sanitario organizado para que la enfermedad de la mayoría se convierta en oportunidad económica de una minoría.
Desde hace años, los estudios sobre privatización sanitaria alertan de un patrón común. Cuando la lógica del beneficio se introduce en la gestión hospitalaria, las listas de espera crecen, la calidad asistencial cae y el gasto público termina inflando la factura de grupos privados (véase el análisis de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, 2022). No es una casualidad. Es un diseño.
En Madrid, con Aguirre primero y Ayuso después, el diseño se ha consolidado sin pudor. Los audios de Torrejón no son un fallo del sistema; son su manual de instrucciones. Aumentar la espera para aumentar el margen. Aumentar la angustia para aumentar la cuenta de resultados. El capitalismo sanitario no disimula. Y la derecha política tampoco.
Quien quiera entender cómo funciona este modelo solo tiene que escuchar el audio. O mirar a quién beneficia. O recordar que mientras madrileñas y madrileños esperan meses para una prueba básica, los contratos públicos fluyen hacia empresas con vínculos privados más que conocidos.
La salud no es el negocio. La espera sí.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…