Pagar 15.000 euros para ser esclavo en una granja de Galicia o León 

Uno de los mayores casos de explotación en nuestro país sigue encallado en los juzgados 13 años después

Mohamed Chahidi, empresario ganadero y cabecilla de una trama en la que estarían compinchadas, al menos, otras 17 personas, la mayoría ganaderos gallegos, engañaban y estafaban a ciudadanos extranjeros a los que pedían una cantidad variable de entre 8.000 y 15.000 euros a cambio de proporcionales permiso de residencia.

Un ejemplo de ello es el caso de Abdelouahad E.H. que llegó de Marruecos a León en 2007. El empresario ganadero le exigió 10.500 euros para proporcionarle el permiso de residencia, un permiso que había conseguido en la Oficina de Extranjería de Lugo donde tenía contactos y donde, desde finales de 2007 hasta principios de 2008, logró 48 autorizaciones de las 60 que presentó personalmente.

Además, la víctima debía pagar otros 4.500 euros para que le diese de alta en la Seguridad Social. Después de eso, Chahidi y su supuesto socio español, Carlos Otero, llevaron a Abdelouahad al pueblo de Cabañas Raras en León, donde lo pusieron a pastorear un rebaño de corderos sin pagarle nada a cambio y sin darle de alta.

Las víctimas eran tratadas como esclavos

Abdelouahad coincidió allí con Said O. que trabajaban en una situación de semiesclavitud, con jornadas laborales de más de 12 horas y malvivían en una habitación sin cama, sin luz, sin agua corriente, sin alimento y sin la menor posibilidad de higiene. Ambos lograron subsistir gracias a la ayuda de algunos vecinos.

La familia de Said también tuvo que pagar los 10.500 euros a cambio del permiso de residencia y fue abandonado en el pueblo leonés por dos hermanos menores de Chahidi. La trama se desentendió por completo de él hasta que a finales de marzo de 2008 fue encontrado con un índice de masa corporal anormalmente reducido y se precipitó la que fue bautizada como Operación Pollo, según información publicada por El País.

En un corto espacio de tiempo, una serie de casualidades hicieron que saliesen a la luz las actividades de la red y se abrieron diligencias en Ponferrada (León) y en Lugo. El juzgado de Instrucción 3 de la ciudad gallega se quedó con la investigación en donde llegó a haber más de 50 imputados, incluido un jefe de Inmigración del Ministerio de Trabajo. Tras la marcha de la magistrada Estela San José, encargada de la investigación, heredó el caso Sergio Orduña, y a lo largo de 13 años la instrucción ha encallado varias veces.

La Operación Pollo inauguró una década de macrooperaciones judiciales en la provincia de Lugo en la que todos los que tenían algo que esconder y empezaron a hablar en clave por teléfono por temor a los pinchazos. Dicha operación quedó olvidada por la avalancha mediática de otras operaciones, hasta ahora que empieza a tomar camino hacia la Audiencia de Lugo para un juicio aún sin fecha. En el tiempo transcurrido ya ha muerto uno de los ganaderos acusados.

Explotación laboral y estafa

Mientras tanto, el fiscal pide en conjunto unos 150 años de prisión y 700.000 euros en indemnizaciones para las supuestas víctimas. Aunque se sospecha que hubo más víctimas, a juicio llegan 27 casos de personas originarias de Beni Melal o de Casablanca.

Mohamed Chahidi, cumplió prisión provisional de mayo de 2008 a octubre de 2009, pero ahora lleva años desaparecido, aunque varias de sus víctimas aseguran que se halla en Marruecos. En marzo de 2015 se decretó su búsqueda sin resultados, y ahora el Tribunal Superior de Galicia explica que no se ordenará de nuevo su localización hasta que haya que notificarle el momento del juicio. El fiscal exige para él un castigo de 44 años de cárcel y casi 20 para su socio gallego.

El resto de empresarios ganaderos eran necesarios para dar apariencia de legalidad a las solicitudes de residencia ya que, tal y como explica el escrito de acusación, sería sospechoso que Chahidi firmase él solo decenas de demandas de empleo para la carga y descarga de pollos.

Al llegar aquí, las víctimas eran destinadas a las peores labores de las granjas por sueldos de 300 euros por jornadas laborales de hasta 16 horas los siete días de la semana e incluso algunos no cobraban nada. Los que trabajaban por las noches eran llevados en furgoneta a las granjas por los hermanos del líder para descargar pollos cebados hasta bien entrada la mañana siguiente. En ocasiones carecían de guantes y mascarillas y se les negaban los medios más básicos para desarrollar su trabajo en condiciones de higiene y salubridad mínimas, incluso llegaban a trabajar descalzos. A otros se les decía que no había trabajo.

Pero lo que interesaba era su pago inicial por el visado y no su mano de obra, ya que los empresarios por cada oferta de empleo falsa que presentasen podían llevarse mil euros. La mayoría de las víctimas fueron hombres, pero también hubo mujeres. Mientras unos fueron llevados a Cabañas Raras, otros fueron ocultados en un piso patera a pocos metros de los juzgados de Lugo.

En este caso, los delitos a juzgar son los de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa continuada.