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Las empresas de César Blanco, con nexos en Panamá, han recibido más de 86 millones de euros en subvenciones, además de adjudicarse contratos con diversas administraciones públicas por un valor que supera los 10 millones desde 2018.
El caso de César Blanco no es una excepción, pero sí un ejemplo llamativo del engranaje opaco que caracteriza el reparto de fondos públicos en España. Este exdirigente del PP de Ourense ha logrado amasar millones gracias a un entramado de empresas que, bajo el pretexto de formación y servicios a la administración, han captado contratos y ayudas a un ritmo alarmante.
Tal y como recoge ElDiario.es, desde el 2020, las empresas vinculadas a Blanco, como G12 Grupo Empresarial o Academia Postal 3 Vigo, han recibido más de 86 millones de euros en subvenciones públicas. Lo más escandaloso no es solo la cantidad de dinero que han acumulado, sino que estos fondos provienen de un sistema que parece estar diseñado para beneficiar a unos pocos privilegiados. Las y los ciudadanos que financian con sus impuestos estas ayudas deberían preguntarse cómo es posible que figuras como Blanco sigan operando con total impunidad.
No se trata solo de formación, aunque este sector es uno de los más propicios para el abuso de los recursos públicos. Entre los contratos que Blanco ha conseguido se encuentran servicios tan dispares como “alfabetización digital”, teleasistencia a personas vulnerables, o incluso el alquiler de licencias de software para la Agencia Tributaria. Todo esto sin ninguna supervisión efectiva que garantice la competencia leal en las adjudicaciones. Los contratos menores y las UTEs (Uniones Temporales de Empresas) parecen ser el método preferido de Blanco para asegurarse contratos sin demasiadas preguntas.
La utilización de UTEs, en las que Blanco y sus empresas aparecen repetidamente, facilita que se repartan los contratos entre ellos mismos, creando un circuito cerrado en el que compiten empresas del mismo dueño o vinculadas a su red. ¿Qué clase de transparencia es esta? ¿A quién sirve realmente este sistema?
EL USO DE PARAÍSOS FISCALES COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIO
A la ya cuestionable legalidad de los contratos y adjudicaciones públicas, se suma un ingrediente más: el uso de sociedades en paraísos fiscales. En 2012, César Blanco creó una empresa en Panamá, Blarsl Corp, que sigue activa y gestionada por su propia familia. Aunque legal, la presencia de una sociedad offshore siempre levanta sospechas, sobre todo cuando coincide con una acumulación desmesurada de fondos públicos en España.
La reactivación de su empresa panameña en 2022, al mismo tiempo que sus empresas españolas disparaban sus ingresos con subvenciones públicas, no es una coincidencia, es un síntoma de la descomposición ética de un sistema que tolera estos abusos. Mientras se presentan ante la opinión pública como empresarios y empresarias que generan empleo y formación, en la sombra construyen sus propios refugios fiscales. El resto de la ciudadanía, esa que paga religiosamente sus impuestos, se queda observando cómo figuras como Blanco acumulan riqueza a costa de todos y todas.
No es casualidad que las empresas de Blanco también estén activas en el sector inmobiliario, otro de los grandes refugios de quienes manejan dinero público con demasiada facilidad. Las propiedades y las transacciones en este ámbito suelen ser una vía para blanquear capitales o trasladar fondos obtenidos de forma cuestionable. Y en este terreno, el exdirigente del PP y su entorno también están bien posicionados. Blanco incluso tiene nexos con miembros influyentes de la política gallega, lo que añade una capa más de sospecha sobre la verdadera finalidad de su entramado empresarial.
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