La resistencia civil frente al negocio del odio cumple su primer aniversario
Un año puede parecer poco, pero cuando se trata de enfrentar a la maquinaria del odio, cada día cuenta. Hace doce meses, periodistas, juristas y activistas decidieron poner freno a la impunidad con la que la extrema derecha difunde mentiras, señaliza a personas vulnerables y convierte la desinformación en un negocio rentable. Así nació Acción Contra el Odio (ACO), una asociación sin ánimo de lucro que en solo un año ha demostrado que el activismo jurídico y mediático puede ser una herramienta real de defensa democrática.
DEL “YA ESTÁ BIEN” A LAS PRIMERAS VICTORIAS
Octubre de 2024 fue el punto de partida. Un grupo reducido, sin grandes recursos pero con un propósito claro, dijo basta. Basta de tertulianos que siembran odio con micrófono público, de políticos que incitan a la violencia desde las instituciones y de medios que blanquean la intolerancia como “opinión”.
En doce meses, ACO ha interpuesto más de 20 denuncias contra agitadores ultras, comunicadores y representantes políticos. Ocho de ellas ya están en investigación judicial, y tres han conseguido que la Fiscalía actúe directamente contra figuras como el neonazi Dani Esteve, el agitador Rudy Ruymán y el agresor Jan Sin Miedo, frente al cual ACO se personará como acusación popular.
No es una cifra menor. En un contexto donde el discurso del odio se ha normalizado, convertir el señalamiento en causa judicial es un acto de reparación colectiva. Cada denuncia presentada rompe el muro de la impunidad mediática y política que durante años ha protegido a los mismos rostros responsables de inocular odio desde platós y redes.
UNA RED DE APOYO CIUDADANO FRENTE A LA IMPUNIDAD
ACO no ha estado sola. En este primer año, más de 250.000 personas se han sumado a la causa. Ciudadanas y ciudadanos que entienden que el silencio también es una forma de complicidad. Cada firma, cada donación, cada mensaje de apoyo ha permitido sostener una estructura jurídica y comunicativa que no depende de grandes corporaciones ni de intereses partidistas.
Durante este tiempo, se han lanzado campañas de presión institucional, reclamando que las administraciones cumplan la ley y protejan los derechos humanos frente al auge de los discursos de odio. Se ha exigido responsabilidad a quienes ocupan cargos públicos, a los medios que difunden mentiras y a las plataformas digitales que amplifican los mensajes extremistas bajo la excusa de la “libertad de expresión”.
Porque la libertad no es un escudo para la mentira. ACO ha demostrado que el periodismo y el derecho pueden ir de la mano para defender lo que el poder mediático pretende silenciar.
EL ODIO COMO NEGOCIO, LA DIGNIDAD COMO RESISTENCIA
Mientras el odio se monetiza a través de clics, audiencias y propaganda, la respuesta ciudadana se sostiene con compromiso. No hay anuncios ni patrocinadores detrás, solo una convicción compartida: la democracia se defiende o se pierde.
ACO ha expuesto cómo la extrema derecha ha convertido la desinformación en una industria: asociaciones pantalla, medios digitales financiados por donaciones opacas, canales que blanquean agresiones y campañas coordinadas para destruir reputaciones. Todo un ecosistema donde el miedo es el producto y el odio, el beneficio.
Pero frente a esa maquinaria, la sociedad civil ha demostrado que hay otra manera de hacer justicia: colectiva, rigurosa y sin odio.
ACO cumple su primer año con una certeza: queda mucho por hacer, pero ya no se puede volver atrás.
Cada denuncia presentada, cada agresor llevado ante la justicia, cada mentira desmontada es un paso más hacia una sociedad donde la verdad y los derechos no sean un lujo.
Porque cuando el odio tiene altavoz, el silencio no es una opción.
Apoyar a ACO es elegir de qué lado de la historia queremos estar.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…