Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas 

La Comunidad de Madrid quiso frenar la regularización de personas migrantes con el viejo fantasma del miedo social. El Supremo le ha recordado que la propaganda no basta para gobernar ni para suspender derechos.

EL COLAPSO INVENTADO COMO COARTADA POLÍTICA

El 28 de mayo, a las 16:48 horas, y actualizado a las 16:59, se conocieron los argumentos del Tribunal Supremo contra la maniobra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para paralizar de forma urgente la regularización extraordinaria de personas migrantes. La clave es sencilla. Muy sencilla. No hay pruebas de que Madrid vaya a colapsar. No las hay. Ni en sanidad, ni en educación, ni en vivienda pública, ni en servicios sociales. Eso no lo dice una pancarta antirracista. Lo dice el Supremo.

La Comunidad de Madrid había construido su ofensiva sobre una imagen diseñada para provocar miedo: “nuevos cientos de miles” de personas llegando a unos servicios públicos supuestamente incapaces de atenderlas. La vieja película. Migrantes como amenaza, derechos como carga, regularización como catástrofe. Y, de fondo, una administración que lleva años debilitando lo público se presenta ahora como víctima de quienes solo quieren dejar de vivir en la irregularidad administrativa.

El truco es obsceno: primero se deterioran los servicios públicos y después se culpa a las personas migrantes de su deterioro. No falla. Cuando faltan médicas y médicos, no se señala a quien recorta, privatiza o precariza. Se señala a quien espera en la sala. Cuando faltan plazas educativas, no se mira al modelo de segregación y abandono. Se mira al niño o la niña migrante. Cuando no hay vivienda pública suficiente, no se habla de fondos, especulación y décadas de entrega del suelo al mercado. Se habla de quienes vienen a trabajar, cuidar, limpiar, construir, repartir y sostener una economía que luego les niega papeles.

La Comunidad pidió un “escalonamiento” y alegó que no había tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos”. Curiosa confesión. Porque si los servicios públicos madrileños no están dimensionados para atender a la población real que vive, trabaja y sostiene la región, el problema no son las personas migrantes. El problema es un poder político que solo descubre la planificación cuando puede usarla contra los derechos de otras personas.

La resolución no entra todavía en el fondo del asunto. El Supremo seguirá estudiando el recurso y dictará sentencia en unos meses. Pero en esta fase urgente ha dicho algo devastador para el relato de Ayuso: el perjuicio alegado “no puede afirmarse” que haya quedado acreditado “sin género de duda”. Tampoco se ha demostrado que pueda haber consecuencias irreversibles. Traducido al lenguaje de la calle: mucho ruido, mucho titular, mucho miedo. Pruebas, ninguna.

Y ahí se cae el decorado. Porque esta política no pretendía ordenar nada. Pretendía castigar. Pretendía enviar un mensaje. A las personas migrantes: seguid esperando. A la extrema derecha: estamos con vosotras y vosotros. A la sociedad: desconfiad de quienes tienen menos. Es una manera de gobernar. Una muy reconocible. No administra derechos, administra sospechas.

LA EXTREMA DERECHA, LOS DESPACHOS Y EL DERECHO A EXISTIR

Ayuso no fue sola. Junto a la Comunidad de Madrid acudió Vox. También asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica —la misma autora de recursos que paralizaron exhumaciones en Cuelgamuros— y la Asociación Libertad y Justicia. El Supremo inadmitió de plano los recursos de estas últimas por falta de legitimación activa. Otro detalle importante. Porque hay organizaciones que parecen vivir de intentar convertir sus obsesiones ideológicas en procedimientos judiciales.

Vox presentó alegaciones similares. El Supremo respondió recordando algo que la derecha suele borrar de sus discursos: suspender el proceso mantendría a miles de personas en situación de irregularidad administrativa, “con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”. Esa frase pesa. Porque la irregularidad no es un concepto abstracto. Es miedo a denunciar abusos. Es explotación laboral. Es dependencia de empleadores sin escrúpulos. Es no poder firmar un contrato normal. Es vivir bajo una amenaza permanente. Es una frontera metida dentro del cuerpo.

La irregularidad administrativa es una máquina de producir mano de obra barata. Por eso el capitalismo la tolera, la necesita y luego la demoniza. Quiere personas migrantes trabajando, pero no reconocidas. Quiere cuidados, pero sin derechos. Quiere jornaleras y jornaleros, repartidoras y repartidores, empleadas y empleados del hogar, camareras y camareros, obreras y obreros. Lo que no quiere es ciudadanía plena. Porque una persona con papeles puede exigir. Puede reclamar. Puede organizarse. Puede decir no.

También hubo voto particular. Dos magistrados, Wenceslao Olea, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy, defendieron suspender cautelarmente la regularización. Hablaron de una posible incompatibilidad con las leyes de la Unión Europea y llegaron a describir la medida como una “amnistía administrativa encubierta”. La expresión no es inocente. Busca contaminar el debate con otra palabra cargada políticamente. Busca presentar una regularización como un privilegio inmerecido, casi como un perdón escandaloso.

Pero aquí no se está hablando de borrar crímenes. Se está hablando de reconocer la existencia de personas que ya están aquí. Personas que trabajan aquí. Personas que pagan alquileres imposibles, compran comida, cuidan mayores, llevan a sus hijas e hijos al colegio y sostienen barrios enteros. Lo encubierto no es la regularización. Lo encubierto es el racismo institucional disfrazado de gestión presupuestaria.

Ayuso y Vox han intentado convertir una medida administrativa en una amenaza civilizatoria. No es nuevo. Es el manual de siempre. Cuando las élites no quieren hablar de desigualdad, hablan de fronteras. Cuando no quieren hablar de salarios, hablan de “efecto llamada”. Cuando no quieren hablar de vivienda, hablan de ocupación. Cuando no quieren hablar de colas sanitarias, hablan de migrantes. Siempre el mismo chivo expiatorio. Siempre hacia abajo.

La cuestión de fondo no es solo jurídica. Es política y moral. Un gobierno autonómico no puede tratar a miles de personas como si fueran una avería en el sistema. Las instituciones no deberían servir para blanquear prejuicios de clase y de origen. Las y los responsables públicos tienen la obligación de garantizar derechos, no de fabricar pánicos útiles para arañar titulares.

El Supremo ha frenado, por ahora, una operación de racismo administrativo con toga de urgencia. Y eso deja a la derecha madrileña en un lugar muy concreto: el de quien gritó colapso, señaló a las personas migrantes y llegó a los tribunales sin una prueba suficiente sobre la mesa.

No era colapso. Era crueldad organizada.