El Supremo le compra el discurso a Ayuso contra la regularización migrante 

Madrid intenta frenar una medida estatal mientras reactiva el discurso del miedo sobre servicios públicos y seguridad

El Tribunal Supremo ha decidido mover ficha. Ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Ejecutivo central. No es una decisión menor. Abre una batalla jurídica con implicaciones políticas evidentes y, también, con un trasfondo que ya conocemos: el relato.

La documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que la Abogacía General madrileña registró el recurso el pasado viernes. No solo eso. Solicitó además la suspensión cautelar del real decreto, una medida que ahora obliga a la Administración General del Estado a responder en un plazo de cinco días. Cinco días. Ese es el margen para defender una política que busca regularizar situaciones administrativas y que, sin embargo, vuelve a convertirse en campo de batalla ideológico.

Desde el Ejecutivo regional lo tienen claro. Argumentan que esta regularización afectaría “gravemente” a la prestación de los servicios públicos en Madrid. Hablan de financiación insuficiente, de falta de previsión, de impacto en la seguridad. Un argumentario que no es nuevo. De hecho, coincide punto por punto con el discurso que distintos sectores políticos llevan semanas repitiendo y que ha sido desmontado con datos oficiales en el propio análisis del BOE sobre el relato del miedo en la regularización migrante.

Porque hay algo que no cambia. Se habla de presión sobre los servicios públicos. Se sugiere un desbordamiento. Se apunta a un supuesto riesgo para la seguridad. Y, sin embargo, los datos no acompañan esa narrativa. No lo hicieron antes. Tampoco ahora.

EL DISCURSO DE SIEMPRE, LA ESTRATEGIA DE SIEMPRE

La comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, dejó pocas dudas sobre la línea argumental. Denunció “deficiencias” en el proceso estatal de regularización y aseguró que va “en contra” de los pactos europeos. Palabras medidas, pero con un mensaje claro. Reforzar la idea de descontrol.

Entre los ejemplos que citó, uno destaca especialmente: el hecho de que basten cinco meses de estancia en España para acreditar el arraigo. También mencionó la posibilidad de que personas en situación irregular con antecedentes penales puedan acceder a la regularización. Incluso aquellos en prisión provisional. El tono sube aquí. Se introduce la sospecha. Se construye una alarma.

Sin embargo, conviene detenerse. Las políticas migratorias en Europa no son homogéneas, pero sí comparten principios básicos. Entre ellos, la regularización de situaciones prolongadas en el tiempo. No es una anomalía. Es una herramienta administrativa. Lo que sí es constante es el uso político del miedo asociado a estas medidas.

La Comunidad de Madrid insiste en que apuesta por una inmigración “legal, ordenada y vinculada al empleo”. La frase suena bien. Ordenada. Legal. Vinculada al empleo. Pero deja fuera algo esencial: la realidad de miles de personas que ya están aquí. Que trabajan, aunque no siempre en condiciones reconocidas. Que sostienen sectores enteros. Que existen, aunque el discurso intente reducirlas a cifras o a problemas.

UNA BATALLA JURÍDICA CON ECO POLÍTICO

El recurso admitido por el Supremo no implica que la razón esté de un lado u otro. Significa, simplemente, que hay materia para analizar. Pero el movimiento llega en un momento concreto. No es casual. Coincide con una escalada del discurso político en torno a la migración, donde la regularización se presenta como amenaza en lugar de como solución.

Madrid no está sola en esta estrategia. Forma parte de una corriente más amplia dentro del Partido Popular y su acercamiento a posiciones que endurecen el relato migratorio. El foco ya no está solo en la gestión. Está en la narrativa. En cómo se explica, o se distorsiona, la realidad.

Mientras tanto, el Gobierno central tendrá que responder. Tiene esos cinco días para alegar sobre la suspensión cautelar. Un plazo breve. Muy breve. Pero suficiente para que el debate vuelva a ocupar titulares. Para que el ruido crezca. Y para que, otra vez, la migración se convierta en herramienta política.

Lo que está en juego no es solo una medida administrativa. Es la forma en la que se construye el relato sobre quién tiene derecho a estar, a trabajar, a existir dentro de un sistema. Y ahí, más allá de los tribunales, la batalla ya lleva tiempo librándose.

Porque cuando la política necesita enemigos, siempre acaba señalando a quienes menos poder tienen.

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