Pilar Bonet se declara culpable de robar 2,2 millones y se conforma con dos años y medio de cárcel, alegando que todo se debió a una “adicción a las compras”.
DEL ROBO MILLONARIO A LA CONDENA SIMBÓLICA
La exconsellera del PP en Mallorca, Pilar Bonet, ha reconocido ante la Audiencia Provincial de Balears que desvió 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una aerolínea. Tras admitir los hechos, ha aceptado la pena mínima posible: dos años y medio de prisión y una multa ridícula de 1.250 euros. También deberá devolver el dinero, aunque la sombra de la suspensión de la pena ya planea sobre el caso.
Lo sorprendente no es solo la cantidad desviada, sino la coartada. Bonet aseguró padecer un “trastorno de control impulsivo”, una adicción a las compras que la habría llevado a regalar compulsivamente objetos adquiridos con fondos ajenos. Una confesión adornada con informes médicos y tratamiento en Projecte Home que, lejos de ser un argumento ético, le ha servido para conseguir atenuantes.
El resultado es un clásico de la política española: la corrupción se juzga como un problema de salud personal y no como lo que es, un saqueo político y económico de manual.
EL PP, DE NUEVO EN EL BANQUILLO
El caso Bonet no es un hecho aislado. El PP balear lleva una lista interminable de dimisiones y ceses desde 2023, mientras gobierna junto a Vox y desmonta la Oficina Anticorrupción. La corrupción se acumula en paralelo al discurso de “normalidad institucional”.
El contraste es insultante. Quien roba millones se libra con una condena mínima y el aplauso de los suyos. Quien protesta en la calle, quien ocupa una vivienda para no quedarse en la calle, quien sobrevive como puede, conoce otra vara de medir: años de cárcel efectivos.
Aceptar la pena mínima no es asumir responsabilidades, es confirmar la impunidad.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…