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La orden de avanzar hasta el 70% de la Franja convierte el alto el fuego en una coartada y el genocidio en administración territorial.
LA OCUPACIÓN POR FASES
Benjamin Netanyahu no habló como quien intenta detener una guerra. Habló como quien reparte un territorio sobre una mesa. El 28 de mayo, en una conferencia en la Cisjordania ocupada, el primer ministro israelí aseguró que había ordenado al Ejército avanzar hasta el 70% de la Franja de Gaza. No lo hizo con solemnidad trágica. Lo hizo incluso con margen para la burla. Cuando parte del público le interrumpió gritando “100%”, él respondió: “Vayamos en orden. Primero el 70%, empecemos con eso”. La frase debería perseguir a todas las cancillerías que aún hablan de “contención”.
Porque ahí está la clave. No es un exceso verbal. No es una salida de tono. Es una hoja de ruta. Israel pasó de controlar alrededor del 52% de Gaza tras el alto el fuego del 10 de octubre de 2025 a dominar cerca del 60% en los últimos meses. Ahora Netanyahu quiere el 70%. Luego ya se verá. O mejor dicho: ya lo ha dicho el público que le aplaude. El objetivo político que antes se escondía detrás del lenguaje militar aparece ahora convertido en chiste de auditorio.
El alto el fuego, presentado como una pausa para salvar vidas, se está usando como un mecanismo para consolidar hechos consumados. Una tregua que permite ampliar ocupación no es una tregua. Es una sala de espera del despojo. Durante casi ocho meses, el Ejército israelí trazó la llamada línea amarilla, una delimitación que encerró a 2,1 millones de habitantes en menos de la mitad del territorio. No era una frontera visible, pero funcionaba como una jaula. Y una jaula no necesita barrotes cuando tiene drones, checkpoints, hambre y bombas.
A finales de marzo apareció otra pieza del mapa: la línea naranja. Según la ONG Gisha, esa nueva delimitación aísla 174 kilómetros cuadrados, casi el 48% de Gaza, y restringe el movimiento de organizaciones internacionales y ONG sin coordinación previa con Israel. Traducido: menos territorio para vivir, menos acceso humanitario, más control militar y más capacidad para decidir quién entra, quién sale, quién come y quién queda abandonado. Gisha describió esa línea como una especie de nueva frontera de facto que amplía el control directo israelí.
Netanyahu lo viste de seguridad. Dice que su misión es que Gaza no represente una amenaza para Israel. Ese es el envoltorio habitual. La palabra seguridad sirve para casi todo cuando quien la pronuncia tiene tanques y quien la sufre tiene escombros. Pero la secuencia es demasiado clara: 52%, 60%, 70% y la multitud pidiendo 100%. No es defensa. Es colonización con porcentajes. Es la normalización de una matemática colonial donde cada punto ganado por el ocupante significa menos suelo, menos aire y menos futuro para las y los palestinos.
EL GENOCIDIO TAMBIÉN TIENE INFRAESTRUCTURA
La imagen de dos niñas entre los escombros de Ciudad de Gaza no es un accidente emocional colocado al lado de una noticia política. Es la noticia. Son ellas quienes pagan el cálculo. Son las niñas y los niños, las enfermeras y enfermeros, las trabajadoras y trabajadores humanitarios, las familias desplazadas una y otra vez. Mientras Netanyahu habla de avanzar “en orden”, Gaza vive en el desorden impuesto por una maquinaria que destruye barrios, separa zonas, bloquea ayuda y convierte la supervivencia en una autorización militar.
La obscenidad no está solo en la orden. Está en el tono. Bromear con el control total de Gaza mientras la población civil es empujada hacia espacios cada vez más reducidos revela algo peor que crueldad: revela impunidad. La impunidad no siempre grita. A veces sonríe en un coloquio. Y esa sonrisa se sostiene porque demasiados gobiernos siguen financiando, comerciando, justificando o mirando hacia otro lado. Europa sabe. Estados Unidos sabe. Las empresas saben. Las universidades saben. Nadie está ante un misterio.
Por eso resulta tan importante escuchar voces como la de Maya Wind, antropóloga israelí, que ha investigado el papel del sistema educativo israelí y sostiene que las universidades israelíes operan como cómplices del genocidio y del apartheid. Su denuncia apunta al corazón de un problema mayor: la ocupación no se sostiene solo con soldados. Se sostiene con conocimiento, industria, legitimidad académica, contratos, laboratorios, convenios, silencio institucional y prestigio occidental. El militarismo necesita fábricas, pero también necesita aulas que lo blanqueen.
Aquí aparece el capitalismo de guerra en su forma más limpia y más sucia a la vez. Limpia porque se presenta con informes, mapas y términos técnicos. Sucia porque el resultado son cuerpos bajo cemento, hambre programada y expulsión territorial. La ocupación produce negocio. Produce tecnología. Produce contratos. Produce carreras políticas. Produce titulares cuidadosamente redactados para que el lector no vea demasiado rápido la palabra central: desposesión.
Y mientras tanto, las y los dirigentes occidentales siguen administrando su doble moral. Hablan de derecho internacional cuando les conviene. Invocan los derechos humanos cuando el enemigo geopolítico es otro. Se llenan la boca con la paz mientras sostienen al Estado que convierte Gaza en un tablero de ocupación progresiva. No es neutralidad. Es complicidad. Y la complicidad, cuando hay 2,1 millones de personas hacinadas y un Gobierno anunciando el avance hasta el 70% del territorio, tiene nombres, apellidos, presupuestos y sellos oficiales.
Netanyahu no está improvisando. Está comprobando hasta dónde puede llegar. Cada avance mide la resistencia palestina, pero también mide la cobardía internacional. Primero el 52%. Después el 60%. Ahora el 70%. La multitud ya pidió el 100%. Y el primer ministro respondió como quien organiza un calendario, no como quien teme cometer un crimen.
Gaza no está siendo “gestionada”: está siendo cercada, troceada y ofrecida al mundo como si un pueblo pudiera desaparecer por fases.
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