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Corporaciones que lucran con el sufrimiento en Gaza y la maquinaria del ICE pagan el nuevo capricho del presidente estadounidense.
EL ORO MANCHADO QUE FINANCIA EL LUJO PRESIDENCIAL
Donald Trump ya no se conforma con su torre dorada ni con sus resorts. Ahora quiere un salón de baile en la Casa Blanca, de 90.000 pies cuadrados y 300 millones de dólares, erigido sobre las ruinas del Ala Este. Y no lo pagará él, ni su Gobierno. Lo financiarán las mismas corporaciones que se enriquecen con la deportación de migrantes, el genocidio en Gaza y el saqueo global del planeta.
El proyecto es una oda al capitalismo más obsceno: el dinero de la guerra y la exclusión convertidos en arquitectura de vanidad. Entre los donantes figuran Palantir, BlackRock, Amazon, Lockheed Martin, Caterpillar, Microsoft o Blackstone, todas beneficiarias de contratos públicos y políticas diseñadas a medida del magnate-presidente. En conjunto, sus empresas han recibido más de 279.000 millones de dólares en contratos federales.
Nada es gratis. Cada donación es una inversión en influencia, impunidad y beneficios. Palantir refuerza su acceso al aparato de vigilancia migratoria de EE.UU.; BlackRock y Blackstone obtienen vía libre para hincar el diente a los fondos de pensiones de millones de trabajadoras y trabajadores; y Amazon y Google blindan su papel en el control digital de fronteras y en la infraestructura tecnológica del ejército israelí.
NEGOCIOS CON EL DOLOR: ICE, GAZA Y WALL STREET
El nuevo salón de Trump es, en realidad, un monumento al sufrimiento global, financiado por quienes lucran con él.
Palantir, la empresa del ultraderechista Peter Thiel, es el cerebro informático del ICE. Su software recopila, analiza y cruza datos para identificar, rastrear y deportar personas migrantes. Solo en el primer semestre de 2025 obtuvo 322 millones de dólares en contratos públicos, incluyendo 30 millones para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma que usa inteligencia artificial para seleccionar objetivos de redadas y “autodeportaciones”.
Amazon, Microsoft y Google no se quedan atrás. Proveen almacenamiento en la nube y procesamiento de datos a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. “Amazon es la columna vertebral invisible de las deportaciones”, denunció ya en 2018 el colectivo Mijente. En 2025, la propia empresa se jactó de que su tecnología de IA ayuda a “asegurar las fronteras de EE.UU.”.
Pero el infierno no acaba en la frontera. Las mismas corporaciones que alimentan la deportación sostienen la ocupación y el genocidio en Palestina. Según el informe de la relatora de la ONU Francesca Albanese, titulado From Economy of Occupation to Economy of Genocide (julio de 2025), estas empresas forman parte del engranaje que permite a Israel mantener su régimen colonial.
Amazon y Google firmaron el contrato Project Nimbus, valorado en 1.200 millones de dólares, que provee servicios de nube y computación al ejército y los servicios de inteligencia israelíes. Palantir colabora con el Gobierno de Israel en sistemas predictivos de represión y vigilancia, mientras Hewlett Packard suministra tecnología a las prisiones y checkpoints.
El informe de Albanese también señala a Lockheed Martin y Caterpillar, ambas donantes del salón de Trump. La primera fabrica las armas y aeronaves que arrasan Gaza; la segunda provee las excavadoras que demuelen viviendas palestinas. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, es accionista principal de todas ellas y además comprador de bonos del Estado israelí.
Cada ladrillo del salón de Trump está financiado con sangre palestina y lágrimas migrantes.
CÓMO EL CAPITAL COMPRA PODER Y REESCRIBE LA MORAL
El caso de BlackRock es paradigmático. Tras años de venderse como adalid de la sostenibilidad y la responsabilidad social, su CEO Larry Fink ha abrazado abiertamente el trumpismo. En 2024 se deshizo de sus compromisos climáticos y en 2025 apareció en un congreso petrolero luciendo una pulsera con el lema Make Energy Great Again.
Su conglomerado controla 13,5 billones de dólares en activos, una cifra superior al PIB conjunto de Alemania, Japón e India. La compra de puertos estratégicos, oleoductos y centros de datos por parte de BlackRock y su filial GIP coincide con los discursos de Trump sobre la “reconquista del Canal de Panamá”. La política exterior imperialista de Washington es, también, un negocio privado.
Otro magnate clave es Stephen Schwarzman, de Blackstone, íntimo de Trump desde su primer mandato. Fue uno de los principales beneficiarios de la One Big Beautiful Bill Act, la ley de julio de 2025 que amplió los recortes fiscales para grandes fortunas y corporaciones, manteniendo la laguna tributaria del carried interest. Gracias a ello, los fondos privados evaden miles de millones en impuestos.
Además, Trump ha permitido que las firmas de capital riesgo accedan al ahorro de jubilación de millones de trabajadoras y trabajadores, abriendo los planes 401(K) a fondos especulativos. La vejez de la clase obrera convertida en combustible del lujo presidencial.
EL IMPERIO DE LA IMPUNIDAD
En esta red de intereses, el genocidio y la explotación no son efectos colaterales: son el modelo de negocio. La familia Adelson, financiadora del lobby proisraelí en EE.UU., también aparece entre los donantes del proyecto. Miriam Adelson, que apoyó el traslado de la embajada a Jerusalén y la anexión de Cisjordania, ha calificado a las y los manifestantes propalestinos como “enemigos”.
Nada en este entramado es accidental. El salón de baile es una metáfora de la nueva oligarquía global, donde la obscenidad del poder se pavimenta con los beneficios de la guerra y la represión. Mientras Trump se fotografía mostrando los planos de su capricho junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los inversores calculan rendimientos, las corporaciones aseguran contratos y los muertos no tienen voz.
Los trabajadores tecnológicos que impulsan campañas como No Tech for Apartheid o No Azure for Apartheid lo han entendido: su labor no es inocente, su código puede ser un arma. Han logrado presionar a Microsoft para limitar algunos servicios al ejército israelí, pero saben que es insuficiente.
“Nuestros jefes no solo se alinean con Trump y el imperio estadounidense, sino que se integran en la maquinaria fascista que alimenta el genocidio y la deportación masiva”, denuncian. Y tienen razón.
Porque el verdadero salón de baile del siglo XXI no está en la Casa Blanca, sino en los despachos donde se baila sobre cadáveres al ritmo del dinero.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.