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Una nueva ofensiva internacional busca desmantelar las redes criminales que saquean los bosques tropicales y lavan miles de millones en oro, madera y sangre ambiental.
UN NEGOCIO ILEGAL QUE ENRIQUECE A LOS MISMOS DE SIEMPRE
Cada año, el crimen organizado gana miles de millones de dólares saqueando los bosques del planeta. La frase del secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, resume la magnitud del problema. No se trata de unos pocos taladores armados con motosierras, sino de una maquinaria global que combina corrupción, blanqueo de capitales y violencia. La tala ilegal, el tráfico de madera y la minería ilícita forman un triángulo que alimenta una economía paralela que destruye los pulmones del planeta y enriquece a quienes, desde despachos con aire acondicionado, se presentan como empresarios o filántropos.
El nuevo operativo de Interpol —anunciado en Río de Janeiro durante la Cumbre Global Unidos por la Vida Silvestre— apunta a los territorios más castigados: Brasil, Ecuador, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Perú. Zonas donde la deforestación no es un fenómeno natural, sino un crimen organizado con ramificaciones internacionales. La iniciativa, bautizada como Programa de Asistencia a las Fuerzas del Orden para Reducir la Deforestación Tropical (LEAP), nació en 2018 y hoy entra en una nueva fase con la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el apoyo financiero de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega.
La operación llega justo antes de la COP30, que se celebrará en Brasil, y pone sobre la mesa una verdad incómoda: mientras los gobiernos negocian metas climáticas, las mafias extraen madera y oro con total impunidad. En la Cuenca del Amazonas, por ejemplo, la policía brasileña destruyó la semana pasada más de 270 dragas mineras ilegales en el río Madeira, una zona donde el mercurio contamina los peces y el agua de comunidades indígenas enteras. Según Interpol, detrás de esas dragas se esconden redes transnacionales que operan entre Brasil, Bolivia y Perú, financiadas por el contrabando de oro y el lavado de dinero.
La deforestación no es solo un crimen ambiental. Es una estructura de poder. Un entramado que depende de la connivencia de élites locales, funcionarios corruptos y mercados internacionales dispuestos a pagar por madera, minerales o soja sin preguntar de dónde vienen.
EL ECOCIDIO COMO MODELO ECONÓMICO
La directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, lo expresó sin rodeos: la deforestación ilegal “debilita el Estado de derecho y financia el crimen organizado”. Pero también hay que decir que el sistema financiero internacional lo permite. Bancos, aseguradoras y grandes corporaciones siguen moviendo el dinero sucio que proviene de la destrucción ambiental. La selva amazónica se quema en un extremo, y en el otro el oro ilegal se funde y se vende como “sostenible”.
El LEAP comenzó mapeando rutas de tráfico de madera y hoy coordina investigaciones transfronterizas que han permitido la incautación de millones de dólares en recursos ilícitos. En América Latina se han documentado centenares de crímenes ambientales y decenas de arrestos en nueve países, pero el impacto sigue siendo desigual frente a la magnitud del saqueo. Las redes criminales operan con tecnología de punta, protección política y estructuras legales que dificultan su persecución.
En muchos casos, las comunidades locales terminan criminalizadas por defender sus tierras, mientras los verdaderos responsables —empresas mineras, intermediarios financieros y exportadores— permanecen a salvo. Las y los defensores ambientales asesinados cada año son el reflejo más brutal de este desequilibrio. Según Global Witness, más de 200 personas fueron asesinadas en 2023 por defender bosques, ríos y territorios.
La minería ilegal no es una economía de subsistencia, sino una de dominación. A través de ella, el capital global extiende sus tentáculos sobre territorios indígenas, fragmenta comunidades y contamina ríos con mercurio. En la Cuenca del Amazonas, esa minería ya es una de las principales causas de deforestación, desplazamiento y enfermedad.
El nuevo programa de Interpol promete mejorar el intercambio de inteligencia y fortalecer la cooperación entre agencias, pero su éxito dependerá de algo más que de redadas. Requerirá desmantelar los sistemas de impunidad que permiten a los poderosos esconder sus beneficios bajo el barniz de la legalidad.
Porque mientras los países ricos discuten objetivos climáticos y financiamientos verdes, la selva sigue cayendo al ritmo del oro y la madera.
Y no habrá pacto climático posible si el crimen organizado sigue gestionando el pulmón del planeta.
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