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El petróleo no busca soluciones climáticas en 2026: busca impunidad legal antes de que llegue la sentencia social y judicial.
En 2026, mientras la crisis climática acelera incendios, inundaciones y olas de calor, la prioridad política del lobby petrolero en Estados Unidos no es reducir emisiones ni reparar daños. Es blindarse frente a los tribunales. Así lo deja por escrito la agenda de la American Petroleum Institute, la mayor patronal del petróleo y el gas del país, que ha decidido convertir el próximo año en una carrera contrarreloj para cerrar el paso a las demandas climáticas presentadas por estados, ciudades y naciones tribales.
La estrategia es clara y vieja conocida. Evitar convertirse en el “Big Tobacco” del siglo XXI. Es decir, impedir que los juicios lleguen a fase oral, que se destapen documentos internos, que se pruebe la mentira sistemática sobre los efectos de los combustibles fósiles y que los jurados impongan indemnizaciones multimillonarias. El lenguaje del lobby habla de “protegerse de demandas abusivas”. La realidad es otra: miedo a pagar por décadas de engaño.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, esta ofensiva se ha intensificado. El sector sabe que dispone de una ventana política limitada: un posible último año de control republicano total en Washington para lograr un “escudo de responsabilidad” que bloquee litigios presentes y futuros. En 2025, 16 fiscales generales republicanos ya pidieron formalmente al Departamento de Justicia que recomendara al Congreso esa inmunidad. En 2026, el lobby quiere cerrar el candado.
DEMANDAS CLIMÁTICAS, DEMOCRACIA Y MENTIRAS CORPORATIVAS
Las demandas no caen del cielo. Acusan a las grandes petroleras de haber engañado deliberadamente a la población sobre los riesgos climáticos de su negocio mientras financiaban campañas de desinformación. Pese a algunos fallos favorables a las empresas en instancias inferiores, varios casos avanzan hacia juicio. Y ahí aparece el nervio expuesto del sistema.
La American Petroleum Institute figura como parte demandada en procesos impulsados por las fiscalías generales de California, Minnesota, Hawái, Delaware y Nueva Jersey. No se trata de activismo simbólico. Se trata de responsabilidades civiles por daños reales, de incendios devastadores, infraestructuras destruidas y presupuestos públicos drenados para reparar lo que la industria causó.
El precedente que inspira a la patronal no es ambiental. Es armamentístico. En 2005, el lobby de las armas logró una ley federal que blindó a fabricantes y distribuidores frente a demandas de víctimas de la violencia armada. Si el petróleo repite la jugada, advierten juristas y organizaciones sociales, las víctimas de desastres climáticos quedarán legalmente huérfanas y se debilitará un pilar básico del Estado de derecho: la rendición de cuentas.
La paradoja es obscena. Si las demandas fueran tan “frívolas” como dicen las petroleras, no haría falta esta operación política a gran escala. Lo resume el profesor Pat Parenteau, de la Vermont Law School: “Si los casos son tan débiles como afirman, ¿por qué se esfuerzan tanto en conseguir inmunidad del Congreso?”.
LEYES SUPERTÓXICAS Y EL ATAQUE A LOS “SUPERFUND” CLIMÁTICOS
El segundo frente es igual de agresivo. El lobby pretende bloquear la expansión de las leyes climáticas tipo “superfund”, normas estatales que obligan a las empresas fósiles a financiar fondos de adaptación y recuperación en función de sus emisiones históricas. No es un castigo retroactivo. Es el principio contaminador-paga aplicado a la emergencia climática.
Vermont y Nueva York ya han aprobado este tipo de legislación. En 2026, el Departamento de Justicia de Trump ha demandado a ambos estados para tumbarlas. Al mismo tiempo, Utah y Oklahoma han introducido proyectos de ley que limitan drásticamente la capacidad de estados y municipios para demandar a las petroleras. Democracia recortada por decreto para proteger balances privados.
El Tribunal Supremo ha rechazado cinco peticiones de la industria para frenar estos casos antes del juicio. Pero una sexta solicitud, presentada por ExxonMobil y Suncor en el litigio del condado de Boulder, Colorado, sigue sobre la mesa. Allí se reclaman daños por catástrofes alimentadas por el clima, como el incendio Marshall, uno de los más destructivos del estado. El propio Departamento de Justicia ha respaldado a las empresas para que el Supremo intervenga. La separación de poderes se diluye cuando el poder económico llama.
El discurso público del sector no varía. El presidente del API, Mike Sommers, habla de “propuestas punitivas” que castigarían a quienes solo “satisfacen la demanda de las y los consumidores”. Es el mismo argumento que desplaza la culpa al consumo individual mientras se ocultan décadas de manipulación corporativa y beneficios récord. Producción histórica de petróleo y gas, beneficios históricos y, en paralelo, una ofensiva legislativa para no responder ante la ley.
El petróleo ya no discute el calentamiento global. Discute quién paga. Y ha decidido que no será quien lo provocó, sino las comunidades empobrecidas, las y los contribuyentes y un sistema judicial al que quieren amordazar antes de que hable.
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