Mamdani toca el nervio del rentismo en Nueva York 

El plan de vivienda del alcalde socialista no amenaza la ciudad: amenaza el negocio de quienes la han convertido en una máquina de expulsar gente.

LA PROPIEDAD PRIVADA NO PUEDE SER UN SALVOCONDUCTO PARA LA NEGLIGENCIA

Zohran Mamdani ha dicho algo bastante elemental y, aun así, el bloque conservador ha puesto el grito en el cielo mediático. El 26 de mayo, el alcalde de Nueva York presentó su plan de vivienda, Block by Block, y dejó una frase que ha bastado para incendiar a los guardianes del ladrillo: los edificios sometidos a negligencia crónica podrían acabar transferidos a “administradores responsables”, incluidos fideicomisos comunitarios de tierras y organizaciones sin ánimo de lucro. No habló de soviets en Manhattan. No anunció tanques en Wall Street. Habló de retirar poder a propietarios que dejan viviendas inhabitables mientras cobran rentas como si ofrecieran palacios.

Ahí está el escándalo real. No en la palabra “transferir”, sino en la posibilidad de que la propiedad deje de ser una coartada absoluta. Para el capitalismo inmobiliario, una casa puede estar llena de moho, sin calefacción, con ascensores rotos o con familias atrapadas en condiciones indignas, pero seguirá siendo sagrada si alguien extrae renta de ella. Esa es la religión. Todo lo demás es decorado.

La derecha ha hecho lo de siempre. Recortar un vídeo, inflarlo con propaganda y presentar cualquier límite al abuso como una amenaza comunista. Venezuela, comunismo, expropiación, caos. El repertorio completo. Pero la realidad es menos cinematográfica y más incómoda: Nueva York tiene una tasa de disponibilidad de alquileres en mínimos históricos, apenas el 1,4%, y miles de personas viven pendientes de un mercado que no las considera vecinas, sino obstáculos entre un fondo y su rentabilidad. El propio texto base recoge que Mamdani no ha detallado todavía cómo aplicaría esa transferencia ni bajo qué criterios exactos, un matiz importante que la histeria interesada prefiere borrar.

Mamdani empezó su mandato inspeccionando apartamentos deteriorados. El gesto era político, claro. También era pedagógico. Quería decir a los grandes propietarios, a los fondos y a los arrendadores negligentes que el Ayuntamiento no iba a mirar para otro lado mientras las y los inquilinos llamaban al 311 para denunciar lo que debería avergonzar a cualquier administración con pulso. La lista de “malos propietarios” no es una extravagancia. Es una forma mínima de nombrar a quienes han convertido la vivienda en un rehén.

Y molesta porque cambia el foco. Durante años se ha exigido disciplina a las familias, paciencia a las y los jóvenes, resignación a las trabajadoras y trabajadores, sacrificio a quienes no heredaron un piso ni una cartera. Pero casi nunca se exige disciplina al rentismo. Casi nunca se habla de castigo para quien incumple normas básicas de habitabilidad. Casi nunca se plantea que la negligencia sostenida tenga consecuencias patrimoniales. El mensaje de Mamdani rompe esa impunidad: si explotas una necesidad básica y abandonas el edificio, quizá el problema no sea el Estado, quizá seas tú.

UNA CIUDAD NO SE SALVA REZANDO AL MERCADO

La parte más importante del plan no es el clip viral. Es la escala. El Ayuntamiento plantea asegurar 400.000 viviendas asequibles durante la próxima década: 200.000 nuevas unidades de alquiler regulado y otras 200.000 preservadas o estabilizadas. La oficina del alcalde confirma que el plan se apoya en una inversión de capital de 22.000 millones de dólares durante cinco años, junto a reformas de protección de inquilinas e inquilinos, vivienda pública, propiedad cooperativa y condiciones laborales en la construcción.

La cifra importa. Porque frente a una crisis fabricada por décadas de especulación, financiarización y cobardía institucional, la respuesta no puede ser un folleto con buenas intenciones. Hace falta dinero público. Hace falta suelo. Hace falta regulación. Hace falta planificación. Y sí, hace falta conflicto con quienes han vivido de que todo siga igual. El mercado no ha fallado. El mercado ha hecho exactamente lo que hace: concentrar poder, subir precios, expulsar población y llamar eficiencia a la violencia económica.

El plan también reserva 5.600 millones de dólares para la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, la NYCHA, durante cinco años. No es un detalle técnico. La NYCHA aloja aproximadamente a 300.000 neoyorquinas y neoyorquinos, muchas veces en edificios castigados por años de infrafinanciación, reparaciones eternamente pendientes, cortes de calefacción, ascensores averiados y moho. Las reparaciones acumuladas rondan los 80.000 millones de dólares. Esa cifra debería cerrar la boca a quienes ahora fingen preocupación por la eficiencia. Lo ineficiente ha sido abandonar vivienda pública durante años y luego usar su deterioro como argumento para seguir privatizando.

Mamdani quiere relanzar la NYCHA como promotora pública. Esa idea, en una ciudad gobernada tantas veces por el altar financiero, suena casi obscena. Una administración construyendo, reparando, preservando y disputando al capital el derecho a decidir quién vive dónde. Qué escándalo. Qué herejía. Qué mínima decencia.

También se busca acelerar el acceso a viviendas asequibles. El año pasado, Nueva York recibió más de 7 millones de solicitudes para unas 10.000 viviendas a precio asequible. La aritmética es brutal. Mientras tanto, muchos pisos permanecen vacíos durante meses por procesos burocráticos que castigan precisamente a quienes no pueden esperar. Esa es otra forma de violencia: no siempre llega con una orden de desahucio; a veces llega con formularios, colas, silencios administrativos y portales digitales diseñados para agotar.

La reacción conservadora revela el fondo del asunto. No temen que Nueva York se convierta en Venezuela. Temen que una ciudad gobernada desde la izquierda demuestre que se puede tocar el privilegio inmobiliario, invertir 22.000 millones de dólares, proteger a las y los inquilinos, recuperar vivienda pública y decir en voz alta que la propiedad privada no está por encima de la vida. Eso es lo que les aterra. Que alguien abra una grieta en el dogma.

Porque cuando una vivienda se usa para especular, no estamos ante libertad económica: estamos ante una forma organizada de expulsión. Y cuando un alcalde decide enfrentarse a eso, el rentismo grita no porque le roben nada, sino porque por primera vez alguien le recuerda que una ciudad no es su caja registradora.