Dinamarca convierte el asilo en castigo 

Cuando un Gobierno presume de cifras mientras normaliza la exclusión, el problema ya no es migratorio, es democrático.

Dinamarca se ha consolidado como el laboratorio europeo de la crueldad institucional aplicada al asilo. Un país que durante décadas cultivó una imagen de bienestar, derechos sociales y apertura ha decidido, desde 2015, convertir a las personas migrantes en un problema que hay que disuadir, incomodar y expulsar. Y lo ha hecho con un dato que repiten como mantra: de 21.000 solicitantes de asilo en 2015 a apenas 2.000 en 2024. La caída numérica se presenta como éxito político, aunque el precio humano sea deliberadamente invisible.

Este es el modelo que ahora Reino Unido quiere copiar, sin rubor, mientras parte de la socialdemocracia europea observa con admiración lo que en realidad es una deriva autoritaria maquillada de pragmatismo. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, presume de haber evitado las “tensiones migratorias” que, según su relato, sí existirían en países como Suecia o Alemania. El mensaje es claro: menos derechos, menos personas, menos conflicto. Una ecuación simple que ignora el derecho de asilo como obligación legal y ética.

Ruby Green, conocida como Rue, persona trans procedente de Líbano, lleva más de un año esperando una respuesta a su solicitud de asilo. Ya fue rechazada en 2018. “No me siento bienvenido”, resume. No es una percepción subjetiva, es el efecto buscado por el sistema. Dinamarca no pretende integrar, pretende cansar. No ofrece estabilidad, ofrece provisionalidad. No protege, administra el miedo.

LEYES SIMBÓLICAS, VIOLENCIAS REALES

La llamada “ley de confiscación de bienes”, aprobada en 2016, fue uno de los golpes más visibles. Permitía requisar joyas y objetos de valor a las personas refugiadas para “contribuir a su mantenimiento”. Aunque su aplicación práctica fue limitada, el mensaje fue brutal. El Estado te acoge con la mano extendida y te registra los bolsillos.

Según Eva Singer, directora de asilo del Danish Refugee Council, el verdadero daño no está en las leyes más mediáticas, sino en las que afectan al día a día. Recortes de prestaciones, obstáculos casi insalvables para la reunificación familiar, eliminación de la garantía de residencia permanente. El asilo deja de ser protección y se convierte en un permiso temporal revisable año a año, condicionado a que el país de origen siga siendo lo suficientemente peligroso a ojos de una administración lejana.

Esto ha provocado situaciones límite. Familias sirias o somalíes, asentadas durante años, con hijas e hijos escolarizados, reciben órdenes de retorno a países que esas criaturas no conocen. La estabilidad se convierte en una ficción administrativa. La integración, en un trámite sin futuro.

Fatema Juriah llegó desde Irak con siete años. Lleva tres décadas en Dinamarca. Hoy denuncia algo que va más allá de la ley. “En estos años he visto cómo políticos y medios se permiten usar un lenguaje grosero contra las personas migrantes y lo justifican como libertad de expresión”. La sospecha se normaliza, la lealtad se cuestiona, especialmente si eres musulmana. El hiyab se convierte en una prueba constante de extranjería perpetua.

REPATRIAR MÁS, INTEGRAR MENOS

En 2021, Dinamarca dio un paso más al proponer tramitar solicitudes de asilo en centros fuera de Europa, concretamente en Ruanda. El plan fracasó, pero dejó clara la lógica dominante: externalizar responsabilidades, alejar cuerpos, vaciar derechos. No fue un error, fue un ensayo.

Otra pieza clave es la antigua “ley de guetos”, ahora rebautizada como lucha contra las “sociedades paralelas”. En barrios con alta concentración de población considerada “no occidental”, las viviendas pueden ser demolidas y las y los residentes desplazados si los indicadores de paro o criminalidad superan la media. El urbanismo como herramienta de ingeniería social, la etnicidad como criterio político.

La contradicción es estructural. El Gobierno exige aprender el idioma, trabajar y “integrarse”, mientras repite que nadie debe pensar en quedarse. Integrarse para marcharse es la consigna. Singer lo resume con claridad: se pide arraigo sin promesa de permanencia. A cambio, se ofrece apoyo económico si aceptas volver “voluntariamente” a un país del que huiste.

El último giro es aún más inquietante. Para obtener la ciudadanía ya no basta con cumplir requisitos objetivos. Se exige demostrar unos supuestos “valores morales”, evaluados en entrevistas privadas ante el Parlamento. La ciudadanía deja de ser un derecho para convertirse en un examen ideológico.

Los socialdemócratas daneses han gobernado varias legislaturas con este discurso. La ultraderecha no crece, pero no porque sus ideas hayan sido derrotadas, sino porque han sido asumidas. Estudios recientes estiman que solo un 10% del voto ultra ha migrado al socialismo gobernante, mientras este pierde apoyo por su flanco progresista. El resultado no es estabilidad, es empobrecimiento democrático.

ONG y activistas alertan de violaciones del derecho internacional humanitario. El Tribunal de Justicia de la UE ya ha señalado a Dinamarca por “discriminación étnica” en algunas de sus leyes. Aun así, otros países miran y toman nota. Cuando Europa copia la crueldad, deja de ser refugio y se convierte en frontera.