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El presidente de Estados Unidos recupera el lenguaje de la intervención armada y la coerción económica para disciplinar a gobiernos que no se pliegan a sus intereses
La amenaza ya no es un susurro diplomático ni una filtración interesada. Es un aviso directo, pronunciado sin matices y con nombres propios. Donald Trump ha vuelto a poner a América Latina en el punto de mira, esta vez señalando a Colombia y México, con advertencias explícitas de operaciones militares, ataques terrestres y castigos económicos si sus gobiernos no obedecen las exigencias de Washington. No se trata de una salida de tono aislada, sino de una escalada discursiva que normaliza la idea de la intervención armada como herramienta política en 2025.
Trump afirmó que si la situación “no cambia”, “Petro es el siguiente”, en referencia al presidente colombiano Gustavo Petro, elegido democráticamente. También aseguró que los ataques contra supuestos “narco-terroristas” ocurrirán “muy pronto” y que no se limitarán a Venezuela, encendiendo todas las alarmas en la región. Días antes, el 9 de diciembre de 2025, declaró estar dispuesto a ordenar ataques en territorio mexicano y a imponer aranceles del 5% a productos de México si no se entregan 200.000 acres-pie de agua (unos 65.000 millones de galones) antes de que termine el año.
Estas declaraciones llegan tras la incautación armada de un petrolero venezolano que transportaba combustible a Cuba, una acción denunciada por Caracas y La Habana como “piratería internacional”. El mensaje es claro: Estados Unidos abandona cualquier apariencia de contención y recupera la amenaza abierta como lenguaje político hacia América Latina.
COLOMBIA Y MÉXICO FRENTE AL VIEJO IMPERIO
En Colombia, las palabras de Trump fueron recibidas como lo que son: una amenaza a la soberanía nacional. Gustavo Petro respondió con firmeza institucional y datos concretos. Recordó que Trump es “un hombre muy desinformado sobre Colombia” y que no puede dirigirse así a un presidente elegido por la mayoría social. Le invitó incluso a visitar el país para conocer la realidad sobre el terreno, lejos de los clichés útiles para justificar intervenciones.
Petro respaldó su posición con cifras que desmontan el relato belicista. Durante su mandato se han llevado a cabo 1.446 combates terrestres contra el narcotráfico, 13 bombardeos dirigidos a líderes mafiosos, y se han incautado 2.700 toneladas de cocaína, la mayor cifra de la historia. Eso equivale a 32.000 millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos ni a otros países consumidores. Datos, no consignas.
El presidente colombiano fue más allá al cuestionar el enfoque militarista de Washington. Denunció los bombardeos a embarcaciones de personas empobrecidas mientras los grandes capos viven en yates cerca de Dubái o en ciudades europeas como Madrid. “No se combate el narcotráfico disparando misiles a la miseria”, vino a decir. Su propuesta apunta al núcleo del problema: perseguir el capital, los activos y las redes financieras del narcotráfico a escala global.
Petro también criticó con dureza el indulto concedido por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. “No se desmonta el negocio de la droga perdonando a quienes lo dirigieron desde el poder”, afirmó, recordando que la justicia no puede subordinarse a intereses políticos.
ARANCELES, AGUA Y SOBERANÍA EN DISPUTA
En México, la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue igualmente clara. “Nunca aceptaría una intervención extranjera. No va a ocurrir”, declaró el 10 de diciembre de 2025. Frente a la amenaza de ataques militares y sanciones económicas, Sheinbaum optó por una combinación de firmeza política y tono diplomático.
Trump ha vinculado la cuestión militar con un conflicto hídrico de largo recorrido en las cuencas del Río Grande, el Colorado y el Tijuana, exigiendo la liberación inmediata de 200.000 acres-pie de agua. La amenaza es imponer un arancel especial del 5% a las importaciones mexicanas si no se cumple la exigencia antes de final de 2025.
Sheinbaum dejó claro que su gobierno buscará una solución que no ponga en riesgo a la población ni a la producción agrícola mexicana, pero también explicó que es materialmente imposible cumplir de inmediato debido a las limitaciones de la infraestructura hidráulica. La diplomacia del chantaje, una vez más, choca con la realidad física y social.
Lo que subyace en este episodio no es solo una disputa bilateral, sino la reaparición sin complejos de una lógica imperial. La amenaza militar, los aranceles como castigo político y la instrumentalización del narcotráfico y los recursos naturales forman parte del mismo guion. América Latina vuelve a ser tratada como patio trasero, como espacio donde la soberanía es condicional y la democracia aceptable solo si obedece.
Cuando un presidente de Estados Unidos amenaza con invadir países vecinos y castigar a su población por no someterse, no está defendiendo la seguridad: está reivindicando el derecho a mandar por la fuerza.
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